Universidad privada: opacidad en la propiedad, las cuentas y la empleabilidad

Las universidades ofrecen información sobre su oferta educativa y los servicios al alumnado, pero resulta mucho más difícil conocer quién controla la institución o cómo administra sus recursos. Tampoco sus cifras de empleo permiten comparar con suficiente fundamento los resultados de unas y otras.

La propiedad: quién orienta el proyecto

Las 40 universidades identifican a los miembros de sus órganos de gobierno. Sin embargo, 22 no informan suficientemente sobre su titular real. Conocer el nombre del rector o la composición de un consejo no equivale a saber quién controla la universidad.

El titular suele reservarse el nombramiento y cese de los dirigentes y la aprobación de decisiones importantes para la continuidad de la institución. Identificarlo permite conocer los intereses que pueden influir en la orientación del proyecto y examinar posibles tensiones con la misión académica.

La carencia es especialmente acusada entre las universidades mercantiles, donde 12 de las 15 no identifican con claridad a su propietario real. Su naturaleza jurídica no demuestra que los intereses económicos prevalezcan sobre los académicos. Pero, si se desconoce quién ejerce el control, resulta difícil analizar cómo se concilian ambos y qué garantías protegen el proyecto universitario.

A esta falta de información se suma la escasa difusión de las decisiones de gobierno. Solo nueve universidades publican adecuadamente las fechas de sus reuniones y los principales acuerdos, una menos que el año anterior. Se sabe quién ocupa los cargos, pero poco sobre las decisiones que toma.

Las cuentas: cómo se sostiene la universidad

Estudiantes y familias asumen un compromiso económico prolongado al elegir una universidad. Para valorar esa decisión deberían poder conocer su situación financiera y cómo sostiene la actividad educativa. La mayoría de las instituciones analizadas no ofrece información suficiente para hacerlo.

Solo tres cumplen los cuatro indicadores económicos: la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Apenas seis publican adecuadamente el presupuesto, nueve los estados financieros y seis la auditoría externa. Los resultados empeoran respecto a 2025.

Sin estos documentos resulta difícil valorar la solvencia de la institución y conocer el destino de sus recursos. El presupuesto permite examinar las prioridades de gasto; las cuentas muestran su situación económica y aportan información sobre cómo financia la docencia y la investigación. Su ausencia impide contrastar si los objetivos académicos cuentan con recursos para llevarse a cabo.

En las universidades mercantiles, las cuentas permiten además analizar la relación entre los recursos destinados a la actividad universitaria y la remuneración de sus propietarios mediante el reparto de beneficios. Sin embargo, 13 de las 15 mercantiles no publican ninguno de los cuatro documentos económicos evaluados.

Esta opacidad no prueba que sean insolventes ni que el beneficio empresarial perjudique a la enseñanza. Impide valorar su situación y comprobar cómo se sostiene el proyecto al que estudiantes y familias confían su formación.

La empleabilidad: qué hay detrás de las cifras

Las perspectivas de empleo pesan en la elección de universidad y forman parte de los argumentos que las instituciones utilizan para captar alumnos. Si se presentan con ese propósito, deben respaldarse con datos que permitan valorar los resultados y compararlos.

La nueva formulación del indicador exige publicar cada año el porcentaje de titulados que trabajan en España a los doce meses de graduarse. Deben identificarse la promoción, la fecha de corte, las cifras absolutas y la fuente, con ficha técnica si se utiliza una encuesta.

Ninguna universidad cumple plenamente el indicador; 14 lo hacen de forma parcial y 26 no lo cumplen. Algunas publican estudios de inserción laboral, pero miden el empleo en otros plazos, no distinguen el obtenido en España o aportan información metodológica incompleta. Otras ofrecen contenidos demasiado genéricos para verificar los resultados.

Una tasa de empleo a los tres años de graduarse no puede compararse con otra obtenida al año, ni interpretarse bien un porcentaje sin saber a cuántos titulados representa. Estas carencias no demuestran que los egresados encuentren menos trabajo, sino que los datos publicados no permiten contrastarlo con criterios comunes. Exigirlos no reduce la misión universitaria al empleo: permite valorar una expectativa importante para estudiantes y familias que las propias universidades utilizan como argumento de captación.

Las mejoras en planificación y ética son positivas, pero dejan pendientes cuestiones centrales. Mientras falte información sobre la propiedad y las cuentas, será difícil examinar quién orienta el proyecto y cómo lo sostiene. Y mientras la empleabilidad se mida con criterios distintos, estudiantes y familias seguirán sin poder comparar una de las promesas que influye en su elección.