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La molesta transparencia y los gastos de viajes
Foto. Comunidad de Madrid.
Un alto cargo, un presidente de gobierno, un ministro o un consejero hace muchos viajes al cabo de su mandato, no todos ellos institucionales, sino también privados. Distinguir unos de otros en ocasiones no es cosa fácil. No digamos ya cuando en el curso de un viaje institucional, se reserva un hueco para un compromiso fuera del programa ‘público’ más de orden privado o personal.
Imaginemos un viaje institucional a Nueva York donde están programadas una serie de visitas a instituciones públicas y privadas, y a la noche, nuestro viajero decide asistir a un espectáculo de Broadway invitado a título personal por un empresario o el responsable de un organismo público con el que guarda una relación cercana, que lo paga de su propio bolsillo.
Parece evidente que puede haber un tiempo reservado al ocio y descanso en ese tipo de viajes, que no debe ser costeado con recursos públicos y donde no tiene por qué penetrar la mirada pública. El espacio de intimidad, pareciendo ser más reducido respecto de estas personas por razones evidentes, no es inexistente y debe preservarse, también, por razones evidentes.
Esa separación de espacios, tiempos, costes… se impone, pero nadie dijo que sea sencilla. No confundirse a la hora de sacar una u otra tarjeta para pagar esto o aquello es más que importante. Volviendo a nuestro ejemplo anterior: el pago de esa entrada al espectáculo, ¿es un regalo que hay que declarar en el registro de regalos, en caso de que exista? ¿Estamos en el contexto de un evento que haya que registrar en una agenda pública? ¿Es esta una actividad de influencia de la que debiera dejarse constancia en un eventual registro de lobbies o grupos de interés?
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Les confieso que esta es una cuestión harto complicada, aunque todo el mundo tiene una opinión, sobre todo cuando se trata de los demás. A esto, les puedo asegurar, le hemos dedicado mucho tiempo algunos y no solo en los últimos tiempos.
Prueba de que esto no es asunto fácil y presenta una casuística infinita es comprobar la información que, en el mejor de los casos, se publica en los portales de transparencia sobre este particular: en muchos casos, ninguna; en otros, agregada por órgano, sin distinguir personas; en ocasiones con desglose de montantes globales por concepto: manutención, transporte, alojamiento y un ‘otros’, que vete tú a saber… Y quizá, los mejores ejemplos son los que detallan nombre y apellidos de la persona que realiza el gasto, cargo que desempeña, fecha, objeto y destino del viaje y el desglose antes citado.
Esa separación de espacios, tiempos, costes… se impone, pero nadie dijo que sea sencilla. No confundirse a la hora de sacar una u otra tarjeta para pagar esto o aquello es más que importante.
Cuando esto se hace ‘bien’, las anécdotas se multiplican. Recuerdo la solicitud de acceso a información que quería saber si un concejal había asistido a un viaje cuyos gastos sí aparecían publicados. Y lo hacía porque en el reportaje gráfico y las notas de prensa del encuentro al que parecía haber acudido, ni aparecía él ni se le hacía mención. Pero el gasto existía: al menos, el de un billete de avión.
El solicitante de información y, luego, muchos más con él, nos temimos que la Administración había acabado pagando un viaje de relax con la excusa de una reunión de trabajo, pero la explicación fue más prosaica y, he de decir también, de alivio, cuando confirmó -y demostró- que había caído enfermo y el viaje no se había realizado, aunque los billetes se hubieran pagado.
Recuerdo también con simpatía una ponencia que impartí a personal de una autoridad independiente en la que mostraba la ‘foto’ del desglose por persona, con nombres y apellidos, de los gastos de un viaje de funcionarios de otro organismo que habían asistido a una reunión de trabajo a la que, casualmente, habían acudido también parte del personal que me estaba escuchando. Fue divertido verlos mirarse de reojo y darse codazos cuando veían el gasto en alojamiento de sus colegas de otra delegación, no sé si pensando que era demasiado alto o bajo con respecto al que sus respectivas instituciones habían invertido en ellos.
Es indudable que hay interés por saber, una nítida obligación de rendir cuentas y, perdónenme, morbo en cantidades industriales.
¿Deben publicarse todos los gastos, sí o no?
Permítanme otro ejemplo. Imaginemos que en uno de esos viajes de los que hablábamos al inicio, una institución académica invita a ese alto cargo a impartir una conferencia o a participar en una mesa redonda. Parece lógico que los gastos de alojamiento y desplazamiento sean asumidos por la institución que invita, ¿verdad?
He leído hace poco, cuando algunos medios han acudido a algunos de nosotros para conocer nuestra opinión, que este tipo de gastos se consideran un regalo. ¿Por qué? ¿No es razonable que estos gastos se soporten por quien organiza el evento, no como regalo, sino como justa compensación? De no ser así, muchos renunciarían a participar si tuvieran que afrontar ese gasto.
Se ha constatado la tibieza de nuestra regulación actual sobre este particular -ni siquiera nuestra ley estatal de transparencia obliga a publicar estos gastos-, aunque poco a poco se cuela en las normas autonómicas de transparencia o se impone como buena práctica la publicación de estos gastos.
Cuestión distinta es que el coste del viaje se financie sin ningún tipo de ‘contraprestación’ a cambio y, menos aún, cuando quien lo asume puede obtener, ya sea a título personal o en representación de un tercero, algún beneficio o ventaja del invitado. Pero ese es otro cantar.
Constatada la tibieza de nuestra regulación actual sobre este particular -ni siquiera nuestra ley estatal de transparencia obliga a publicar estos gastos-, aunque poco a poco se cuela en las normas autonómicas de transparencia o se impone como buena práctica la publicación de estos gastos, la polémica actual ha puesto encima de la mesa otro posible giro de tuerca: ¿convendría publicar quién se ha hecho cargo de qué otros gastos en los viajes de nuestros altos cargos? Creo que va a ser que sí.
Aunque esta es una información idónea para solicitarla vía derecho de acceso a la información, pongamos el cronómetro en marcha para ver cuál es la primera administración que da un paso adelante en esta línea.

