España, por detrás de Europa en protección social de la infancia, según Unicef

“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, ha afirmado José María Vera, director ejecutivo de Unicef España. “El riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28 % al 29 % respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye, y también sigue aumentando la privación material infantil, del 10 al 12%. Esto hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”, ha añadido.

Según los datos de Unicef, España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea (UE): solo el 17%, frente a la media del 41% de toda la UE o más del 5% en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia. Además, nuestro país invierte solo un 1,5 % del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4 % del PIB de la media europea, o lo que es lo mismo, 354 euros de gasto por habitante, frente a 678 euros en la UE.

Por ello Unicef España pide, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los PGE 2025, y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.

“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, explica Vera. “Según los análisis de Unicef España y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales”.

Según los cálculos de la organización -basados en los perfiles de gasto del último año-, equipararnos a Europa en protección social de la infancia supondría una inversión superior a los 7.600 millones de euros por parte del Gobierno central, cifra que se acerca bastante al coste de la medida anteriormente mencionada (unos 8.600 millones de euros), que permitiría llevar a 440.000 niños y niñas fuera de la situación de pobreza y mejorar las condiciones de crianza en todos los hogares con personas menores de edad.

Para el conjunto de las comunidades autónomas supondría un esfuerzo de unos 1.900 millones de euros más para, por ejemplo, implementar la Garantía Infantil Europea (garantizar el acceso a servicios clave, como educación 0-3 años gratuita o una comida adecuada al día, a todos los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad); y 1.500 millones de euros a las entidades locales, para reforzar los servicios sociales de proximidad, concluye Unicef.