El código postal decide el acceso a los cuidados de ELA, denuncian los afectados

Dos años después de su aprobación, la implementación de la Ley ELA constata una grave desigualdad territorial en España. Según advierte el último informe de ConELA, solo el 54% de las ayudas aprobadas se traduce en servicios reales, dejando el derecho a los cuidados expertos condicionado a la comunidad autónoma de residencia y a la capacidad económica de las familias.
17 noviembre 2026
<p>José Jiménez, presidente de ConELA durante la presentación del informe en el Congreso. Foto: ConELA.<p>

José Jiménez, presidente de ConELA durante la presentación del informe en el Congreso. Foto: ConELA.

Dos años después de la aprobación de la Ley ELA, el lugar de residencia continúa marcando diferencias en el acceso a las prestaciones y los cuidados. El Segundo Informe de Evaluación de la Implementación de la Ley ELA, presentado por la asociación ConELA en el Congreso de los Diputados, constata avances en su despliegue, pero también importantes desigualdades entre comunidades autónomas que impiden que los derechos reconocidos se hagan efectivos en las mismas condiciones para todas las personas afectadas.

El informe pone el foco en una cuestión fundamental: que una prestación esté aprobada no significa que la persona afectada esté recibiendo los cuidados que necesita. 

Así, mientras Cataluña registra 76 prestaciones efectivas sobre 76 resoluciones, la Comunitat Valenciana contabiliza 86 sobre 118. En el extremo opuesto, Aragón registra una prestación efectiva de 30 resoluciones, Murcia tres de 35 y Andalucía 13. Se trata de datos del seguimiento asociativo, no de un censo administrativo exhaustivo de todas las personas beneficiarias.

Diferencias económicas y acceso a las ayudas

El informe identifica el copago y los mecanismos de pago como dos de las principales barreras para recibir los cuidados. Aunque cada vez más comunidades autónomas eliminan las aportaciones económicas de las personas beneficiarias, persisten territorios donde las prestaciones se reducen en función de la renta.

A ello se añade la obligación de adelantar el coste de la asistencia en aquellas comunidades que abonan las ayudas a mes vencido. Esto supone que algunas familias deban disponer de hasta 9.859 euros para financiar un mes de cuidados, antes de recibir el reembolso.

ConELA advierte de que estas condiciones pueden provocar la renuncia a prestaciones ya reconocidas y reclama que ninguna familia tenga que asumir una carga económica que le impida ejercer un derecho.

También señala las incompatibilidades entre las prestaciones del Grado III+ y las ayudas por cuidados en el entorno familiar, que pueden comprometer la protección social y económica de quienes dejan de trabajar para atender a una persona con ELA.

Falta personala especializado

La disponibilidad de financiación tampoco garantiza por sí sola los cuidados continuados. El informe constata dificultades para encontrar profesionales preparados para atender a personas con ELA avanzada, especialmente cuando necesitan ventilación mecánica, aspiración de secreciones o alimentación mediante sonda.

La situación se agrava en las zonas rurales, donde resulta especialmente difícil organizar equipos que permitan cubrir turnos de asistencia durante las 24 horas.

ConELA reclama formación específica para estos profesionales y medidas transitorias que permitan capacitar a las personas cuidadoras que ya trabajan en los domicilios, garantizando la seguridad y continuidad de la atención.

El informe señala también la insuficiente cobertura de fisioterapia domiciliaria desde el Sistema Nacional de Salud. Durante el último ejercicio, las asociaciones de ConELA que han aportado datos asumieron más de 23.000 sesiones, con un coste estimado de 1,17 millones de euros.

Esta prestación, contemplada en la Ley ELA, continúa pendiente de desarrollo efectivo en buena parte del territorio, mientras las asociaciones destinan recursos propios para atender una necesidad sanitaria esencial.

Exigen rapidez, suficiencia e igualdad

La Confederación resume en tres prioridades los retos pendientes: rapidez en la tramitación y llegada de las prestaciones, suficiencia económica para garantizar los cuidados e igualdad territorial en el acceso a los derechos.

ConELA reconoce los avances conseguidos y reclama a las administraciones eliminar los copagos, garantizar mecanismos de pago que no obliguen a las familias a adelantar miles de euros, compatibilizar las prestaciones, desarrollar formación especializada y asegurar la atención continuada y la fisioterapia domiciliaria.

El informe se ha presentado en el Congreso de los Diputados durante la jornada Dos años de Ley ELA: del derecho reconocido al derecho efectivo. ConELA insiste en la necesidad de mantener el consenso político que permitió aprobar la ley y culminar su aplicación efectiva en todas las comunidades autónomas.

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