El legado del caso Bosco: hasta dónde llega la transparencia algorítmica

En un contexto donde las ayudas públicas son fundamentales para la economía de muchas familias, la Administración se apoya cada vez más en la tecnología para ganar eficacia. Sin embargo, como demostró el caso de la aplicación Bosco, estos sistemas no son infalibles. Un error en el algoritmo puede traducirse, en la práctica, en la privación de derechos sociales básicos para los ciudadanos más vulnerables, sin que estos tengan la posibilidad de conocer los criterios exactos de la denegación.

El largo camino judicial

La disputa comenzó cuando Civio solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) la especificación técnica de Bosco (el sistema que decide quién puede acceder al bono social eléctrico), los resultados de sus pruebas de funcionamiento y cualquier documento que permitiera comprender cómo operaba el sistema. Tras años de negativas administrativas y judiciales basadas en la “propiedad intelectual” y la “seguridad del sistema”, el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación.

En su sentencia de septiembre de 2025, el Alto Tribunal dio un giro relevante al reconocer que el derecho de acceso a la información pública adquiere una relevancia especial frente a los riesgos de las nuevas tecnologías. La transparencia no es solo un valor ético, sino una garantía necesaria cuando un sistema informático impacta directamente en los derechos de las personas.

Hoy, el debate ha dejado de centrarse en la victoria judicial para enfocarse en sus profundas consecuencias prácticas. Revista Haz analiza con destacados juristas y expertos el impacto de este hito que abre un haz de luz sobre los límites del derecho de acceso a las decisiones automatizadas de la Administración y los interrogantes que, a pesar del respaldo judicial, aún planean sobre la digitalización de nuestras instituciones.

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Una primera aproximación, no una regla general

A pesar de la importancia del fallo, los expertos consultados coinciden en que debemos ser cautos. Señalan que la sentencia del Supremo es relevante, pero no establece una norma general sobre el acceso a los algoritmos públicos. Es, más bien, un primer paso que sienta algunas bases.

En palabras de Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, esto se debe a que la decisión depende en gran medida del caso concreto: quién solicita la información, con qué objetivo, qué derechos están en juego y cómo se justificó la negativa inicial.

Estrella Gutiérrez, profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, coincide en que, en este caso, el acceso al código fuente se permitió tras valorar distintos intereses en conflicto, pero esto no significa que cualquier persona pueda solicitarlo siempre.

En este sentido, la sentencia destaca el papel especial de la Fundación Civio como organización que ejerce funciones de vigilancia institucional, lo que ha influido en la decisión del Tribunal. Sobre este aspecto, la profesora de la UCM indica que es muy importante tener en cuenta la especial legitimación del solicitante, en línea con lo establecido por otros tribunales internacionales.

Según explica Gutiérrez, el acceso a los códigos fuente no es un tema novedoso en el contexto europeo, ya que países como Francia e Italia cuentan con doctrina consolidada al respecto. En el caso italiano, destaca la Buona Scuola en 2017, donde también se estimó el acceso al código fuente por parte de un sindicato del sector educativo en relación con el sistema que decidía sobre la asignación de puestos vacantes para el profesorado de primaria y secundaria.

Al igual que Civio, en el caso de la Buona Scuola se reconoció el acceso a un sindicato representativo de los intereses de los afectados, mientras que en España se reconoce a una fundación “que pretende velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y promover la información de los ciudadanos acerca del mismo y de la gestión de los recursos públicos”, afirma Gutiérrez.

Es decir, se trata de organizaciones con capacidad de representación o supervisión. Esto refuerza la idea de que, en la práctica, el contexto del solicitante puede influir, aunque no esté formalmente regulado.

Ambos profesores destacan positivamente el respaldo del Tribunal Supremo a la importancia de exigir transparencia a los sistemas informáticos que toman decisiones automatizadas cuando regulan derechos de los ciudadanos. Sin embargo, como muestran los casos mencionados, el acceso a este tipo de información, aunque posible, no está garantizado siempre ni para todas las personas.

Las decisiones automatizadas deben ser transparentes

David Cabo, fundador y codirector de Civio, afirma para Revisa Haz que lo más importante de la sentencia del Tribunal Supremo es que deja claro que “los sistemas algorítmicos o de toma de decisiones automatizadas, cada vez más presentes en las Administraciones Públicas, no están fuera del alcance de la Ley de transparencia” y, por tanto, deben estar disponibles para la vigilancia pública.

El Supremo rechaza de forma “muy clara y bien fundamentada”, según Cabo, los argumentos del Gobierno basados en la propiedad intelectual y la seguridad ciudadana. “Sobre esto último, me gusta especialmente la argumentación —que firmaría cualquier defensor del código abierto— de que puede haber un riesgo al publicar el código, pero eso se puede y debe tener en cuenta desde el principio”. En este sentido, Cabo explica que hacer públicos estos programas puede ayudar a mejorarlos, ya que permite que expertos externos detecten errores o propongan mejoras.

Por su parte, Guichot señala que sería conveniente que el legislador establezca reglas más claras sobre cómo deben ser transparentes estos sistemas y cómo deben controlarse. Entre sus propuestas figuran auditorías independientes o mecanismos de supervisión a priori.

Actualmente, muchas decisiones dependen de que autoridades o jueces valoren cada situación concreta, lo que resulta complejo debido al componente técnico de estos sistemas.

Interrogantes no resueltos

Aunque el caso Bosco ha sido un hito para la transparencia algorítmica en España, no constituye una solución definitiva a la opacidad de los sistemas informáticos públicos, pues, como explican los expertos consultados, persisten interrogantes relevantes.

Uno de ellos es, precisamente, quién solicita la información. La actual Ley de transparencia no diferencia entre solicitantes legitimados o no, ni exige motivar el interés, ni limita el uso posterior de la información, pero estos factores han sido determinantes en la resolución judicial para permitir el acceso a Bosco, lo que plantea dudas sobre cómo se gestionará el acceso en el futuro.

Otro aspecto clave es la naturaleza de los sistemas. No siempre es sencillo distinguir entre inteligencia artificial y algoritmos basados en reglas definidas.

Según explica Guichot, las resoluciones de los consejos y comisionados de transparencia deberán tener en cuenta estas diferencias, y el legislador debería proporcionar orientaciones más claras para aplicarlas en cada situación. Sin embargo, por el momento, las leyes sobre inteligencia artificial parecen centrarse únicamente en la explicabilidad del proceso de toma de decisiones y no en la naturaleza del sistema.

Además, la sentencia ha abierto el debate sobre la naturaleza jurídica de Bosco. Según Gutiérrez, existe cierta confusión sobre si se trata de una herramienta instrumental o de un sistema que, en la práctica, adopta decisiones administrativas con efectos legales diferentes.

Según explica la experta en transparencia algorítmica, la tesis de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el caso Bosco es que este actúa más como un verdadero “acto administrativo” que como una mera “aplicación instrumental”. Esta distinción es muy relevante porque, si se considera una decisión administrativa automatizada, debe cumplir con el deber legal de explicar sus decisiones, mientras que en el otro supuesto no sería una obligación exigible.

En definitiva, aunque se ha avanzado en transparencia, sigue siendo necesario desarrollar normas claras que garanticen un equilibrio entre el control social de los sistemas informáticos de la Administración, la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Meses después de la sentencia, el caso Bosco no ha cerrado el debate: más bien ha definido el terreno en el que se librarán las próximas decisiones sobre transparencia algorítmica en la Administración.