El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una actualización que redefine el modelo de cuidados en España. La nueva normativa busca facilitar que las personas puedan recibir más apoyos, especialmente en su propio entorno, con menos obstáculos administrativos y una atención más adaptada a sus necesidades y decisiones.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones. A partir de ahora, será posible combinar recursos que antes no podían recibirse al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona podrá acudir a un centro de día y contar, además, con teleasistencia o con apoyos para el cuidado en el hogar.
La reforma también amplía la asistencia personal, que deja de estar limitada principalmente a los ámbitos educativo y laboral. Este recurso se consolida como un servicio ordinario para favorecer la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad. Asimismo, la ayuda a domicilio podrá acompañar a la persona fuera de casa para actividades cotidianas como hacer la compra o acudir a una cita médica.
La teleasistencia pasa a reconocerse como un derecho para todas las personas con dependencia reconocida. Podrá complementar otros apoyos y reforzarse con herramientas preventivas, como dispositivos de geolocalización. La intención es facilitar el seguimiento y la seguridad de las personas usuarias, además de contribuir a que puedan permanecer en su entorno habitual durante más tiempo.
También se agilizan los trámites: el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia se reduce de seis a tres meses. La ley reconoce, además, la figura de la persona cuidadora principal y amplía el concepto de cuidados no profesionales para incluir diferentes formas de convivencia y vínculos personales, más allá de los familiares tradicionales. El Estado asumirá también por ley las cotizaciones de las cuidadoras principales —en su mayoría mujeres— y garantizará la continuidad de los cuidados si la cuidadora enferma gravemente o necesita hospitalización.
La reforma blinda además la financiación del sistema: la Administración General del Estado asumirá por ley el 50% de la inversión. A esto se suma el real decreto-ley convalidado en julio por el que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Solo en los dos primeros meses, las comunidades ya han recibido más de 517 millones de euros.
En materia de discapacidad, la norma establece reconocimientos automáticos para evitar duplicidades y esperas. Las personas con grado I de dependencia tendrán reconocido automáticamente un 33% de discapacidad, mientras que quienes tengan grados II o III podrán acceder al reconocimiento del 65%, según establece la reforma.
La accesibilidad universal se reconoce como un derecho exigible en servicios y edificios públicos. También se prevén ayudas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas, se declara la atención temprana como un derecho para niños y niñas de hasta seis años que lo necesiten, se prohíben sobreprecios discriminatorios en seguros por motivo de discapacidad y se incorpora la figura del facilitador procesal para apoyar a las personas con dificultades en los procedimientos judiciales.
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