La dependencia recibirá más recursos para reducir esperas y ampliar servicios

El principal efecto práctico de esta reforma será el aumento de los recursos disponibles para atender a las personas en situación de dependencia, especialmente a quienes requieren apoyos más intensos. Las cuantías para el grado III, gran dependencia, pasarán de 290 a 660 euros mensuales, lo que supone una subida del 128%. En el grado II, dependencia severa, se duplicarán de 130 a 260 euros al mes. En el grado I, dependencia moderada, aumentarán un 18%, de 76 a 90 euros mensuales.

Con estos incrementos, la aportación económica del Estado al sistema superará los 5.500 millones de euros en 2026 y los 7.200 millones en 2027. A partir del 1 de julio de 2026, las comunidades autónomas comenzarán a recibir una mayor dotación económica para gestionar la atención a la dependencia, ámbito sobre el que tienen la competencia directa. Esta financiación permitirá reforzar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas que actualmente cuentan con una prestación efectiva en España, según los últimos datos del Imserso.

Entre las consecuencias más inmediatas se encuentra la posibilidad de acelerar la reducción de las listas de espera, agilizar la tramitación administrativa y ampliar la capacidad de respuesta del sistema. Los nuevos fondos podrán destinarse a contratar más profesionales, mejorar sus condiciones laborales, reforzar los servicios existentes y ofrecer una atención más adecuada a las personas con mayores necesidades de apoyo.

También se prevé un impulso a la atención domiciliaria, los centros de día, la teleasistencia y el uso de tecnologías que favorezcan la autonomía personal.

La ampliación de la financiación facilitará además el avance hacia un modelo de cuidados más centrado en la persona, que priorice la permanencia en el hogar o en entornos próximos y comunitarios siempre que sea posible. En este marco, las comunidades autónomas contarán con más recursos para transformar centros residenciales, ampliar alternativas de convivencia, promover apoyos en viviendas compartidas y reforzar servicios como la asistencia personal o el acompañamiento en actividades cotidianas.

El refuerzo del SAAD también tendrá impacto en el empleo vinculado a los cuidados. La mayor financiación permitirá incorporar profesionales a un sistema que deberá afrontar el envejecimiento de la población y el aumento de necesidades asistenciales en los próximos años. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, el plan de expansión puede generar cerca de 100.000 nuevos empleos y producir un impacto económico de hasta 4.000 millones de euros, con un retorno aproximado de 3.000 millones a las administraciones públicas a través de cotizaciones e impuestos.

Entidades representativas del ámbito de la discapacidad y la dependencia han reaccionado al anuncio del Gobierno. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado el incremento de financiación, pero ha advertido de que el nuevo real decreto-ley “no responde a las necesidades estructurales del sistema”. Su vicepresidenta, Mar Ugarte, ha reclamado un Pacto de Estado por la Dependencia y una financiación estable, suficiente y finalista que sitúe la inversión en el 2% del PIB, con el objetivo de garantizar cuidados dignos, reforzar los servicios profesionales y evitar que el peso de la atención recaiga de forma desproporcionada sobre las familias.

Por su parte, Cocemfe ha celebrado el refuerzo de la financiación y ha destacado que puede suponer una oportunidad para que las personas en situación de dependencia accedan de forma efectiva a los recursos y servicios que necesitan. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha señalado que el aumento presupuestario debe servir para reducir listas de espera, agilizar valoraciones, reforzar los equipos profesionales y garantizar la igualdad de acceso a los apoyos en todo el territorio. Su presidente, Anxo Queiruga, ha subrayado que la inversión debe llegar realmente a quienes llevan demasiado tiempo esperando una valoración, una prestación o un servicio esencial para vivir con dignidad.