La universidad pública toca techo en transparencia, pero se estanca en gobierno y ‘compliance’

Este éxito en la publicación de datos, sin embargo, contrasta con el estancamiento en las áreas de gobierno y supervisión.

Es la principal conclusión del informe Examen de transparencia 2025 de las universidades públicas, elaborado por la Fundación Haz. El estudio muestra una universidad a dos velocidades: mientras la gestión ordinaria es totalmente transparente —con un cumplimiento casi pleno en información sobre personal, datos económicos o resultados académicos—, la rendición de cuentas de los órganos de control sigue rezagada. De hecho, las áreas relativas al consejo social (57% de cumplimiento) y a los sistemas de integridad y cumplimiento normativo (47%) obtienen las puntuaciones más bajas.

Asignatura pendiente de la LOSU

El informe pone el foco en la lenta adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El dato más llamativo es que ninguna universidad (0%) ha designado todavía al responsable de compliance, una figura que la ley exige para garantizar el control interno.

Asimismo, el estudio detecta una escasa cultura de autocrítica: solo 16 de las 49 universidades analizadas se someten a una evaluación del funcionamiento de su consejo social.

El documento también analiza los canales éticos. Aunque la gran mayoría de las webs universitarias (84%) publica su código ético, la herramienta para aplicarlo falla: un 41% de las universidades limita su canal ético a un simple buzón de denuncias, lo que impide a la comunidad universitaria plantear dudas o consultas preventivas sobre la integridad.

NOTICIAS RELACIONADAS
– 21 universidades obtienen el sello ‘t de transparente’ en su máxima categoría
– La universidad privada suspende en transparencia económica
– Consejos sociales y ‘compliance’ en las universidades: entre la vigilancia y el ocultamiento

Un cambio de ciclo

Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del informe, cree que el sistema ha tocado techo con el modelo actual. “Superada la fase de la cantidad de información, el gran desafío reside ahora en la calidad del gobierno”, explica.

Para Cavanna, los buenos resultados son una señal de que toca elevar el nivel: “El alto grado de cumplimiento demuestra que el estándar actual ha empezado a agotar su capacidad para impulsar mejoras. Para que este informe siga siendo una herramienta útil que incentive la excelencia, y no un mero trámite para certificar lo que ya todos hacen, es necesario subir el listón”.

En esta línea, la Fundación Haz ha anunciado que revisará sus indicadores para endurecer el nivel de exigencia de cara a la edición de 2026, con el objetivo de seguir impulsando el buen gobierno en la universidad pública.

Acreditar de la transparencia 

Dieciocho universidades públicas y tres privadas se han certificado con el sello ‘t de transparente’ en su máxima categoría que concede la Fundación Haz y que evalúa el cumplimiento de una treintena de indicadores de transparencia.

Esta distinción garantiza el cumplimiento de al menos el 90% de los 31 indicadores, entre los que se encuentran los correspondientes a la información económica requeridos para ser considerados transparentes. Los indicadores se dividen en diez áreas que examinan la información publicada de manera actualizada, visible, accesible e integral en la página web de cada centro sobre cuestiones como el plan estratégico, el personal, las políticas y el gobierno, las entidades dependientes, la oferta y demanda académica, la información económica o los resultados.