“No se puede dar la callada por respuesta cuando un ciudadano pide información”

Campos asume la presidencia con una hoja de ruta centrada en fortalecer la capacidad institucional del Consejo, mejorar los niveles de cumplimiento de la publicidad activa y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

También sitúa entre sus prioridades la cooperación con otros órganos garantes, el uso responsable de la inteligencia artificial y la transparencia como herramienta frente a la corrupción y la opacidad.

En conversación con Revista Haz, la nueva presidenta reivindica una Administración más clara, accesible y obligada a responder: “No podemos dar la callada por respuesta cuando un ciudadano se acerca a la Administración pública a pedir información”.

Como fundadora de Mujeres en el Sector Público, una entidad que trabaja para dar visibilidad a las mujeres en puestos de responsabilidad, ¿qué supone para usted asumir la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

Diría que es una oportunidad extraordinaria para predicar con el ejemplo. Desde Mujeres en el Sector Público siempre hemos defendido la importancia de que haya mujeres en puestos de responsabilidad, de que se visibilice su presencia y de que, desde esas posiciones, resulte más fácil cambiar las cosas y contribuir a transformarlas.

Desde el punto de vista de la titularidad de la Presidencia de una autoridad garante como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es siempre una buena noticia que esté al frente una persona con perfil profesional y en este caso, además, también lo es la visibilidad de una mujer.

Resulta curioso porque este organismo ya estuvo liderado por una mujer, su primera presidenta, Esther Arizmendi, a quien me gustaría recordar. Tenía un gran carisma y creo que fue un ejemplo de cómo podía desarrollarse esa presidencia desde el liderazgo de una mujer.

Su predecesor logró reforzar el CTBG con más inversión económica y más personal. ¿Considera que la institución cuenta actualmente con los medios adecuados para cumplir sus funciones o necesita más refuerzo?

José Luis Rodríguez hizo un trabajo extraordinario y reforzó de manera muy importante la capacidad institucional del Consejo, pero no es suficiente. El Consejo, con los medios que tiene, realiza un trabajo admirable, pero nos gustaría ser más. Por dar una cifra, en 2025 el Consejo resolvió 2.234 reclamaciones, además de las evaluaciones realizadas a 393 sujetos obligados, las 196 consultas sobre la aplicación de la ley o las 1.083 peticiones de información.

Cada año tenemos más actividad. Se incrementa el número de reclamaciones presentadas por la ciudadanía y, además, necesitamos adaptarnos a nuevas necesidades, como las vinculadas a la tecnología. Creo que hacemos mucho, pero también vamos necesitando más recursos.

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Como autoridad independiente, ¿cree que el Consejo cuenta con todas las garantías necesarias para estar protegido frente a presiones políticas y administrativas?

En mi opinión, el Consejo de Transparencia es y trabaja claramente como una autoridad administrativa independiente, sin ningún tipo de limitación en el ejercicio de sus funciones.

Todas las personas que forman parte del Consejo desarrollan su trabajo con total independencia y autonomía, desde un criterio puramente profesional.

Cuestión distinta es que, en la medida de lo posible, queramos mantener abiertas todas las vías de comunicación con las instituciones. Nuestro objetivo es siempre impulsar el cumplimiento de la transparencia, y eso resulta más fácil desde el diálogo que desde posiciones muy enfrentadas.

En el momento actual, creo que el Consejo no presenta ninguna característica que limite su independencia en el desempeño de sus funciones, ni en su configuración normativa ni en su organización.

En relación con la cooperación interinstitucional, ¿cuál es su visión para mejorar la colaboración entre todos los órganos garantes de la transparencia?

La puesta en marcha de la COTAI, la Conferencia de Órganos Garantes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue una gran noticia para todos los que defendemos la transparencia como uno de los valores nucleares de nuestro Estado y del funcionamiento de la Administración.

Recordemos que hay una ley básica que se aplica en todo el territorio y nos concierne a todos de la misma manera. Pero también existen leyes autonómicas, y es cierto que cada comunidad realiza su propio desarrollo, aunque dentro del marco de la ley estatal.

Por eso, si conseguimos poner en común recursos y socializar costes, creo que podremos maximizar mucho los resultados de nuestra actividad conjunta. Estoy convencida, además, de que será así.

En su comparecencia parlamentaria con motivo de su nombramiento defendió el refuerzo de la transparencia. ¿Qué actualizaciones de la Ley 19/2013 considera más urgentes?

Creo que dotar al Consejo de poderes coercitivos, de una potestad sancionadora que ojalá no tengamos que ejercer y que solo podamos utilizar en su dimensión disuasoria, sería desde luego una muy buena noticia.

Evidentemente, el Consejo resuelve, estima reclamaciones y garantiza el derecho a saber de las personas que reclaman. Pero esa garantía nunca puede ser completa si no contamos con alguna fórmula para asegurar el cumplimiento de nuestras resoluciones.

Por otra parte, habría que actualizar la publicidad activa, tanto para adaptarnos al mundo digital como para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la automatización. Se trata de evitar que la transparencia siga siendo vista como una carga, como la obligación de subir un PDF o determinada documentación.

Además, deberíamos contar con un reglamento que nos permita desarrollar la ley. A partir de ahí, habría que ampliar mucha más información, porque las administraciones públicas generamos una gran cantidad de información pública —y, por tanto, de libre acceso— que no debería exigir que alguien tuviera que pasar por la tramitación de un procedimiento de solicitud.

En definitiva, se trataría de simplificar y potenciar la publicidad activa y el acceso a la información pública.

En la actualidad política, la corrupción ocupa un lugar destacado debido a los juicios que se están celebrando. ¿Cómo afectan estos casos a la percepción de la transparencia como antídoto frente a la corrupción?

Pensemos que la transparencia afecta a áreas de riesgo como la contratación pública, identificada precisamente como uno de los ámbitos con mayor riesgo de corrupción.

Como decía Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor desinfectante”, así que si toda esa información estuviera disponible en formato abierto y reutilizable, permitiría un escrutinio real sobre qué se hace, qué no se hace, cómo se destinan los recursos públicos, cuál es la información económica y presupuestaria o cómo se ejecuta el gasto público, que también está sujeto a obligaciones de publicidad activa.

Ese monitoreo por parte de la sociedad civil ayudaría, sin ninguna duda. El hecho de saber que la información se publica y que es accesible para periodistas, ciudadanía y órganos garantes genera también un efecto disuasorio. Por eso, la transparencia es un muy buen antídoto frente a la corrupción.

En mi opinión, la opacidad genera siempre reductos asociados a la impunidad. En ese sentido, me gusta mucho una frase de la serie Yes, Prime Minister: “Si la gente no sabe lo que haces, no sabrá lo que haces mal”. Asegurémonos de que todos sepamos qué se hace.

En relación con las nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, ¿qué riesgos y oportunidades suponen para la transparencia?

Creo que la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular tienen mucho que aportar. Riesgos, por supuesto que sí, pero pensemos también en las oportunidades, que pueden ser extraordinarias.

Por ejemplo, la posibilidad de automatizar las publicaciones que se envían al Portal de Transparencia, evitando los Excel de los contratos menores; simplificar la carga de tramitación interna, liberando tiempo de trabajo de los empleados públicos para otras cuestiones; o facilitar un lenguaje claro, sencillo y accesible.

Porque la transparencia no consiste en subir un PDF de 200 páginas, sino en ofrecer información que un ciudadano de a pie pueda comprender.

Antes comentábamos que siempre hacen falta más recursos y que, en muchos casos, la transparencia y las obligaciones derivadas de ella se perciben como una carga administrativa. Pero si existe un buen plan de uso y una buena cultura de implantación de la inteligencia artificial y de la tecnología, creo que podremos mejorar y cumplir esa máxima de hacer más con menos.

En cuanto al derecho de acceso, ¿cuáles cree que son las principales barreras que encuentran los ciudadanos?

En el ámbito del derecho a saber, me parece que tenemos que corregir el elevado número de resoluciones por silencio. Creo que el ciudadano se merece siempre una respuesta.

Como jurista y experta en Derecho Administrativo, llevo toda la vida defendiendo que el silencio administrativo no debe ser una forma de resolver un procedimiento; mucho menos cuando alguien solicita acceso a la información.

Para mí, eso es una barrera terrible. Puede que no haya que dar la información, o que opere un límite o una causa de inadmisión, pero debe argumentarse y denegarse, en su caso. No podemos dar la callada por respuesta cuando un ciudadano se acerca a la Administración pública a pedir información.

Luego hay otras barreras más indirectas que también me preocupan mucho, como la falta de conocimiento o la falta de tiempo. En muchos casos, pienso que detrás del silencio encontramos administraciones absolutamente saturadas de trabajo y de cargas administrativas, que optan por dedicar los recursos a otras finalidades y no a resolver las solicitudes de acceso.

Desde el Consejo queremos trabajar mucho en la concienciación, la divulgación, la información y la actualización de los criterios interpretativos. Por eso hemos retomado los seminarios de transparencia, precisamente para acercar los temas de actualidad, mantener abiertas las puertas con toda la comunidad y con el ecosistema de la transparencia, y estar atentos a qué líneas de trabajo pueden ser las mejores.

Para terminar, ¿qué le gustaría dejar como legado de su mandato como presidenta del CTBG?

Por una parte, me gustaría que el Consejo tuviera mayor capacidad institucional, reforzándolo tanto con medios y recursos como con capacidades y competencias.

Por otra, mejorar los niveles de cumplimiento normativo. Nosotros, además de resolver reclamaciones en materia de acceso, también evaluamos la publicidad activa. Me gustaría que los datos fueran mejorando, que disminuyeran las resoluciones por silencio y que mejoraran los niveles de cumplimiento tanto en publicidad activa como en publicidad pasiva.

Y, por supuesto, dentro de ese refuerzo de la capacidad institucional, me gustaría que pudiéramos contar con una ley actualizada en todos estos ámbitos y con un reglamento de desarrollo que nos permita abordar los detalles que requiere el despliegue de la actividad del organismo. En definitiva, un Consejo más fuerte y mejores datos de cumplimiento.

¿Hay algo más que le gustaría destacar?

Simplemente, que el Consejo cuenta con un gran equipo humano, con personas que hacen un gran trabajo desde todas las subdirecciones y desde el propio Gabinete de Presidencia.

Todas las personas que se encargan de la tramitación dedican su tiempo y sus esfuerzos a colaborar y a mejorar los niveles de transparencia.

Creo que es importante poner en valor a las personas que forman parte de las instituciones, porque a veces parece que no hay nadie detrás. Pero me gusta recordar que las personas son el alfa y el omega de todo.