<p>Foto: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.<p>

Foto: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Crecen un 40% las reclamaciones por la falta de transparencia de la Administración

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno registró el año pasado más de 2.700 reclamaciones, un 40% más que el año anterior, muchas de ellas motivadas por la ausencia total de respuesta a las solicitudes de información por parte de las administraciones. El problema es aún más acusado en el ámbito autonómico y local, donde el número de reclamaciones ha crecido casi un 72% y el 75% de ellas se debieron exclusivamente al silencio administrativo.
5 febrero 2026

Las administraciones públicas siguen sin responder de forma adecuada al derecho de acceso a la información y esa desatención se traduce en un fuerte repunte de las quejas ciudadanas. Según los datos provisionales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo recibió un total de 2.767 reclamaciones en 2025, una cifra que representa un crecimiento del 40,2% en comparación con los datos de 2024.

Este incremento ha sido especialmente acusado en el ámbito autonómico y local. Mientras que las quejas dirigidas contra la Administración General del Estado crecieron un 27% (1.778 expedientes), las reclamaciones vinculadas a las siete comunidades autónomas conveniadas con el Consejo —entre las que se encuentran Asturias, Cantabria o Illes Balears— se dispararon cerca de un 72%%, alcanzando los 989 casos.

Para hacer frente a este volumen de trabajo, el Consejo mantuvo un ritmo de resolución de 186 expedientes mensuales, cerrando el año con 2.234 resoluciones dictadas. Sin embargo, el balance vuelve a poner el foco en una deficiencia estructural: el silencio administrativo. El CTBG denuncia que el 45,5% de las quejas estatales y hasta el 75% de las locales se producen simplemente porque la Administración no respondió en plazo a la solicitud inicial del ciudadano.

Resoluciones de ámbito estatal

En los expedientes de ámbito estatal resueltos, el Consejo ha dictado pronunciamiento favorable a la persona reclamante en seis de cada diez expedientes admitidos a trámite (el 66% de los casos), ya fuera estimando de forma total las reclamaciones; de forma parcial, instando a la Administración y a las entidades públicas estatales a entregar parte de la información solicitada; o por motivos formales, es decir, cuando la Administración ha facilitado la información solicitada solo después de la intervención del Consejo de Transparencia trasladándole la reclamación, por lo que se vulneró su derecho a recibir la información en el plazo legal fijado por la Ley de transparencia.

En concreto, de las 1.577 reclamaciones admitidas a trámite, en 976 el Consejo ha resuelto a favor del reclamante: en el 46% de ellas, instando a la Administración a facilitar toda la información solicitada; en el 14%, a entregar parte de la información; y en el 40% de los expedientes, la estimación fue por motivos formales. En otros 389 casos se ha desestimado la reclamación, confirmando que la denegación de la información solicitada era ajustada a derecho. El resto de las reclamaciones fueron archivadas (99), la mayoría por desistimiento del reclamante; inadmitidas (97) por no cumplir los requisitos legales; o suspendidas (16) por estar pendiente de resolverse un recurso judicial sobre el tema.

En cuanto a la causa que motivó la presentación de las reclamaciones de ámbito estatal, y como viene denunciando de forma reiterada el Consejo, en un elevadísimo porcentaje, el 45,5% de los casos, los ciudadanos tuvieron que recurrir a esta institución al no haber recibido respuesta alguna de la Administración a su solicitud de información.

Resoluciones de ámbito autonómico y local

Respecto a las reclamaciones de ámbito autonómico y local, el Consejo resolvió a favor del reclamante en siete de cada diez casos admitidos a trámite, ya fuera estimando completamente la reclamación, parcialmente, o por motivos formales.

El silencio administrativo, al no haber obtenido respuesta el ciudadano a su solicitud de información, fue de lejos el principal motivo de las reclamaciones de ámbito autonómico y local resueltas por el Consejo: un 75% tuvieron esta causa.

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