El depósito de envases encalla en España: el plazo vence sin gestor ni plan

El tiempo se agota. En noviembre de 2026, España está obligada a implantar un sistema de depósito para botellas de plástico, latas y briks, tras recoger solo cuatro de cada diez de estos envases en 2023. Sin embargo, todo apunta a que el plazo de la normativa de residuos vencerá sin una entidad autorizada que lo gestione, mientras Europa ya aplica sus propias prohibiciones y marca 2029 como límite definitivo.
El depósito de envases encalla en España: el plazo vence sin gestor ni plan

El 22 de noviembre de 2026 se cumple el plazo que la normativa española concedía a los fabricantes de bebidas para poner en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), el modelo en el que el consumidor paga una pequeña fianza por cada botella, lata o brik y la recupera al entregar el envase vacío en la tienda, y todo indica que la fecha llegará sin una red operativa de puntos de devolución, sin fianza en el precio y sin una entidad autorizada para gestionarlo.

La obligación nace de la Ley de Residuos de 2022, que exigía recoger por separado siete de cada diez botellas de plástico de un solo uso para bebidas en 2023 y preveía el depósito obligatorio si el objetivo no se alcanzaba, un sistema que el real decreto de envases de 2022 extiende también a las latas y a los briks de bebida.

Según el informe que publicó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en noviembre de 2024, la recogida separada se quedó en el 41,3%, y con la constatación de ese incumplimiento empezaron a contar los dos años que ahora expiran.

Cuatro entidades (Ecoembes, Procircular, CorePET y la Asociación SDDR para España, promovida por organizaciones de la distribución y de la industria alimentaria) solicitaron en mayo de 2025 la autorización para organizar el sistema. Como todas tienen su domicilio social en Madrid, la tramitación corresponde a la Comunidad de Madrid, que apuró el año de plazo, con una prórroga de seis meses incluida, y a finales de octubre de 2026 ninguna había recibido todavía la autorización.

Con el expediente pendiente, en agosto de 2026 empezó a aplicarse el Reglamento (UE) 2025/40 de envases y residuos de envases, una norma de aplicación directa en todos los Estados miembros que, según una nota aclaratoria del propio ministerio, prevalece sobre el real decreto español de envases en todo lo que resulte incompatible con ella.

Para fabricantes, distribuidores y hosteleros, el depósito sigue siendo una obligación nacional cuyo plazo está a punto de vencer y es ya, además, una exigencia europea con una meta concreta, ya que el reglamento obliga a recoger por separado el 90% de las botellas de plástico y las latas de bebida en 2029. El margen para levantar un sistema que llegue a medio millón de puntos de venta es de poco más de dos años, con un real decreto pendiente de aprobación y unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

El margen para levantar la red de devolución en medio millón de puntos de venta es de apenas dos años.

Un expediente sin resolver

Las solicitudes llegaron a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y el Gobierno regional amplió en seis meses el plazo para examinarlas. Con los expedientes todavía en revisión, la consejería alegó inseguridad jurídica por la ausencia, a su juicio, de un desarrollo normativo estatal suficiente, un argumento que el ministerio rechazó al responder que esa inseguridad no existe y que nada impedía tramitar las solicitudes.

Al agotarse el plazo, en mayo de 2026, Madrid dio por buena la documentación de las cuatro solicitantes y la remitió al Ministerio para que la examinara la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que debe informar antes de cualquier autorización.

La comisión respondió con un requerimiento de subsanación dirigido a las cuatro entidades. Según el ministerio, pidió a Madrid en tres ocasiones que lo hiciera llegar a las solicitantes. A comienzos de octubre de 2026, el Gobierno regional acababa de conceder a las cuatro candidatas un plazo de quince días para completar la documentación, y los expedientes seguían sin resolverse. Más de 130 organizaciones ecologistas, sindicales y vecinales, agrupadas en la Alianza Residuo Cero y en la plataforma #LeydeResiduosYA, acusan al Gobierno regional de haber paralizado el procedimiento y calculan que en España se pierden cada día unos 35 millones de envases de bebida.

Las candidatas a gestionar el sistema evitan comprometer una fecha. La Asociación SDDR para España aspira a tenerlo plenamente operativo en los próximos meses, toma como referencia última la meta europea de 2029 y defiende un modelo único para todo el territorio, mientras Ecoembes advierte de que el español puede ser uno de los sistemas más complejos de Europa por la dispersión de la población, la fragmentación del pequeño comercio y la presión estacional del turismo. Las previsiones de algunos expertos del sector sitúan el arranque entre finales de 2028 y comienzos de 2029, sin que el Gobierno haya fijado oficialmente una nueva fecha.

El sistema español será uno de los más complejos de Europa por la dispersión, el pequeño comercio y el turismo.

Lo que el reglamento europeo ya exige

La primera obligación del reglamento con efectos inmediatos afecta a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), compuestos que se emplean para que el papel y el cartón repelan la grasa y el agua y que se conocen como “químicos eternos” por lo mucho que tardan en degradarse.

Desde que se aplica el reglamento no pueden comercializarse envases en contacto con alimentos que contengan PFAS en concentraciones iguales o superiores a unos umbrales muy bajos (25 partes por mil millones para cada sustancia por separado, junto a otros dos límites para el conjunto de PFAS), medidas en el propio envase con independencia de lo que llegue a pasar al alimento. La prohibición alcanza también a los envases que se pongan en el mercado a partir de entonces, aunque se hubieran fabricado antes.

La convivencia entre las dos normas tampoco está resuelta. El ministerio admite en su nota aclaratoria que pueden darse supuestos de incompatibilidad entre el reglamento y el real decreto español, y que mientras no se apruebe uno nuevo el régimen aplicable será el europeo y, en lo que este no regule, el español. El proyecto de nuevo real decreto pasó por consulta pública en 2025 y sigue sin aprobarse a pocas semanas de las elecciones.

El resto del calendario europeo se escalona hasta 2040. Desde 2027, los establecimientos que venden comida o bebida para llevar tendrán que llenar el recipiente que aporte el cliente sin cobrar más por ello, y desde 2028 deberán ofrecer, además, salvo que sean microempresas, una alternativa reutilizable a un precio que no supere el del envase de un solo uso.

A partir de ese mismo año (o más tarde, según el ritmo al que la Comisión apruebe las normas de desarrollo), los envases deberán llevar una etiqueta armonizada con su composición, pensada para facilitar la separación en casa. En 2030 llegarán las obligaciones de mayor calado para la industria, con la obligación general de que los envases sean reciclables (salvo algunas excepciones), botellas de plástico de bebida fabricadas al menos en un 30% con material reciclado y restricciones a varios formatos de plástico de un solo uso, como las monodosis de salsas, condimentos, azúcar o leche que se sirven en bares y restaurantes, los envases de lotes de fruta y verdura fresca de menos de kilo y medio (también con excepciones) y los pequeños botes de champú y gel de los hoteles.

Europa restringirá en 2030 los envases de un solo uso más cotidianos, como las monodosis de salsas o los geles de hotel.

La meta de 2029 y la factura del retraso

El reglamento obliga a los Estados miembros a contar, a más tardar en enero de 2029, con un sistema de depósito para las botellas de plástico y las latas de bebida de un solo uso, con el objetivo de recoger por separado al menos el 90% de ellas. La exención solo está prevista para los países que alcancen al menos el 80% de recogida separada en 2026 y presenten a la Comisión un plan para llegar al 90%, un umbral muy alejado del 41,3% del que parte España.

Según las estimaciones del sector, el sistema deberá llegar a alrededor de 500.000 puntos de venta entre comercio de alimentación y hostelería, con puntos de devolución manuales o automáticos que identifiquen cada envase, gestionen la fianza, eviten el fraude y transmitan los datos a una base común.

Las grandes cadenas de distribución estudian ya el espacio, la logística y la inversión que requerirá la devolución de envases, pero aseguran que no pueden tomar decisiones firmes mientras no se conozcan las reglas de funcionamiento, la cuantía definitiva de la fianza ni el papel que tendrán los bares y restaurantes.

El retraso tiene además una lectura jurídica para las empresas. Seguir poniendo en el mercado botellas de plástico sin un sistema de depósito efectivo, una vez vencido el plazo legal, podría constituir infracción de la Ley de Residuos y exponer a los productores a reclamaciones de consumidores y a denuncias por competencia desleal, aunque ninguna administración ha anunciado expedientes por ese motivo.

Nada indica que el 22 de noviembre vaya a cambiar el precio de una lata de refresco, y la próxima fecha que obligará a España a tener el sistema en funcionamiento la marca ya un reglamento europeo cuyos plazos no pueden aplazarse por decisión nacional.

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