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El ‘compliance’ en España: del cumplimiento formal a la integridad
Una parte importante de ese impulso llegó con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en 2010 y reforzada con la reforma de 2015. Las empresas dedicaron más atención y recursos al compliance. Sin embargo, su sentido va más allá de evitar sanciones: consiste en ayudar a prevenir problemas, comprender los riesgos y tomar decisiones mejor fundamentadas.
Para ello, los códigos éticos, los mapas de riesgos y los procedimientos han sido necesarios. Pero tenerlos no basta. Lo importante es que resulten útiles y se apliquen de verdad. También los estándares y las certificaciones ayudan a ordenar el trabajo y generar confianza, aunque no garantizan, por sí solos, una cultura íntegra. Conviene recordar que más documentación no siempre significa mejores decisiones.
Este aprendizaje ha ido acompañado de una mayor profesionalización. Quienes trabajan en compliance necesitan conocer las normas, pero también escuchar, comunicar, investigar y entender cómo funciona su organización. Ascom ha contribuido a compartir experiencias y construir una comunidad profesional. El Libro Blanco sobre la Función de Compliance recoge esta evolución y ayuda a comprender una necesidad esencial: contar con independencia, autoridad, información, recursos y acceso a los órganos de gobierno.
Ahora bien, esa función no puede hacerlo todo. El responsable de compliance orienta, ayuda a gestionar los riesgos y supervisa, pero no sustituye las responsabilidades de los demás ni puede responder por decisiones que no controla. El compliance es una tarea compartida. Se consolida cuando el órgano de administración, la dirección y los mandos intermedios lo incorporan con naturalidad a su trabajo y a sus decisiones.
Esa responsabilidad compartida se pone a prueba en los momentos difíciles: cuando hay que renunciar a una oportunidad, asumir un coste o investigar una irregularidad importante. Ahí se ve la cultura de una organización. Por eso, los canales internos deben inspirar confianza y las investigaciones deben ser independientes, confidenciales y respetuosas con los derechos. Del mismo modo, la formación debe servir para resolver dudas y afrontar situaciones reales, no solo para acreditar asistencia.
La competencia, la protección de datos, el medioambiente y la inteligencia artificial amplían este horizonte y hacen más necesaria la coordinación, con responsabilidades claras y sin sustituir el criterio humano por la tecnología. La próxima etapa no debería medirse por el número de controles, sino por su utilidad cotidiana. Después de doce años, el objetivo es sencillo de expresar, aunque exigente de alcanzar: que la integridad sea una manera habitual de gobernar y actuar.
