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Más de la mitad de las entidades privadas subvencionadas suspende en transparencia
Tras la evaluación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) constata que, si bien el grado medio de cumplimiento alcanzado por el conjunto de las entidades es insuficiente, un 47,5%, se produce una mejoría respecto a la evaluación realizada en 2025, cuando el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) medio alcanzado por la categoría de sujetos privados fue del 34%.
En la evaluación de este año vuelve a existir una gran disparidad en cuanto a cumplimiento según la entidad, con algunas que logran niveles muy altos o pleno cumplimiento, y otras que presentan aún enormes carencias. Hay 27 entidades que alcanzan un ICIO superior al 80%, mientras que 70 (el 56% del total de las analizadas), no alcanzan ni el 50%.
Para obtener el dato del ICIO, el Consejo revisa si las entidades publican en sus páginas web las informaciones a las que están obligadas y si lo hacen adecuadamente (con suficiente grado de actualización, accesibilidad, en formatos reutilizables, etc.). La selección de las entidades evaluadas se ha efectuado mediante muestreo aleatorio entre entidades perceptoras de subvenciones o ayudas públicas por cuantía superior a 500.000 euros en el periodo de un año, a partir de la información contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De las 125 entidades analizadas, 62 ya habían sido evaluadas por el Consejo, y 63 entidades han sido analizadas por primera vez en 2026. Entre los sujetos evaluados figuran empresas, fundaciones, asociaciones, federaciones deportivas y ONG.
Siete de cada diez entidades analizadas disponen de un portal de transparencia en su web institucional. Llama la atención que 23 entidades que ya fueron evaluadas por el Consejo en 2025 siguen sin habilitar uno, pese a las indicaciones en ese sentido dadas por la autoridad independiente encargada de velar por la transparencia en España.
Por tipo de entidades, dentro de la muestra analizada, en general el nivel de cumplimiento es mucho mayor entre federaciones deportivas, con un ICIO medio del 63%, seguido de fundaciones privadas (51%), ONG (38%) y asociaciones (35%). Las empresas son las que tienen peor nivel medio de cumplimiento (32%).
Las informaciones obligatorias que menos publican las entidades analizadas son la descripción de la estructura organizativa y el perfil y trayectoria profesional y las retribuciones de sus máximos responsables, así como las informaciones relativas a contratos y convenios suscritos con administraciones públicas. En cuanto a la calidad de la información publicada, los problemas más frecuentes son la falta de la fecha en la que esta se revisó o actualizó, y la publicación en formatos no reutilizables.
Ayudar a cumplir
Tras revisar sus páginas web, el CTBG formula a las entidades recomendaciones específicas para mejorar su nivel de cumplimiento. En el plazo concedido para la formulación de observaciones y alegaciones, 44 entidades han procedido a incorporar mejoras en sus portales de transparencia, con lo que su ICIO ha incrementado casi 40 puntos porcentuales. El Consejo recuerda que la implicación de las entidades es fundamental para hacer avanzar la transparencia y la rendición de cuentas en España.
Hay 27 entidades que obtienen un ICIO superior al 80%, y cinco de ellas alcanzan pleno cumplimiento: la Real Federación Española de Ciclismo, Confederación Plena Inclusión España, Real Federación Española de Golf, Fundación para la Investigación del Clima, Fundación Santa María la Real. Estos datos suponen un avance respecto a la evaluación 2025, cuando solo 4 de las 82 entidades evaluadas ese año (cerca del 5%) se situaron por encima de ese umbral. Asimismo, 14 entidades tienen más de un 90 % de ICIO.
Respecto a las que no alcanzan un nivel satisfactorio de cumplimiento, el Consejo recuerda que las empresas y entidades privadas que reciben fondos públicos deben cumplir rigurosamente con las obligaciones de transparencia que les impone la ley. El trabajo de evaluación que realiza el Consejo y las recomendaciones específicas que formula contribuyen a mejorar el cumplimiento e impulsar el nivel de transparencia de muchos sujetos obligados; sin embargo, la vigente ley no prevé un régimen sancionador ni atribuye al Consejo potestades coercitivas para garantizar la plena observancia de los mandatos legales, recuerda el propio organismo.
