¿Está tu empresa preparada? Así cambiará la Ley de Movilidad el trayecto al trabajo

A la luz de todos estos datos, la conclusión resulta evidente: nuestro país no avanzará en movilidad sostenible si no se aborda la forma en la que nos desplazamos a nuestro centro de trabajo. La Ley de Movilidad Sostenible aprobada en octubre del pasado año recoge este guante y dispone que, a partir del 5 de diciembre, las empresas y las entidades del sector público con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o de 100 por turno deben disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo.

López detalla sus claves principales: “Los planes exigen negociación con la representación legal de los trabajadores, un diagnóstico real del centro y de cómo se mueve la plantilla y las personas que acuden o trabajan en el centro, incluyendo proveedores y clientes, y un principio de jerarquía que prioriza la movilidad activa, el transporte colectivo, las cero emisiones, la movilidad compartida y el teletrabajo”.

La experta avisa de que no estamos ante una mera declaración de “buenas intenciones”. “Existen dos obligaciones que cambian por completo el enfoque: hay que comunicar el plan, y también se tienen que publicar los resultados de su seguimiento periódico al EDIM—Espacio de Datos Integrado de Movilidad, la plataforma pública para compartir datos de movilidad en España entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras—. Eso convierte al plan en un compromiso vivo de mejora continua, no en un papel que se archiva”.

Pero, ¿qué resultados concretos se pueden espera de estos planes? ¿Podrán los empleados ampliar su jornada de teletrabajo o verse favorecidos por la instalación de más puntos de recarga para sus vehículos eléctricos en el parking de su oficina?

“Todo eso, y más”, responde López. “Pero para las organizaciones es difícil saber qué opciones existen y cómo acceder a ellas. Por eso creamos el Catálogo de Soluciones para Planes de Movilidad, con más de 30 medidas concretas y fácilmente integrables, incluyendo el diagnóstico de la situación y alternativas de movilidad compartida, transporte colectivo, electrificación o movilidad activa y saludable. Se trata de un catálogo vivo para pasar del análisis a la acción”, añade.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Menos coches y vuelos cortos, más tren: qué cambia la Ley de Movilidad Sostenible
– Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías
– IA y logística se dan la mano para lograr un transporte sostenible

Lo fundamental es aprovechar las posibilidades existentes para elaborar planes “con criterio, medidas concretas y seguimiento real. Esa es la clave para reducir costes, accidentes e impacto ambiental”. Para materializar este enfoque ya existen referencias consolidadas en el tejido corporativo, como la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad (OSM) de Merlin Hub, el centro de negocios que integra 40 edificios de Merlin Properties en el norte de Madrid.

El propósito de la OSM de la compañía inmobiliaria es ofrecer alternativas al transporte privado unipersonal. Para ello ha firmado acuerdos con operadores de carsharing (alquiler de vehículos), además de incentivar el carpooling (compartir coche), habilitar carriles bici e instalar cargadores eléctricos en todos sus aparcamientos.

Con esta misma visión integral destaca el Plan de movilidad al trabajo de Sanitas, uno de cuyos ejes centrales es la oferta de diversas rutas de autobús gratuito que conectan puntos clave de Madrid con las oficinas centrales de la compañía. La empresa también apuesta por el teletrabajo como una medida clave para reducir los desplazamientos diarios, favorecer la conciliación laboral y familiar y ofrecer una mayor flexibilidad de horario a su plantilla.

La compañía especializada en servicios sanitarios fomenta asimismo el uso de bicicletas eléctricas gratuitas para acceder a las oficinas centrales, subvenciona la adquisición de motos eléctricas para el personal y ha instalado 40 puntos de recarga gratuitos para coches eléctricos y otros 30 para patinetes y bicicletas eléctricas en sus centros.

Más allá de habilitar rutas o infraestructuras, el incentivo directo es otra vía en desarrollo. En este sentido es pionera Ingeteam, compañía especializada en sistemas de conversión eléctrica, que en el año 2016 se convirtió en la primera empresa de España en incentivar económicamente a sus empleados por ir a trabajar en bicicleta. En concreto, los trabajadores reciben un euro al día por desplazarse de esta manera a su oficina. También reciben descuentos para el mantenimiento y la compra de material de ciclismo.

Ingeteam colabora además con Urban Ciclo, empresa de transporte en bicicleta que se encarga de prestar el servicio de mensajería interna entre los centros de la compañía en la ciudad de Albacete.

De la obligación legal a la ventaja competitiva

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas para cumplir con la ley en el plazo previsto es la falta de certidumbre, una inquietud agravada por el inesperado acortamiento de los plazos normativos. Si bien inicialmente se establecía un margen de 24 meses para implementar los planes de movilidad sostenible, el periodo se redujo finalmente a 12 meses, obligando a las compañías a tenerlos aprobados antes del próximo 5 de diciembre.

Esta premura ha generado desconcierto respecto a quiénes están obligados a cumplir. “Nos llegan muchísimas dudas de las organizaciones: si les aplica, cómo empezar, qué ha de incluir el diagnóstico o cómo se comunica. Veo mucha confusión todavía”, señala López, que aclara el umbral exacto: “Es muy claro y muchas empresas no lo tienen identificado: si tu centro de trabajo tiene más de 200 personas, pero sobre todo si tienen más de 100 en un mismo turno, ya estás dentro. También afecta a los centros de alta actividad”.

A las dudas sobre la obligatoriedad se suma la escasez de herramientas prácticas. La directora de desarrollo advierte que el diagnóstico es una de las piezas clave “y el ‘cómo hacerlo bien y a tiempo’ genera bloqueo”. Para paliar esta situación, desde la plataforma están desarrollando materiales para evitar que “ninguna empresa se quede parada por falta de ayuda”.

En el lado positivo de la balanza, figuran las ayudas públicas diseñadas para facilitar esta transición. “El IDAE ha puesto en marcha el programa Innovae, para proyectos singulares e innovadores de ahorro y eficiencia energética, con una línea específica para movilidad sostenible. Es una vía real de financiación pública para empresas que quieran ir más allá del cumplimiento mínimo”, indica López. En concreto, esta iniciativa canalizará 115 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) para, según el IDAE, “desarrollar y comprobar la efectividad de las diversas opciones tecnológicas con proyectos reales, fomentando la innovación técnica en todos los ámbitos consumidores de energía”.

Más allá de la financiación institucional, el principal incentivo para las compañías radica en sus propios ahorros operativos. La experta recuerda que, por ejemplo, más de 5.000 polígonos industriales carecen de transporte público suficiente en la actualidad. “No disponer de soluciones de movilidad al trabajo tiene una relación directa con un mayor coste de contratación y absentismo”, afirma. Por ello, la implantación de estos planes supone una “oportunidad económica enorme” no solo para las organizaciones, sino también para los propios empleados, que soportan un gasto medio en desplazamientos de 3.800 euros anuales.

“Hay empresas que buscan cumplir la ley y empresas que la aprovechan. Un plan de movilidad bien hecho reduce costes, fideliza talento, protege de subidas del petróleo y cuida a las personas y al medio ambiente. Aunque la urgencia empuje, debemos aprovechar esta oportunidad como una ventaja competitiva real”, remarca la experta.