Fundación Haz abre una nueva etapa en la transparencia fiscal con su estándar 2026

El nuevo estándar no supone una ruptura con el trabajo desarrollado desde 2014, pero sí una evolución relevante en la forma de interpretar la transparencia fiscal empresarial. Si en los primeros años el reto consistía en incorporar la fiscalidad a la agenda del buen gobierno y la responsabilidad corporativa, el contexto actual exige ir un paso más allá: ordenar mejor la información, explicar su significado y hacerla útil para inversores, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil y demás grupos de interés.

La aplicación del estándar 2026 muestra que las empresas del IBEX 35 han avanzado de forma significativa en la publicación de información fiscal. El informe constata que existe ya una base relevante de políticas, compromisos, sistemas de control y datos públicos sobre contribución tributaria. Sin embargo, también revela que ese avance sigue siendo desigual: casi el 55% de las valoraciones empresa-indicador alcanza el cumplimiento total, mientras que el 24% cumple parcialmente y el 21% no cumple con los requisitos del nuevo estándar.

Esta distribución refleja una conclusión central del informe: la transparencia fiscal no parte de cero en el IBEX 35, pero tampoco puede considerarse plenamente consolidada. En muchos casos, la información existe, pero aparece dispersa en distintos documentos corporativos, resulta incompleta o no ofrece suficiente contexto para que los grupos de interés puedan comprender la posición fiscal de la compañía.

Según Javier Martín Cavanna, coautor del informe, “la fiscalidad responsable ya forma parte del lenguaje del buen gobierno y de la sostenibilidad empresarial. El reto actual no es solo que las empresas publiquen información fiscal, sino que esa información permita entender cómo gobiernan su fiscalidad, qué riesgos identifican, cómo los supervisan y cómo explican su contribución a la sociedad”.

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Un estándar para una nueva etapa

El estándar 2026 analiza la información fiscal de las empresas a partir de ocho áreas y dieciséis indicadores. Entre otros aspectos, evalúa la política o estrategia fiscal, la supervisión del consejo de administración, la gestión de riesgos fiscales, los litigios, la declaración país por país, el tipo impositivo efectivo, la presencia en jurisdicciones no cooperativas, la sostenibilidad fiscal, la relación con el auditor externo, la relación con la autoridad tributaria y la interacción con los grupos de interés.

Una de las principales novedades del estándar es precisamente la incorporación de indicadores que refuerzan la dimensión pública y relacional de la fiscalidad: el diálogo con los grupos de interés y el posicionamiento público de la empresa en materia fiscal. Con ello, Fundación Haz subraya que la transparencia fiscal ya no puede limitarse a publicar documentos técnicos o a declarar compromisos generales de cumplimiento normativo.

El informe señala que la fiscalidad es una materia cada vez más relevante en el debate sobre la confianza empresarial, la sostenibilidad y la contribución de las compañías al desarrollo de los territorios donde operan. Por eso, la calidad de la información fiscal no depende únicamente de que los datos estén disponibles, sino también de que sean visibles, accesibles, actuales, completos y comprensibles.

Mejor desempeño en lo formal que en lo explicativo

Los resultados del informe muestran un patrón claro: las compañías del IBEX 35 obtienen mejores resultados en los indicadores más formales, documentales o procedimentales, y presentan más dificultades en aquellos que exigen explicación, contexto o conexión con la práctica empresarial.

Así, los mayores niveles de cumplimiento se observan en ámbitos como la publicación de la política fiscal, con un 91% de cumplimiento total; la adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias, con un 83%; la gestión y control de riesgos fiscales, con un 77%; o la información sobre precios de transferencia, con un 71%.

En cambio, los resultados son más bajos en indicadores que requieren una explicación más concreta o sensible. Solo el 34% de las empresas cumple totalmente en la información sobre litigios fiscales; el 43% lo hace en beneficio y tipo impositivo efectivo; el 46% en presencia en paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperativas; el 37% en participación de grupos de interés en materia fiscal; y el 23% en posicionamiento público sobre fiscalidad y responsabilidad fiscal.

Esta diferencia muestra que muchas empresas han avanzado en la formalización de sus compromisos fiscales, pero aún deben reforzar la rendición de cuentas sobre su aplicación práctica. La publicación de una política fiscal o la adhesión a códigos de buenas prácticas constituyen bases relevantes, pero el nuevo estándar exige además explicar cómo se aplican esos principios, qué órganos intervienen, qué riesgos se identifican y cómo se interpreta la contribución tributaria de la compañía.

Un IBEX 35 a dos velocidades

El informe también evidencia que el avance del IBEX 35 no es homogéneo. Junto a compañías que todavía presentan márgenes de mejora relevantes, existe un grupo de empresas españolas que se sitúa entre las referencias europeas en transparencia y responsabilidad fiscal.

Este liderazgo no es casual. Fundación Haz comenzó a analizar la transparencia fiscal del IBEX 35 en 2014, varios años antes de que la fiscalidad se incorporara formalmente a algunos de los principales marcos internacionales de información en sostenibilidad. Esa anticipación contribuyó a generar un lenguaje común, identificar indicadores, visibilizar buenas prácticas y crear incentivos reputacionales para mejorar la rendición de cuentas fiscal.

La existencia de compañías españolas avanzadas, sin embargo, no debe confundirse con un progreso uniforme del conjunto del índice. El nuevo estándar permite apreciar mejor esa diferencia: algunas empresas ofrecen información amplia, ordenada y contextualizada, mientras que otras mantienen contenidos más fragmentarios, genéricos o insuficientemente explicados.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en elevar el nivel medio de transparencia fiscal, sino también en reducir la distancia entre las compañías más avanzadas y aquellas que todavía no han integrado plenamente la fiscalidad en su comunicación pública, su relación con los grupos de interés y su rendición de cuentas.

La fiscalidad como conversación pública

La incorporación de indicadores sobre diálogo con grupos de interés y posicionamiento público responde a una preocupación creciente: en materia fiscal, la ausencia de contexto puede alimentar lecturas simplificadas o incompletas. Un dato aislado sobre impuestos pagados, tipo efectivo, beneficios en una jurisdicción o presencia en determinados territorios puede ser difícil de interpretar si no se acompaña de una explicación adecuada.

Por ello, el informe subraya que las empresas no solo deben publicar cifras, sino ayudar a entenderlas. La transparencia fiscal avanzada exige explicar por qué el tipo impositivo efectivo puede diferir del nominal, qué relación existe entre beneficios e impuestos pagados, qué función cumplen determinadas sociedades en el exterior, cómo se gestionan los litigios fiscales o de qué modo se conecta la contribución tributaria con la sostenibilidad y el impacto social de la compañía.

Como señala Javier Martín Cavanna, “la transparencia fiscal no consiste en revelar todos los detalles técnicos de la estrategia tributaria ni en sustituir el papel de la Administración. Consiste en ofrecer información suficiente para generar confianza. Y la confianza no se construye solo con cumplimiento legal, sino también con explicaciones claras, contexto y disposición a responder ante la sociedad”.

Una nueva línea de base para medir la evolución futura

Fundación Haz plantea el estándar 2026 como una nueva línea de base para futuras evaluaciones. Su aplicación permite identificar avances, brechas y prioridades de mejora, pero también marca un nivel de exigencia superior al de aproximaciones centradas únicamente en la existencia de información.

Desde esta perspectiva, los resultados no deben interpretarse como una fotografía estática, sino como elpunto de partida de una nueva fase. La transparencia fiscal empresarial ha dejado de ser una cuestión limitada al cumplimiento normativo o a la relación bilateral con la Administración tributaria. Hoy forma parte del debate sobre la confianza, la legitimidad social de la empresa y la calidad de su contribución al interés general.

Doce años después del primer informe de Fundación Haz, la fiscalidad responsable ya no necesita reclamar su lugar en la agenda corporativa. El desafío ahora es más exigente: que las empresas sean capaces de explicar con claridad, coherencia y contexto cómo contribuyen, dónde lo hacen y qué principios orientan sus decisiones fiscales.