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El IBEX 35 transparenta su ‘compliance’, pero sigue sin probar su eficacia real
Hace apenas un lustro, casi un tercio de las principales empresas cotizadas españolas no ofrecía información pública relevante sobre cómo prevenía los riesgos legales y éticos en el seno de su organización. Hoy, el escenario ha dado un giro radical. La transparencia sobre los modelos de compliance o cumplimiento normativo se ha consolidado como un estándar en la gran empresa española. Sin embargo, este avance cuantitativo oculta un déficit cualitativo: las corporaciones detallan qué herramientas poseen, pero rara vez demuestran públicamente si estas realmente funcionan.
Así se desprende del informe de 2026 Transparencia y buen gobierno de las prácticas de compliance de las empresas del IBEX 35, elaborado por la Fundación Haz y dirigido por Javier Martín Cavanna y Ángel Luis Ladrón de Guevara. El estudio, que evalúa la información disponible en las webs corporativas y en los estados de información no financiera, arroja un diagnóstico claro: la arquitectura básica de la ética corporativa está construida, pero el reto actual exige transitar hacia la rendición de cuentas sobre su eficacia.
Un 62% de cumplimiento global
El análisis de la Fundación Haz no audita el funcionamiento interno de los modelos de prevención de delitos, sino la capacidad de las empresas para hacerlos transparentes ante sus grupos de interés (inversores, empleados, reguladores y sociedad). Para ello, el estudio evalúa 17 indicadores agrupados en cinco grandes áreas: políticas y procesos, figura del responsable de compliance, formación y concienciación, funcionamiento del canal ético y rol de los órganos de gobierno. Los resultados globales muestran un nivel de cumplimiento del 62%.
En esta edición, 13 empresas (el 37% de la muestra) alcanzan la máxima categoría de ‘transparentes’. Se trata de ACS, Iberdrola, Inditex, Enagás, Acerinox, CaixaBank, Cellnex Telecom, Inmobiliaria Colonial, Mapfre, Redeia, Naturgy, Ferrovial e Indra. En el nivel intermedio, calificado como ‘translúcidas’, se sitúa el grueso del selectivo: 21 compañías que representan el 60% del índice. Finalmente, la categoría de empresas ‘opacas’ ha quedado reducida a una única compañía (ArcelorMittal, que apenas alcanza el 29% de cumplimiento), lo que representa el 3% del IBEX 35.
Consolidación de una tendencia estructural
La perspectiva histórica que ofrece el informe permite confirmar que la mejora de la transparencia en compliance no es un fenómeno coyuntural, sino estructural. En 2021, apenas un 8% de las empresas del IBEX 35 era calificada como ‘transparente’, mientras que las ‘opacas’ ascendían al 31%.
La evolución ha sido constante, absorbiendo incluso el retroceso puntual registrado en 2024 (cuando las empresas ‘transparentes’ cayeron al 20%). En 2025, el porcentaje de compañías en la máxima categoría saltó al 34%, y en 2026 ha vuelto a crecer hasta el 37%, reduciendo paralelamente la opacidad desde aquel 31% inicial hasta el residual 3% actual.
El 37% de las empresas del IBEX 35 son consideradas ‘transparentes’; el 60%, ‘translúcidas’, y solo una obtiene la categoría de ‘opaca’.
Este avance es especialmente meritorio si se tiene en cuenta que la Fundación Haz ha endurecido su metodología en la presente edición. El informe ha integrado los postulados de la nueva norma ISO 37302:2025, un estándar internacional que desplaza el foco desde la mera existencia de los sistemas de prevención hacia la evaluación de su eficacia real y la mejora continua. Pese a la reformulación al alza de los indicadores más exigentes, el selectivo español ha logrado mantener y mejorar su puntuación global.
La infraestructura básica, un debate superado
El desglose de los datos demuestra que las grandes cotizadas han interiorizado la necesidad de publicar los elementos fundacionales de sus sistemas de integridad. Indicadores que hace años suponían un reto hoy registran un cumplimiento casi absoluto.
El 100% de las empresas del IBEX 35 publica su código ético y detalla las políticas generales de prevención de riesgos. Asimismo, un 94% ofrece información accesible sobre las normas de gestión de su canal ético o de denuncias, y un 91% explica públicamente en qué consisten sus programas de cumplimiento. De igual modo, el 86% de las corporaciones identifica con claridad la figura del compliance officer o responsable de cumplimiento.
En el ámbito de la difusión interna, los resultados también son notables: un 86% de las empresas informa sobre los planes de formación en materia ética impartidos a su plantilla, y un 74% detalla campañas de concienciación. En definitiva, la narrativa corporativa ha integrado con éxito la primera fase del compliance.
Las grandes cotizadas han interiorizado la necesidad de publicar los elementos fundacionales de sus sistemas de integridad. Indicadores que hace años suponían un reto hoy registran un cumplimiento casi absoluto.
El gran déficit: medir y publicar la eficacia
El problema surge al analizar los indicadores cualitativos, aquellos que permiten a un tercero evaluar si el modelo de cumplimiento normativo es una herramienta viva y dotada de autoridad, o un mero formalismo documental. Es en este terreno donde las empresas del IBEX 35 suspenden de forma generalizada.
El caso más paradigmático es el de la evaluación de la eficacia del sistema, el indicador que constituye el núcleo de la nueva ISO 37302. Según el informe, solo el 3% de las empresas cumple plenamente con este estándar de transparencia. Únicamente ACS acredita de forma pública y detallada cómo somete a revisión la efectividad real de su modelo de prevención.
La falta de transparencia se extiende también a la dotación de recursos. Apenas un 6% de las compañías explica públicamente con qué presupuesto cuenta la función de compliance o cuántos profesionales integran el departamento. Sin esta información financiera y operativa, resulta imposible para los grupos de interés calibrar la independencia real del responsable de cumplimiento y su capacidad para supervisar a la organización.
El canal ético presenta una paradoja similar. Aunque casi todas las empresas informan de su existencia, solo el 6% (únicamente Iberdrola e Inditex) detalla qué medidas concretas, aprendizajes o planes de remediación se han derivado de las denuncias recibidas. La mayoría se limita a publicar un recuento estadístico de las comunicaciones, sin explicar cómo esa información sirve para corregir vulnerabilidades en la empresa.
Finalmente, la implicación de la alta dirección sigue siendo una asignatura pendiente en términos de reporting. Solo el 8% de las empresas acredita formalmente que su consejo de administración recibe formación específica y continua en materia de cumplimiento normativo, un requisito fundamental para garantizar que el órgano de gobierno ejerza su labor de supervisión con criterio.
Solo el 3% de las empresas cumple plenamente el indicador de la evaluación de la eficacia del sistema de ‘compliance’. También falta transparencia sobre la dotación de recursos.
Certificaciones independientes: la excepción y no la regla
El informe de la Fundación Haz pone el acento en otro elemento clave para generar confianza: la verificación externa. Actualmente, solo cuatro compañías del selectivo (Acerinox, ACS, CaixaBank y Mapfre) cuentan con una certificación independiente de su sistema general de compliance conforme a la norma ISO 37301.
Aunque la certificación no es una garantía absoluta de ausencia de malas prácticas, sí constituye una demostración objetiva de que el sistema ha sido auditado por un tercero independiente bajo estándares internacionales, mitigando el riesgo de que el modelo de prevención sea únicamente un ejercicio de cosmética corporativa.
Líderes destacados y recomendaciones de futuro
En la parte alta del ranking, tres empresas marcan el paso: ACS, Iberdrola e Inditex, que lideran la tabla con 31 puntos (un 91% de cumplimiento), seguidas de cerca por Enagás (88%). Lo que diferencia a este grupo de cabeza no es la publicación de códigos o políticas —algo que ya hace todo el mercado—, sino su disposición a abordar los indicadores más complejos: la evaluación del modelo y la extracción de lecciones a partir del canal de denuncias.
Para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, los autores del informe proponen a las empresas del IBEX 35 una hoja de ruta estructurada en seis recomendaciones clave:
- Apostar por la verificación externa: Extender la certificación ISO 37301 al sistema general de compliance de toda la organización.
- Transparencia financiera y operativa: Publicar anualmente el presupuesto y los recursos humanos asignados a la función de compliance.
- Rendición de cuentas específica: Elaborar y publicar un informe anual exclusivo sobre la actividad del área de compliance, separado de la información general de sostenibilidad.
- Formación de los administradores: Acreditar formalmente la formación específica que reciben los miembros del consejo en materia de riesgos penales y éticos.
- Aprendizaje organizativo: Superar la mera estadística del canal ético y explicar públicamente qué mejoras organizativas se implementan a raíz de las investigaciones internas.
- Medición de la eficacia: Realizar y comunicar evaluaciones periódicas sobre la efectividad del sistema, asumiendo los principios de la norma ISO 37302:2025.
El IBEX 35 ha demostrado una notable capacidad de adaptación al elevar la transparencia de sus estructuras de cumplimiento en apenas cinco años. El nuevo ciclo, sin embargo, exige un cambio de paradigma. En un entorno regulatorio cada vez más estricto, la confianza de los inversores y de la sociedad ya no dependerá de las políticas que las empresas afirmen tener, sino de las evidencias que aporten sobre su capacidad real para prevenir y corregir conductas irregulares.
