Nueva ley para garantizar un uso transparente y responsable de la IA en España

La futura norma consolida una clasificación de los sistemas según su nivel de riesgo. Además, incorpora un régimen sancionador –con multas de hasta 35 millones de euros para malos usos de esta tecnología–, define responsabilidades para los proveedores y refuerza la necesidad de supervisión humana sobre los modelos, uno de los principios centrales del nuevo marco regulatorio.

Entre los aspectos más relevantes del texto figura la prohibición de determinados usos considerados especialmente lesivos. A las restricciones ya contempladas en el marco europeo —como las técnicas subliminales, la explotación de vulnerabilidades, la puntuación social, ciertos usos biométricos o la vigilancia predictiva— se añaden nuevas limitaciones orientadas a combatir la generación de contenidos sexuales falsificados mediante IA y la pornografía infantil.

El proyecto también establece un sistema de gobernanza institucional. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, actuará como organismo central de control, mientras que otras autoridades sectoriales asumirán competencias específicas. Entre ellas, el Banco de España supervisará los usos vinculados al sistema financiero, la Agencia Española de Protección de Datos abordará las cuestiones relacionadas con la privacidad y el Consejo General del Poder Judicial intervendrá en el ámbito judicial.

En el sector público estatal, la ley eleva las exigencias de transparencia y responsabilidad en el uso de sistemas de inteligencia artificial. Para ello, se impulsa la figura del delegado de IA, encargado de velar por una aplicación adecuada de estas herramientas dentro de la Administración y por el cumplimiento de los principios de buen uso, trazabilidad y protección de derechos.

La norma también contempla la regulación de los entornos de pruebas, conocidos como sandbox, con el fin de facilitar la innovación bajo supervisión y ayudar a los proveedores a cumplir con las nuevas obligaciones legales. Con este proyecto, España se sitúa entre los países más avanzados en la construcción de un marco de inteligencia artificial seguro, garantista y alineado con los valores democráticos, según el Gobieerno.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que la regulación de la inteligencia artificial es uno de los grandes debates globales por su impacto en ámbitos como el empleo, la energía, la ciberseguridad, la protección de los menores o la calidad democrática. Según ha señalado, el objetivo es avanzar hacia un modelo que combine innovación, competitividad y garantías para la ciudadanía.