Los deberes para el Estado de derecho: más transparencia y vigilancia constante de la sociedad civil

La separación de los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- es una de las garantías que se establecen dentro del Estado de derecho para que todos respeten el ordenamiento jurídico y cumplan con las leyes, de manera que los actos ilegales no queden impunes.

Desde la instauración del sistema democrático en España se ha podido ver en repetidas ocasiones a políticos y dirigentes públicos siendo investigados por el Poder Judicial y, en los casos que procedían, han sido condenados y siguen cumpliendo condena por sus delitos.

Recientemente, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que declarar ante el juez de instrucción que investiga a su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias. Este hecho es considerado por algunos juristas como una demostración de que el sistema democrático funciona, pues exhibe que la separación e independencia de los poderes públicos se ejerce correctamente.

Fundación Hay Derecho, desde 2022, realiza un informe para valorar la situación del Estado de Derecho, con el fin de hacer una radiografía del sistema y ver de una manera conjunta cuál es la situación del funcionamiento de las principales instituciones.

A finales de septiembre, se publicó su segundo informe basado en datos públicos que aportan una visión clara, objetiva y concreta para medir cómo se están ejerciendo las funciones de gobierno.

Para conocer los detalles de la elaboración del informe y las principales acciones que se han tenido que llevar a cabo por parte de los investigadores de Hay Derecho, Revista Haz habla con la directora general de la Fundación, Safira Cantos, y con el profesor Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, para saber cuáles son los puntos de mejora para que el Estado de derecho español siga disfrutando de buena salud.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Lucha contra la desinformación: por qué el Gobierno debe rendir cuentas
– Bloqueo del CGPJ: cómo afecta a la Justicia y por qué los ciudadanos no lo saben
– Los riesgos para la transparencia en España: corrupción legal y politización de la Justicia

El Estado no es totalmente transparente

Uno de los aspectos donde se ha detecto que existe margen de mejora es en la publicación de datos desagregados por parte de algunas instituciones públicas. A pesar de que la Ley de transparencia lleva más de una década de vigencia, sigue sin resultar fácil acceder a cierta información pública, porque algunas instituciones todavía no han comprendido que ser transparente va más allá de publicar los contenidos de su actividad de cualquier modo.

Sobre este aspecto, Cantos explica que, a pesar de haber mucha información publicada por las instituciones españolas, como puede ser la del Portal del Congreso de los Diputados, requiere de una labor minuciosa y analítica para determinar –por ejemplo- cuántos reales decretos leyes han sido aprobados por el Gobierno, o cuántos de éstos han sido convalidados por el Congreso, cuáles han sido rechazados y cuáles han sido tramitados como proyectos de ley.

“En el informe hay mucha elaboración propia a partir de información que hemos obtenido de instituciones como el Congreso de los Diputados, pero que no se presenta de una manera fácil para ofrecerte una fotografía, sino que hemos tenido que bucear en los datos agregados”.

Otra información que ha requerido de cierta elaboración es determinar qué sucede con la tramitación de algunas leyes. Cantos afirma que saber cómo y en qué estado se encuentran algunas normas es otra información que, aunque se encuentra publicada en diferentes sitios, resulta muy complicado para el ciudadano tener una panorámica general de la situación.

Además, algunas leyes que están pendientes de ser reformadas, como la Ley de Secretos Oficiales, se dilatan en el tiempo de manera ilimitada, o son sometidas a innumerables ampliaciones de plazo de enmiendas. Sobre este aspecto, la directora general de Hay Derecho señala que hay mucha regulación que afecta a la transparencia que todavía no está adecuada a los estándares actuales.

“Todo esto no es fácil de ver porque hay que escudriñar los datos públicos para poder sacar una fotografía de la situación, y ese es un esfuerzo del equipo de investigación muy importante para que se pueda mostrar lo que está pasando”, afirma Cantos.

Por otra parte, la agenda legislativa de los gobiernos no siempre se cumple y ciertas medidas que se anuncian luego no se concretan. Por ejemplo, en el año 2023 solo se ejecutó un 52% del plan anual normativo anunciado por el Gobierno al principio de la legislatura.

Sobre esta cuestión, Guichot explica que hay varios factores que afectan a las agendas legislativas, como la necesidad de adaptarse a la realidad cambiante sobre aspectos políticos, sociales y económicos. Por otra parte, afirma que influye también que desde hace unos años “no estamos ante gobiernos monocolor de un solo partido, que puedan imponer sus programas, de modo que la negociación parlamentaria es la regla, y sacar adelante cada medida no puede hacerse imponiendo el programa del partido que gobierna, pues no es solo uno”.

Otra cuestión señalada por el profesor de la Universidad de Sevilla es que se adopte una medida legislativa con un sentido inverso al que se había propuesto. En este caso, y dependiendo de la situación, siempre queda la corrección del Tribunal Constitucional, o la reacción de los votantes.

Aun así, Cantos advierte que hay iniciativas que se anuncian de manera recurrente, pero que continúan sin aprobarse a pesar de las recomendaciones de la Comisión Europea, como es la regulación de los grupos de interés y lobbies. Además, debido al incumplimiento en la transposición de directivas europeas, España se encuentra a la cabeza en los procedimientos de infracción, porque la normativa europea se transpone de forma tardía y eso también ha aumentado la inadecuada transposición.

El control de los poderes públicos

Otra de las garantías del Estado de derecho es establecer los llamados ‘contrapesos’ que dotan de competencias y autoridad a las instituciones de los tres poderes públicos, para vigilarse entre ellos y establecer los cauces para denunciar actuaciones indebidas.

En este sentido, resulta fundamental que los poderes del Estado mantengan su independencia unos respecto de otros, pero según el estudio realizado por Hay Derecho se detecta una tendencia regresiva en esa separación. Aunque Cantos afirma que “no es una tendencia nueva”, se acentúa por parte del Gobierno mermar la capacidad del Parlamento cuando se abusa de fórmulas excepcionales como la aprobación de medidas por decretos leyes, ya que impide que el órgano legislativo cumpla con su función de control y debate para alcanzar el consenso político.

Otro aspecto destacado del informe son las votaciones del Tribunal Constitucional, pues se habla mucho de la vinculación política de algunos magistrados, y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Afirma Cantos que, revisando los datos, han podido ver cómo se correspondían las votaciones en los asuntos tratados para determinar cuántos eran resueltos por unanimidad, cuántos por mayorías y si dichas mayorías eran bloques estáticos o existía un funcionamiento autónomo e independiente de los magistrados. Según explica la representante de Hay Derecho: “la investigación muestra que se vota por bloques en los asuntos políticamente más sensibles de manera sistemática”.

Sobre este aspecto, Guichot considera una lacra que instituciones que debían estar dotadas de independencia y autonomía sufran “la colonización” de políticos y ex altos cargos nombrados por los partidos, pues supone la negación de su propio sentido institucional. Además, afirma que la situación es desoladora si se reproduce en elementos tan fundamentales de la democracia como son los contrapesos del Tribunal Constitucional o los medios de comunicación públicos.

“No se trata de mejorar la percepción, sino de mejorar la práctica. Se deben hacer reformas, introduciendo reglas de profesionalización, comisiones de expertos, transparencia y participación ciudadana y mayorías cualificadas, pero la práctica demuestra que el ser humano -y el ser político por partida doble- es capaz de pervertir la regla más pura”, señala el catedrático de Derecho Administrativo.

Otro dato revelador de la elaboración del informe es que en el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, Cantos asegura que les ha costado especialmente acceder a determinada información al encontrarse con negativas en determinados asuntos, como los informes del consejo fiscal, criterios de actuación de la Fiscalía General, o los nombramientos discrecionales desde la cúpula del Poder Judicial.

“Estos asuntos son delicados porque afectan a las cuestiones de Estado de derecho y democracia y la ciudadanía tiene que conocerlos, ya que tiene que saber por qué se discute tanto de politización y del intento de capturar políticamente la justicia”, afirma la directora general de la Fundación.

La salud del Estado de Derecho

El estudio de Hay Derecho muestra que, dentro de que España es un sistema democrático, se detecta un deterioro de la calidad del Estado de derecho. Una de las señales de este síntoma es la politización de los órganos de contrapeso y control señalada por ambos expertos consultados, o la injerencia de representantes del poder político en relación con la actividad de los jueces, más allá de la simple crítica a las decisiones o actuaciones de los titulares de juzgados y tribunales.

En este sentido, Cantos destaca que uno de los grandes problemas es que desde el poder político, ya sea gobierno u oposición, se señale de manera personal a determinados jueces, al margen de los procedimientos establecidos. En el informe se han recogido ejemplos en todas las direcciones, y este hecho alimenta una percepción de falta de independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, cuando se consulta a la ciudadanía a través de encuestas, quienes han tenido contacto directo con la Justicia española muestran una opinión favorable hacia el sistema, lo que demuestra un salto bastante significativo, por lo que concluyen que la percepción de falta de independencia es sobre todo mediática.

Desde la perspectiva de Hay Derecho, afirman que “hay instituciones que permanecen estoicas, pero los nombramientos de gente que en lugar de ser independiente es de la cuerda del partido de turno, produce una colonización partidista de instituciones que tienen como misión ser un freno al poder, gobierne quien gobierne”, señala Cantos.

La calidad del sistema democrático requiere una fortaleza en la separación de poderes, que implique la existencia de otros mecanismos de contrapeso, además del Tribunal Constitucional, por lo que habría que establecer organismos de garantías complementarios como autoridades independientes que luchen contra el fraude y la corrupción.

Asimismo, Guichot coincide en que la independencia del Poder Judicial y las autoridades independientes es “esencial” para garantizar el Estado de derecho y democrático, cuya salud exige “someter al paciente a vigilancia intensiva”, concluye para Revista Haz.