La desinformación cuesta al mundo cerca de 500.000 millones anuales

El estudio, que ofrece una de las primeras aproximaciones integrales al coste económico de la desinformación desde 2019, sitúa el impacto en 417.000 millones de dólares en 2024. La investigación combina revisión de literatura, análisis de casos reales y modelización económica para medir un fenómeno complejo y transversal.

Los resultados apuntan a que la desinformación actúa como un riesgo sistémico, con efectos simultáneos en distintos ámbitos. En el plano financiero, concentra la mayor parte del impacto, con pérdidas estimadas de entre 353.500 y 456.400 millones de dólares. Estas cifras están impulsadas por prácticas como las reseñas falsas, la manipulación de mercados, los fraudes basados en inteligencia artificial o la monetización de contenidos engañosos.

En el ámbito social, el impacto puede alcanzar hasta 19.900 millones de dólares. Entre sus consecuencias destacan los efectos sobre la salud pública, el deterioro de la salud mental, el aumento de la polarización y la erosión de la confianza en las instituciones.

Por su parte, el impacto político se sitúa en torno a los 40.100 millones de dólares, incluyendo interferencias electorales, campañas de propaganda, costes asociados a la reorganización de procesos democráticos y el incremento del gasto en mecanismos de protección institucional.

El análisis también identifica al sector financiero como uno de los más vulnerables a la desinformación. Su dependencia de la confianza y de la información veraz, junto con su papel central en los flujos económicos, lo convierte en un entorno especialmente sensible a campañas de manipulación que pueden alterar comportamientos de consumo, inversión o crédito.

Otro de los aspectos destacados es la brecha existente entre los beneficios generados por la desinformación y los recursos destinados a combatirla. Mientras que la difusión de contenidos engañosos puede generar miles de millones de dólares, el presupuesto global dedicado a la verificación de información no alcanza los cien millones, lo que evidencia un desequilibrio significativo.

En este contexto, el estudio subraya la necesidad de abordar la desinformación como un riesgo estructural. Al igual que ocurrió con la ciberseguridad en décadas anteriores, empresas, instituciones y actores públicos se enfrentan al reto de incorporar este fenómeno en sus estrategias de gestión de riesgos y reforzar la cooperación para mitigar su impacto.