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Criar a un hijo con discapacidad puede llegar a costar el doble
Con motivo del Día Mundial de la Infancia, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha adelantado los resultados de un estudio que evidencia el “agravio comparativo económico” que afrontan las familias con hijos e hijas con discapacidad en España.
Según refleja el documento, las familias, que deben afrontar un sobrecoste de entre 47 y 826 euros mensuales en la crianza de sus hijos e hijas con discapacidad, en función del tipo de discapacidad y de la intensidad de los apoyos que necesitan.
El estudio El coste de la crianza de los niños y niñas con discapacidad es la primera investigación en España que cuantifica específicamente cuánto cuesta criar a un niño, niña o adolescente con discapacidad y qué diferencia económica existe respecto a la crianza sin discapacidad. Para ello, utiliza una metodología basada en una cesta de bienes y servicios considerados necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas.
Los resultados sitúan en 835 euros mensuales el coste medio de criar a un hijo o hija sin discapacidad. Cuando existe discapacidad, el gasto total se eleva hasta situarse entre 882 y 1.662 euros al mes, lo que representa un incremento de entre el 6% y el 99%. En los casos con mayores necesidades de apoyo, el coste de la crianza prácticamente se duplica, una diferencia que incrementa la vulnerabilidad económica de los hogares y puede agravar su riesgo de pobreza.
La investigación demuestra, además, que no existe un único coste de la discapacidad infantil. Las diferencias son significativas según el tipo de discapacidad y la intensidad de los apoyos requeridos. Entre los principales factores que explican estas diferencias destacan los gastos sanitarios, que representan la partida más importante en la mayoría de los perfiles analizados. Terapias, productos de apoyo, ortesis, audífonos y otros recursos especializados generan costes adicionales que las familias deben afrontar para atender las necesidades de sus hijos e hijas. Por su parte, la educación adquiere especial relevancia en determinadas situaciones de discapacidad visual y psicosocial, debido a la necesidad de materiales, adaptaciones y apoyos específicos.
Para el Cermi, estos resultados evidencian que las políticas públicas de protección a la infancia “deben abandonar las respuestas económicas uniformes y avanzar hacia prestaciones ajustadas a las circunstancias de cada menor”. Según la organización, una ayuda de cuantía idéntica para todas las familias no permitiría compensar adecuadamente las importantes diferencias de gasto identificadas por el estudio.
Por tanto, según el Cermi, el sobrecoste real de la crianza de niños y niñas con discapacidad podría superar las cantidades estimadas. Esta situación afecta especialmente a las familias con menos recursos económicos, que encuentran mayores dificultades para asumir gastos adicionales y pueden ver comprometido el acceso de sus hijos e hijas a los apoyos necesarios para su desarrollo y participación social.
El estudio también pone de manifiesto una importante carencia de información estadística desagregada por sexo, que impide analizar adecuadamente la situación específica de las niñas con discapacidad. Ante esta limitación, el Cermi reclama incorporar la perspectiva de género en la producción estadística y en el diseño de las políticas públicas, conforme a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la legislación española en materia de igualdad.
A partir de estos resultados, el Comité plantea tres actuaciones prioritarias. La primera, garantizar el acceso efectivo y sin demoras a los servicios públicos, especialmente a la atención temprana y a los apoyos sanitarios y sociales. Para ello, considera imprescindible dotar de financiación y profesionales suficientes al acuerdo estatal de 2025 sobre atención temprana, de manera que los derechos reconocidos se traduzcan en prestaciones disponibles cuando las familias las necesitan.
La segunda propuesta es incorporar un complemento específico por discapacidad a la futura prestación universal de apoyo a la crianza. Su cuantía debería calcularse según el sobrecoste asociado a las necesidades de cada niño o niña, en lugar de establecer una cantidad fija para todos los casos, apuntan. El estudio propone integrar y simplificar las actuales medidas de apoyo, como la deducción del IRPF por descendiente con discapacidad y la asignación económica por hijo o menor a cargo con discapacidad. Asimismo, reclama que el complemento se reconozca de oficio y contemple una cláusula de no regresión, para evitar que ninguna familia pierda derechos o perciba una cuantía inferior a la actual.
La tercera medida consiste en calcular anualmente el sobrecoste de la discapacidad infantil y utilizar esa información para actualizar automáticamente las ayudas públicas. Esta actuación debería acompañarse de un sistema estatal que publique, desglosados por comunidad autónoma, los tiempos de espera y el grado de cobertura efectiva de las prestaciones, con el fin de identificar desigualdades territoriales y orientar las decisiones presupuestarias.

