“No basta con publicar: hay que explicar la fiscalidad”

Pero el nuevo informe de la Fundación Haz –Transparencia y responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. Informe 2026– muestra que el avance no ha sido homogéneo. Catorce compañías superan el 80% de cumplimiento del estándar 2026, mientras que ocho permanecen rezagadas con un cumplimiento igual o inferior al 50%. El IBEX, concluye el informe, avanza a dos velocidades: hay empresas líderes capaces de competir con las mejores prácticas europeas y otras que todavía ofrecen una información fiscal formal, dispersa o insuficientemente explicada.

Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del informe, sostiene que el reto ya no es convencer a las empresas de que la fiscalidad forma parte de su responsabilidad social, sino mejorar la calidad de su rendición de cuentas. “Publicar información no equivale necesariamente a rendir cuentas bien”, advierte. En su opinión, la transparencia fiscal debe ayudar a entender cómo gobiernan las empresas su política tributaria, qué riesgos asumen, cómo contribuyen en los territorios donde operan y cómo explican todo ello a la sociedad.

En 2014 publicaron el primer informe sobre responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. Entonces todavía era necesario defender que la fiscalidad formaba parte de la responsabilidad corporativa. Doce años después, ¿qué ha cambiado?

Visto con perspectiva, aquel primer informe fue bastante anticipatorio. La Fundación Haz empezó a analizar la transparencia fiscal del IBEX 35 en 2014, cuando la fiscalidad todavía no estaba integrada de forma clara en los marcos de información no financiera. Hay que recordar que el estándar GRI 207 sobre fiscalidad no se lanzó hasta diciembre de 2019 y no fue aplicable de forma efectiva hasta 2021. Es decir, el informe se adelantó varios años a la incorporación formal de la fiscalidad en el principal marco internacional de reporting de sostenibilidad.

Aquel informe fue un hito porque puso sobre la mesa una cuestión que entonces apenas estaba incorporada a la agenda de responsabilidad corporativa de las grandes empresas españolas. Hoy puede parecer evidente que la fiscalidad forma parte del buen gobierno y de la sostenibilidad, pero en 2014 no lo era tanto.

Los resultados de aquel primer informe fueron muy reveladores porque mostraron que las cuestiones fiscales no formaban parte de las preocupaciones de las empresas. Solo una compañía incluía alguna referencia fiscal en su declaración corporativa y apenas dos códigos de conducta mencionaban expresamente el cumplimiento de los marcos regulatorios en materia tributaria. Además, casi la mitad de las empresas no había suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias ni pertenecía al Foro de Grandes Empresas de la AEAT.

Doce años después, el contexto ha cambiado de forma significativa. La fiscalidad responsable ya está incorporada al lenguaje del buen gobierno, de la sostenibilidad y de la responsabilidad corporativa. Las empresas publican políticas fiscales, hablan de relación cooperativa con la Administración, incorporan los riesgos fiscales a sus sistemas de control y ofrecen más información sobre su contribución tributaria.

Pero precisamente por eso el listón ha subido. El reto actual ya no es convencer a las empresas de que la fiscalidad forma parte de su responsabilidad corporativa, sino mejorar la calidad de su rendición de cuentas: explicar mejor cómo gobiernan su política fiscal, qué riesgos identifican, cómo los supervisa el consejo o cómo justifican su presencia internacional.

Hemos pasado, por tanto, de una primera etapa centrada en incorporar la fiscalidad a la agenda empresarial a una segunda etapa centrada en hacer esa información más clara, comparable y útil para los grupos de interés.

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Si la fiscalidad responsable ya está incorporada a la agenda empresarial, ¿por qué era necesario desarrollar un nuevo estándar de transparencia fiscal?

Porque el contexto ha cambiado y la transparencia fiscal también tenía que evolucionar. En 2014 el principal reto era que las empresas empezaran a reconocer públicamente que la fiscalidad formaba parte de su responsabilidad ante la sociedad. Hoy muchas compañías ya publican políticas fiscales, mencionan su adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias, informan sobre riesgos fiscales o incluyen datos de contribución tributaria.

Pero publicar información no equivale necesariamente a rendir cuentas bien. En muchos casos, la información fiscal existe, pero está dispersa en distintos documentos: cuentas anuales, informes de sostenibilidad, políticas fiscales, informes de gobierno corporativo, informes de auditoría o páginas web corporativas. Esa dispersión dificulta que los grupos de interés puedan entender de forma clara cuál es la posición fiscal de la compañía.

El nuevo estándar nace precisamente para ordenar esa información y elevar el nivel de exigencia. No se limita a preguntar si una empresa publica un documento, sino si la información es visible, accesible, actual, completa y útil. También incorpora dimensiones que antes estaban menos desarrolladas, como la supervisión del consejo, la identificación de riesgos fiscales, la explicación del tipo impositivo efectivo, la presencia en jurisdicciones no cooperativas o el posicionamiento público de la empresa en materia tributaria.

En definitiva, ya no basta con decir “tenemos una política fiscal” o “cumplimos con la ley”. La pregunta ahora es si un inversor, un regulador, un periodista o cualquier ciudadano puede entender cómo gobierna la empresa su fiscalidad, qué riesgos asume y cómo conecta todo eso con su responsabilidad corporativa.

Una empresa puede cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales y, aun así, no ser suficientemente transparente. ¿Dónde está la diferencia entre cumplimiento fiscal y rendición de cuentas fiscal?

La diferencia es fundamental. El cumplimiento fiscal tiene que ver con respetar la ley, presentar las declaraciones correspondientes, pagar los impuestos debidos y atender los requerimientos de las administraciones tributarias. Es una obligación legal y, por supuesto, el punto de partida de cualquier comportamiento responsable.

Pero la rendición de cuentas fiscal va más allá. Supone explicar de manera clara y accesible cuál es la política fiscal de la empresa, cómo se toman las decisiones, qué papel tienen el consejo y la alta dirección, qué riesgos fiscales se identifican, cómo se gestionan las controversias, dónde se generan los beneficios y dónde se pagan los impuestos.

Nosotros no analizamos si una empresa paga muchos o pocos impuestos ni sustituimos el papel de la Administración tributaria. Lo que analizamos es si la información pública permite a los grupos de interés entender la posición fiscal de la compañía. Una empresa puede estar cumpliendo escrupulosamente con Hacienda y, sin embargo, ofrecer una información pública muy limitada, dispersa o poco comprensible.

La transparencia fiscal no consiste en publicar todos los detalles técnicos de la estrategia tributaria ni en revelar información sensible. Consiste en ofrecer información suficiente para generar confianza. Y la confianza no se construye solo con cumplimiento legal, sino también con explicaciones claras, contexto y disposición a responder ante la sociedad.

En estos años también hemos visto que algunas multinacionales españolas se han situado entre las referencias europeas en transparencia fiscal. ¿Hasta qué punto han avanzado las empresas españolas en rendición de cuentas fiscal?

Ha habido un avance claro, aunque no homogéneo. En 2014 la mayoría de las empresas del IBEX 35 apenas ofrecían información relevante sobre su contribución fiscal, sus riesgos, su presencia en jurisdicciones de baja tributación o sus criterios de actuación. Hoy existe un grupo de compañías españolas que no solo ha mejorado de forma notable, sino que se sitúa entre las referencias europeas en transparencia fiscal.

Ese liderazgo no surge de la nada. En España se empezó a trabajar sobre transparencia fiscal con bastante antelación respecto a los grandes marcos internacionales. Nuestro primer informe es de 2014, cinco años antes de que GRI lanzara el estándar GRI 207 sobre fiscalidad. Esa anticipación ayudó a generar un lenguaje común, a identificar indicadores y a crear incentivos reputacionales antes de que la fiscalidad se consolidara internacionalmente como una dimensión de la información no financiera.

Los informes generan comparación, visibilidad e incentivos reputacionales. Las empresas observan su posición, se comparan con sus pares y tratan de mejorar. Además, al identificar buenas prácticas, ayudan a difundirlas y a elevar el estándar del conjunto.

El reconocimiento del progreso de las empresas españolas también aparece en estudios internacionales recientes. El Tax Transparency Benchmark 2025 de VBDO/PwC sitúa a España como el país con mejor resultado medio después de Países Bajos: las compañías neerlandesas alcanzan una media del 54% y las españolas del 51%, por delante de Italia, Dinamarca, Francia, Alemania, Bélgica y Suecia. Además, Repsol aparece empatada en el primer puesto del ranking europeo, junto a Philips y Enel.

Ahora bien, no deberíamos confundir la existencia de empresas líderes con un avance generalizado. El informe que presentamos muestra que el IBEX avanza a dos velocidades: hay compañías muy avanzadas, capaces de competir con las mejores prácticas europeas, y otras que todavía ofrecen una información más formal, dispersa o insuficientemente explicada. El reto ahora es reducir esa distancia.

Si algunas empresas españolas están ya entre las más avanzadas en transparencia fiscal, ¿dónde están ahora los principales retos?

El principal reto es pasar de una transparencia basada en la publicación de documentos a una transparencia basada en la explicación. Muchas empresas ya publican políticas fiscales, informes de sostenibilidad, datos de contribución tributaria o referencias a sus sistemas de control. Eso es positivo, pero no siempre permite entender con claridad cómo se toman las decisiones fiscales, qué riesgos existen, cómo se supervisan o cómo se interpreta la contribución real de la compañía.

Hay tres desafíos especialmente importantes. El primero es la ordenación de la información: en muchas empresas los datos fiscales existen, pero están dispersos entre distintos documentos, lo que reduce su utilidad para los grupos de interés.

El segundo reto es el contexto. Las cuestiones fiscales son complejas y no siempre fáciles de interpretar. Un dato aislado sobre impuestos pagados, tipo efectivo, beneficios en una jurisdicción o presencia en determinados territorios puede ser mal entendido si no se explica adecuadamente. Cuando falta contexto, aumenta el riesgo de interpretaciones simplistas y de alimentar lo que podríamos llamar populismo fiscal: lecturas que reducen una realidad técnica y compleja a titulares fáciles, pero poco rigurosos.

El tercer reto es la gobernanza. La fiscalidad responsable debe estar supervisada al máximo nivel, por el consejo y sus comisiones, y esa supervisión debe poder comprobarse. No se trata solo de decir que existe una política fiscal aprobada, sino de mostrar cómo se aplica, quién la controla y qué mecanismos garantizan su cumplimiento.

La siguiente frontera es, por tanto, la calidad de la rendición de cuentas. Las empresas líderes no serán solo las que publiquen más información, sino las que consigan que esa información sea más comprensible, comparable y útil para entender su contribución real a la sociedad.

Hablaba antes del riesgo de que la falta de contexto alimente interpretaciones simplistas o populismo fiscal. ¿Por eso el nuevo estándar incorpora indicadores sobre diálogo con los grupos de interés y posicionamiento público en materia fiscal?

Exactamente. Si aceptamos que la fiscalidad es una materia compleja y que los datos fiscales pueden ser fácilmente malinterpretados cuando se presentan sin contexto, entonces la transparencia no puede limitarse a publicar información ni a cumplir con la Administración tributaria. Tiene que incluir también una dimensión de explicación, diálogo y posicionamiento público.

La relación con la Administración tributaria es esencial, pero no agota la responsabilidad fiscal de una gran empresa. La contribución tributaria interesa también a accionistas, inversores, empleados, clientes, proveedores, medios de comunicación, sociedad civil y ciudadanos. Todos ellos tienen expectativas legítimas sobre cómo contribuye una compañía al sostenimiento de los servicios públicos y al desarrollo de los territorios en los que opera.

De ahí que el estándar incorpore estos indicadores. Queremos saber si la empresa se limita a publicar documentos técnicos o si explica de manera comprensible cuáles son los principios que guían su comportamiento fiscal, cómo escucha a sus grupos de interés y qué posición mantiene ante cuestiones como la seguridad jurídica, la estabilidad normativa, la presión fiscal, la competencia entre jurisdicciones o la fiscalidad y la sostenibilidad.

Esto no significa que las empresas deban entrar en debates partidistas ni pronunciarse sobre cada reforma tributaria. Significa que deben contribuir a un debate público más informado. Las grandes compañías tienen experiencia, datos y conocimiento suficiente para ayudar a elevar la calidad de la conversación fiscal. Si no lo hacen, el espacio lo ocuparán discursos simplificados, muchas veces construidos sobre datos parciales o lecturas incompletas.

Además, el diálogo con los grupos de interés no es solo una herramienta de comunicación externa. También ayuda a mejorar la rendición de cuentas, porque permite saber qué información interesa, qué dudas existen y qué aspectos de la política fiscal generan más preocupación. La transparencia no consiste únicamente en publicar; también implica escuchar, explicar y responder.

¿Cuál sería el mensaje que le trasladaría a las empresas que todavía tienen margen de mejora en transparencia fiscal?

Que la transparencia fiscal no es una carga ni un riesgo, sino una oportunidad. Las empresas que explican bien cómo gobiernan su fiscalidad, qué riesgos gestionan y cómo contribuyen a los territorios donde operan generan más confianza entre sus grupos de interés y se posicionan mejor ante reguladores, inversores y sociedad.

El camino ya está trazado. Existen estándares, referencias y buenas prácticas. Lo que falta en algunos casos es voluntad de dar el paso: pasar de cumplir con lo mínimo exigido a comunicar con claridad y convicción. Las empresas que lo hagan no solo mejorarán su reputación; también contribuirán a un debate fiscal más informado y a una sociedad más capacitada para valorar la contribución real del sector empresarial.