Cáritas alerta de que comer bien ya no está al alcance de todos en España

Durante 2025, Cáritas acompañó en España a más de 1.098.000 personas , una cifra que muestra la persistencia de situaciones de vulnerabilidad pese a la mejora de algunos indicadores económicos generales. La organización destinó 529,9 millones de euros a sus programas de acción social, cooperación internacional, empleo, vivienda, economía solidaria y acompañamiento a personas en situación de exclusión.

Uno de los rostros más preocupantes de esta realidad es la inseguridad alimentaria. Según los datos de Foessa, vinculada a Cáritas, uno de cada diez hogares en España tiene dificultades para acceder a una alimentación suficiente, variada y saludable. En los casos más graves, 686.000 personas pasan días enteros sin alimentarse por falta de recursos , una cifra que muestra hasta qué punto la pobreza está afectando a necesidades básicas.

Esta situación obliga a muchas familias a reducir la calidad de lo que comen, prescindir de alimentos frescos o proteicos, saltarse comidas o adaptar su dieta a lo que permite el presupuesto familiar. Cáritas advierte de que no se trata solo de hambre en sentido estricto, sino de una pérdida progresiva del derecho a una alimentación adecuada, con consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional, el desarrollo de los menores y la participación social.

La organización vincula este deterioro al peso creciente de los gastos básicos, especialmente la vivienda. El alquiler, la hipoteca, las habitaciones compartidas y los suministros absorben una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares vulnerables. Cuando el dinero no alcanza, muchas familias recortan en alimentación porque es uno de los pocos gastos que pueden ajustar de manera inmediata.

La precariedad laboral agrava esta situación. Cáritas advierte de que tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza cuando los salarios son insuficientes, los contratos son parciales o temporales y los ingresos no permiten afrontar el coste real de la vida. Los hogares con menores, las personas desempleadas, las familias monomarentales y quienes carecen de una red de apoyo estable se encuentran entre los grupos más expuestos.

La Memoria 2025 muestra también el peso de la exclusión administrativa y residencial entre las personas acompañadas. Más de la mitad de quienes recibieron apoyo de Cáritas en España eran personas migrantes, muchas de ellas con dificultades añadidas para regularizar su situación, acceder a un contrato de trabajo o alquilar una vivienda. Esta acumulación de obstáculos multiplica el riesgo de pobreza y limita el acceso efectivo a derechos básicos.

Ante este escenario, Cáritas insiste en que la respuesta no puede limitarse a la ayuda alimentaria inmediata, aunque esta siga siendo imprescindible para muchas familias. La entidad defiende un acompañamiento integral que combine acogida, apoyo económico, orientación laboral, acceso a vivienda, asesoramiento jurídico, economía solidaria y fortalecimiento de las redes comunitarias. Su mensaje de fondo es que la pobreza alimentaria no es un problema aislado, sino el síntoma de una desigualdad más profunda que obliga a demasiadas personas a elegir entre comer bien, pagar un techo o mantener una vida digna.