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Más empleo no significa igualdad: la brecha de las personas con discapacidad persiste
El Informe del mercado de trabajo de las Personas con discapacidad. Estatal. Datos 2025, elaborado por el SEPE, permite seguir con detalle esa evolución. Los principales indicadores mejoran: la afiliación a la Seguridad Social superó las 345.800 personas, la contratación se situó cerca de 275.900 contratos y el paro registrado bajó en más de 131.000 personas, el nivel más bajo de la última década.
En conjunto, la serie refleja una evolución favorable: más presencia en el empleo, más contratación y menos desempleo registrado.
Ese avance no basta, sin embargo, para describir la posición real de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El informe sitúa a este grupo en el 6,13% de la población en edad de trabajar, pero su peso en la afiliación se queda en el 1,6%. La diferencia entre ambas cifras apunta ya a una presencia laboral muy inferior a su peso demográfico.
La distancia se aprecia con más claridad al comparar las grandes tasas del mercado de trabajo. Actividad, empleo y paro siguen marcando una separación muy notable respecto a la población sin discapacidad. A partir de ahí, la cuestión deja de ser solo cuántas personas encuentran trabajo y pasa a ser también en qué condiciones acceden a él y hasta qué punto los avances recientes están ampliando de verdad el abanico de oportunidades.
El avance laboral no cambia la desigualdad de fondo
Desde 2016, la afiliación ha crecido con más intensidad que la media nacional y, tras el impacto de la crisis sanitaria, tanto la ocupación como la afiliación recuperaron una trayectoria ascendente.
El índice de rotación se sitúa por debajo del general, lo que introduce un matiz relevante: el aumento de la contratación no implica una circulación tan intensa por contratos sucesivos como la que se observa en el conjunto del mercado laboral.
Conviene tener en cuenta, también, que ocupación y afiliación no son magnitudes equivalentes. La primera incluye a toda persona que realiza una actividad remunerada, aunque esté temporalmente ausente de su puesto por vacaciones o incapacidad temporal, mientras que la segunda se refiere exclusivamente a quienes están dadas de alta en la Seguridad Social. La distinción ayuda a leer mejor una mejora que afecta a varios indicadores a la vez, pero no de forma idéntica.
Ahora bien, la evolución no es igual de sólida en todos los planos. Mientras la afiliación mantiene una trayectoria bastante estable, la serie de contratación muestra un recorrido más irregular: crecimiento hasta 2019, descenso durante la pandemia, recuperación posterior y descenso en los años siguientes, aunque en 2025 vuelve a repuntar.
Ese comportamiento sugiere que el avance no depende solo del número de contratos registrados, sino también de la capacidad de sostener el empleo en el tiempo.
Las personas con discapacidad representan el 6,1% de la población en edad de trabajar, pero solo el 1,6% de la afiliación, pese a la mejora de los principales indicadores laborales.
La brecha sigue siendo estructural
La desigualdad aparece con más claridad cuando el análisis se centra en la posición de las personas con discapacidad dentro del mercado de trabajo.
Ahí los datos del informe son claros: su participación laboral sigue muy alejada de la del resto de la población. La tasa de actividad se sitúa en el 35,4%, frente al 78,5% de quienes no tienen discapacidad; la tasa de empleo roza el 29%, frente al 69%; y la tasa de paro, se sitúa en el 18,5%, frente al 11%. La brecha en empleo alcanza así los 40,8 puntos.
Además, esa desigualdad no se reparte de forma homogénea. El informe describe un fuerte envejecimiento: casi tres cuartas partes de las personas con discapacidad en edad de trabajar tienen entre 45 y 64 años. En el paro registrado, el perfil predominante es el de una mujer mayor de 45 años y con escaso nivel formativo.
Otra capa del problema aparece en la duración del desempleo. Más de la mitad de las personas paradas con discapacidad están en paro de larga duración y una parte importante lleva más de dos años buscando empleo. Las mujeres tienen además un peso mayor en ese grupo. El dato desplaza el foco desde el acceso inicial al trabajo hacia otra barrera menos visible: la dificultad de volver al mercado laboral una vez se ha salido de él.
A esa dificultad para reengancharse se suma la del primer acceso. El 12,86% de las personas con discapacidad desempleadas figura en la categoría de “sin empleo anterior”, es decir, corresponde a quienes intentan incorporarse al mercado laboral por primera vez. No todo el problema está, por tanto, en volver al empleo tras una salida; una parte también está en la propia entrada.
Esa distancia se ve todavía mejor cuando el informe desagrega por edad, sexo y tipo de discapacidad. El grupo de 25 a 44 años es el más activo, mientras que entre los jóvenes de 16 a 24 años la tasa de paro roza la mitad. También hay diferencias según el tipo de discapacidad: la sensorial presenta la tasa de actividad más alta y la mental, la más baja.
A eso se suma una clara desigualdad territorial, con comunidades como Cantabria, Madrid o La Rioja por encima de la media nacional de actividad y otras, como Canarias o Asturias, por debajo.
La tasa de empleo de las personas con discapacidad roza el 29%, frente al 69% de quienes no tienen discapacidad, con una brecha en empleo de más de 40 puntos.
La calidad del empleo, otro límite de la inserción laboral
El informe permite ir un paso más allá y observar no solo cuánto empleo se crea, sino qué tipo de empleo se está generando. Ahí aparece una concentración muy acusada en el sector servicios, que reúne la inmensa mayoría tanto de la afiliación como de la contratación.
Dentro de ese bloque destacan actividades como los servicios a edificios y jardinería, las actividades administrativas y auxiliares, los servicios sociales, el comercio y la hostelería. La distribución dibuja así un acceso al empleo muy concentrado en unas pocas ramas de actividad.
Ese patrón sectorial tiene su reflejo en la calidad contractual. La contratación temporal sigue siendo claramente mayoritaria y la tasa de estabilidad queda por debajo de la general. A eso se suma el peso de la jornada parcial, especialmente entre las mujeres, cuya parcialidad duplica casi de forma sistemática la de los hombres a lo largo de la serie analizada. El resultado es una inserción laboral más expuesta a modalidades de empleo menos estables.
El reparto por ocupaciones refuerza esa misma idea. El grupo más numeroso es el de las ocupaciones elementales, seguido por los trabajos de restauración, servicios, protección y venta. Entre las ocupaciones con más contratos figuran personal de limpieza, peones de las industrias manufactureras, camareros asalariados, otro personal de limpieza y conserjes de edificios.
La foto cambia también cuando se observa la estabilidad del empleo ya consolidado. En las afiliaciones del Régimen General vinculadas a contrato, los indefinidos suponen el 69%, frente al 17% de los temporales, y la jornada completa representa el 57%, mientras que la parcial se queda en el 25%.
El contraste con la contratación anual, donde predominan claramente los temporales, sugiere que el acceso al empleo sigue siendo más frágil que la permanencia de quienes ya han logrado consolidar una relación laboral.
En cuanto al tipo de afiliación, el empleo por cuenta ajena tiene mucho más peso que el trabajo autónomo, cuya presencia sigue siendo reducida.
