La primera Declaración de Deberes Digitales delimita responsabilidades en internet

La propuesta complementa la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno en 2021. Si aquella definía los derechos que debían protegerse en el entorno digital, esta nueva Declaración pone el foco en las obligaciones concretas de administraciones públicas, plataformas digitales, empresas y ciudadanía para asegurar su cumplimiento efectivo.

El texto parte de un principio de responsabilidad proporcional: cuanto mayor es la capacidad de influencia de un actor en el ecosistema digital, mayor debe ser también su nivel de exigencia. Esa aproximación se traduce en responsabilidades diferenciadas para poderes públicos, plataformas y prestadores de servicios digitales, empresas y particulares.

Sobre esta base de responsabilidad graduada, la Declaración organiza deberes específicos en ámbitos como la ciberseguridad, la protección de datos, la identidad digital, la libertad de expresión, la protección de menores o el uso responsable de la inteligencia artificial.

Entre sus aportaciones más relevantes, el texto subraya que las mayores exigencias deben recaer sobre los actores que tienen mayor capacidad de condicionar el ejercicio de derechos, en especial las grandes plataformas y prestadores de servicios digitales. También incorpora referencias específicas a cuestiones emergentes como los neurodatos, la protección reforzada de los menores en entornos digitales y el uso de la inteligencia artificial con criterios de transparencia, supervisión humana y control del riesgo.

Un decálogo de compromisos

El documento incluye el siguiente decálogo de compromisos dirigido a las plataformas, las administraciones y las empresas:

1. El mayor poder e influencia de las plataformas y grandes prestadores se traduce en más responsabilidad y responsabilidades más exigentes.
2. Las administraciones deben asegurar conectividad asequible, sin brechas.
3. Asegurar servicios públicos digitales accesibles y alternativas para garantizar el acceso efectivo.
4. Las administraciones, empresas y plataformas deben impulsar la alfabetización digital
5. Las administraciones, empresas y plataformas deben proteger y tratar los datos con licitud, minimización y transparencia.
6. Reforzar la ciberseguridad como estándar de confianza tanto por los poderes públicos como por los prestadores, en especial las plataformas.
7. Evitar sesgos y discriminaciones en decisiones automatizadas, además de garantizar intervención humana cuando haya efectos relevantes.
8. Debe protegerse la suplantación de identidades. Debe permitirse el uso de seudónimos salvo necesidad legal o de seguridad.
9. Las plataformas deben garantizar la libertad de expresión con moderación responsable y transparente, a la vez que deben actuar frente a lo ilícito con diligencia.
10. Los servicios accesibles a menores deben tener una protección reforzada.  El uso de neurodatos debe evitar discriminación y manipulación ilícita. La IA debe aplicarse con supervisión humana y límites normativos claros.

“Hemos querido responder a una pregunta que hasta ahora seguía sin resolverse: quién responde cuando en el entorno digital se vulneran derechos. Sin una atribución clara de responsabilidades, los derechos corren el riesgo de quedarse en una formulación declarativa”, explica Carlos López Blanco, coordinador y autor principal del documento.

“Durante años hemos hablado de derechos digitales sin resolver quién responde cuando esos derechos se vulneran. Esta Declaración llena ese vacío y propone un criterio claro, a mayor capacidad de control, mayor responsabilidad”, señala Beatriz Escriña, subdirectora general de la Fundación Hermes.

La Declaración, coordinada por Carlos López Blanco, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y presidente de Fundación ESYS, ha contado como ponentes con Margarita Castilla, catedrática de Derecho Civil, y José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo.

Entre los expertos participantes destaca también José María Lassalle, doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y ex secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital, junto a otros especialistas del ámbito jurídico, tecnológico y académico.

En total, el documento ha contado con la colaboración de más de 30 expertos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar una digitalización más responsable y centrada en los derechos de las personas.