El mapa del dato público: qué podemos saber (y exigir) hoy

Sin embargo, como advierte María Álvarez del Vayo, periodista de Civio, la existencia de estos portales no garantiza por sí sola una transparencia efectiva si los datos que contienen no son realmente relevantes ni reutilizables.

Cuando los datos están bien publicados y accesibles mediante APIs, la transparencia deja de ser simbólica: se vuelve verificable. Es posible saber cómo se distribuye el gasto público, dónde se agravan los problemas ambientales o qué resultados ofrecen determinadas políticas.

No obstante, Álvarez del Vayo señala que, en la práctica, muchos portales sirven más para “marcar la casilla de la transparencia” que para facilitar un control ciudadano real, ya que suelen priorizar conjuntos de datos secundarios mientras la información clave, como la contratación pública, permanece fragmentada o incompleta.

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Qué son los portales de datos abiertos y por qué importan

Un portal de datos abiertos es un sitio donde las administraciones publican información en formatos reutilizables para que pueda ser analizada, combinada y reutilizada por la ciudadanía, los medios o la sociedad civil. Su fundamento está estrechamente ligado al marco legal español.

Como explica Ricardo Curto Rodríguez, profesor de la Universidad de Oviedo y especialista en portales autonómicos de datos abiertos y rendición de cuentas, la Ley 19/2013 de transparencia define con bastante claridad qué información debe hacerse pública, especialmente en materia institucional, jurídica y económica.

El problema, según subraya Curto, aparece en el “cómo”. Aunque la ley recomienda —pero no obliga— a publicar la información en formatos reutilizables, muchas comunidades autónomas han optado por cumplir el requisito legal utilizando archivos PDF o páginas HTML con escaso valor para el análisis. Estos repositorios cumplen formalmente la norma, pero limitan enormemente la reutilización de los datos y, con ello, su utilidad para la fiscalización ciudadana.

Los datos clave para el control ciudadano

Al clasificar la información, hay tres bloques que son los que más impacto tienen a la hora de valorar la actividad de los organismos públicos. El primero son los datos presupuestarios y de gasto público, las partidas por programa, contratos, transferencias o pagos. Son la base para rastrear el uso del dinero público y para detectar desviaciones o prioridades políticas.

El segundo bloque agrupa los datos ambientales y de infraestructuras: calidad del aire, consumo energético municipal, mapas de riesgo o localización de instalaciones esenciales. Con ellos pueden evaluarse políticas de sostenibilidad.

El tercer bloque son los datos sociales y de servicios públicos. Incluyen información sobre el empleo, listas de espera sanitarias, indicadores educativos o cobertura de servicios sociales. Son esenciales para evaluar la equidad y los resultados de las políticas. Cuando se unen a datos demográficos, permiten analizar las desigualdades por barrios, procedencia, etc.

Según Ricardo Curto Rodríguez, el verdadero salto cualitativo se produce cuando esta información no solo está disponible, sino que se ofrece en formatos que permiten su agregación y tratamiento automatizado. “¿De qué sirve la información si no puede combinarse con otros datos o alimentar herramientas de análisis?”, plantea el investigador, subrayando que sin calidad técnica no hay participación ni colaboración real, dos pilares esenciales del gobierno abierto.

Acceso para todos… y datos que se puedan usar

Para que los datos sean realmente útiles, no basta con publicarlos en línea. Deben ser comprensibles, estar bien documentados y ofrecerse en formatos reutilizables. En este punto, María Álvarez del Vayo insiste en que el primer requisito es cumplir con lo básico: publicar de forma sistemática la información que ya es obligatoria por ley, especialmente en contratación pública, subvenciones y convenios, y hacerlo de manera clara y accesible.

Curto Rodríguez añade una mirada complementaria desde el ámbito académico. En sus estudios sobre portales autonómicos de datos abiertos, ha observado que, aunque con el tiempo las comunidades tienden a parecerse entre sí en el uso de los portales de transparencia, las diferencias son mucho más marcadas cuando se analizan los portales de datos abiertos. Estos últimos, al emplear licencias libres y formatos reutilizables, son los que realmente permiten ejercer control ciudadano, pero su desarrollo es muy desigual entre territorios.

Para superar estas barreras hay que invertir en gobernanza del dato, ponerse de acuerdo para utilizar unos estándares comunes y formar a personal técnico, así como contar con marcos normativos que garanticen la publicación regular y con calidad.

Calidad, homogeneidad y retrocesos recientes

La falta de homogeneidad sigue siendo uno de los principales obstáculos. Desde Civio, Álvarez del Vayo explica que gran parte del trabajo de análisis se pierde en limpiar y normalizar datos que deberían ser comparables desde el origen. Un ejemplo claro es la contratación pública, donde cada comunidad ha utilizado criterios distintos para clasificar contratos urgentes, dificultando cualquier análisis a escala estatal.

Desde la investigación académica, Curto Rodríguez aporta datos que refuerzan este diagnóstico. A partir de un indicador propio de transparencia en formatos reutilizables —basado en la Ley 19/2013 y en el modelo de cinco estrellas de Tim Berners-Lee—, su equipo ha detectado grandes diferencias entre comunidades autónomas.

Los resultados de diciembre de 2023 muestran no solo una brecha importante entre territorios, sino también un retroceso general respecto a años anteriores. Solo cuatro comunidades lograron mantener su nivel sin descensos, lo que demuestra que tan importante como poner en marcha iniciativas es mantenerlas actualizadas en el tiempo.

Proyectos que marcan la diferencia

Entre las iniciativas más útiles se encuentran las plataformas de seguimiento del gasto, herramientas dentro de portales de datos abiertos municipales que permiten ver los presupuestos y la ejecución de partidas para seguir en qué se gasta cada euro.

Iniciativas como ¿Dónde van mis impuestos?, impulsada por Civio, permiten a la ciudadanía comprender mejor cómo se utiliza el dinero público y facilitan la vigilancia democrática.

En España el portal nacional datos.gob.es centraliza miles de conjuntos publicados por administraciones de distinto nivel y fomenta estándares comunes. A nivel local, Barcelona y Madrid ofrecen algunos de los registros más completos, con datos sobre movilidad, medio ambiente o servicios sociales. En Europa, data.europa.eu facilita la búsqueda de información estadística, económica o ambiental de los países miembros.

Aunque no siempre es una ‘plataforma’ en sentido estricto, ya que también hay proyectos como OpenSpending, que recopila datos de presupuesto y gasto para facilitar la visualización y el análisis por parte de periodistas, activistas y ciudadanos, y que ha servido como base para investigaciones sobre finanzas públicas en diversas regiones.

Lecciones y riesgos futuros

Cuando los datos son buenos, la ciudadanía está más informada y se vuelve más participativa. Pero el riesgo de desigualdad digital persiste si solo unos pocos actores con capacidad técnica pueden aprovecharlos.

Ricardo Curto Rodríguez propone avanzar hacia una mayor estandarización: clarificar la normativa técnica a nivel estatal, consensuar contenidos mínimos entre comunidades autónomas y mejorar los propios portales con buscadores potentes, formatos reutilizables y compromisos claros de actualización. Solo así, los datos abiertos dejarán de ser una promesa para convertirse en una herramienta de rendición de cuentas y control ciudadano efectivo.