La huella social entra en el supermercado

En cada uno de esos pasos hay empleo, salarios, contratos, consumo energético, presión sobre proveedores y efectos económicos sobre pueblos, ciudades y regiones enteras. Las grandes cadenas de distribución están en el centro de ese recorrido.

Mercadona, Carrefour, Día, Alcampo, Lidl… Los supermercados e hipermercados no solo venden alimentos. Deciden qué productos llegan al consumidor, a qué precio y bajo qué estándares. El impacto del crecimiento de estas grandes empresas ha sido enorme para los productores y proveedores que trabajan con ellos, pero también para las comunidades donde se establecen, ya que su presencia a menudo ha llevado a la desaparición del pequeño comercio y a la pérdida de empleos.

De la huella ambiental a la huella social

Esta creciente influencia ha sido cuestionada en los últimos años, sobre todo porque las expectativas de los consumidores han cambiado. Durante mucho tiempo, la atención se centró en el precio, la calidad y, más recientemente, en el impacto ambiental de los productos. Ahora, cada vez más compradores buscan información sobre aspectos más amplios de la cadena alimentaria, desde el origen de los alimentos hasta las condiciones con que se producen y se distribuyen.

Un estudio del observatorio europeo EIT Food, realizado entre 20.000 consumidores de 18 países, muestra que la confianza en estas empresas depende cada vez más de su capacidad para demostrar prácticas responsables y ofrecer información clara y verificable.

La pregunta ya no es solo cuánto contamina un supermercado, sino también cómo trata a sus trabajadores, qué relación mantiene con proveedores y productores, cuánto valor económico deja en el territorio o hasta qué punto contribuye a precarizar ciertos eslabones de la cadena alimentaria.

No solo el consumidor impulsa este cambio. La nueva directiva europea sobre reporting de sostenibilidad corporativa (CSRD) obliga a las empresas a una transparencia más detallada. La cadena alimentaria es uno de los lugares donde se visualizan mejor las tensiones entre precio, rentabilidad y condiciones de producción. La presión sobre la distribución para asegurar relaciones más equilibradas con proveedores y productores no deja de aumentar. La regulación europea sobre prácticas comerciales desleales y las demandas de mayor transparencia sobre cómo se fijan los precios están obligando al sector a revisar dinámicas que antes parecían inamovibles.

Cómo demostrar el impacto social

Una de las dimensiones que más peso ha ganado en los discursos de sostenibilidad de la gran distribución es la relación con los productores y proveedores. La presión sobre los precios en origen ha sido durante años uno de los principales focos de crítica hacia el sector, por lo que muchas compañías intentan ahora demostrar que contribuyen a generar valor a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Mercadona ha convertido esta idea en uno de los pilares de su relato corporativo, apoyándose en su red de interproveedores y destacando los más de 29.000 millones de euros en compras realizadas a proveedores españoles durante el último ejercicio. No es casual que Juan Roig repita habitualmente que “el éxito de Mercadona es crecer conjuntamente con proveedores, trabajadores y sociedad”, una frase que resume la forma en que la compañía presenta el impacto económico y social de su modelo.

Por su parte, Carrefour destaca su colaboración estratégica con el sector primario al mantener relaciones comerciales estables con más de 7.900 empresas españolas, garantizando que el 90% de sus productos frescos sea de origen nacional. En una línea similar, Alcampo subraya que más del 80% de sus alimentos frescos proviene de proveedores del país. De este modo, ambas compañías consolidan la proximidad y el apoyo al tejido productivo local como pilares clave para justificar su impacto social positivo.

La contribución al desarrollo económico de los territorios es otro de los mensajes que gana protagonismo. Lidl vincula buena parte de su actividad a una red de más de 900 proveedores españoles cuyos productos exporta a una treintena de países, presentando esa capacidad de internacionalización como una forma de impulsar el crecimiento de la industria agroalimentaria nacional.

La compañía enmarca además este enfoque dentro de una visión más amplia del papel social de las empresas. En su Revista de Sostenibilidad 2024-2025 afirma que “las personas son el principal activo de la sociedad”, una idea que sirve de base para iniciativas relacionadas tanto con el empleo como con las condiciones laborales en la cadena de suministro.

Día, por su parte, pone el foco en el papel de sus franquicias y tiendas de barrio como generadoras de empleo y acceso a la alimentación en municipios y zonas urbanas donde la presencia de otras cadenas es más limitada.

La calidad del empleo también ocupa un lugar cada vez más destacado en las memorias de sostenibilidad. Aspectos que hace apenas unos años tenían una presencia secundaria, como la estabilidad laboral, la conciliación o las oportunidades de promoción interna, han pasado a ocupar un espacio central en la comunicación corporativa.

Mercadona ha reforzado especialmente este mensaje entre sus más de 104.000 trabajadores en España y Portugal, mientras que Alcampo ha incorporado iniciativas relacionadas con el bienestar laboral y la salud emocional de sus empleados, una cuestión que cobró especial relevancia tras la pandemia.

Más allá de sus propias plantillas, algunas cadenas han comenzado a prestar mayor atención a las condiciones laborales existentes en su cadena de suministro. Lidl, por ejemplo, asegura haber incrementado las auditorías sociales en sectores considerados de riesgo y sitúa el abastecimiento responsable entre las prioridades de su estrategia de sostenibilidad.

Paralelamente, la formación emerge como otra de las herramientas utilizadas para reforzar el impacto social. Día ha intensificado los programas dirigidos tanto a empleados como a franquiciados, mientras que otras compañías incorporan cada vez más iniciativas de capacitación y desarrollo profesional como parte de sus compromisos sociales.

A estas cuestiones se suman iniciativas relacionadas con la inclusión y la cohesión social. Carrefour ha desarrollado parte de esta estrategia a través de la Fundación Solidaridad Carrefour, impulsando proyectos de inserción laboral, apoyo a colectivos vulnerables y acceso a la alimentación.

El problema es que medir la huella en el tejido social es mucho más complejo que calcular emisiones de carbono. Mientras existen estándares relativamente consolidados para el impacto ambiental, ¿cómo se mide la calidad del empleo? ¿Cómo se compara el impacto territorial entre empresas? ¿Qué indicadores permiten evaluar si la relación con los proveedores es realmente justa? Por ahora, cada compañía utiliza sus propias métricas. Unas priorizan el empleo directo e indirecto; otras, las compras locales, la formación o las auditorías sociales en origen.

La gran distribución tiene capacidad para transformar la cadena alimentaria porque influye en proveedores, condiciones de producción y hábitos de consumo. Pero si su intención de mejorar las condiciones sociales de los actores que forman parte de este proceso es real o no, aún tiene que demostrarse.