Directiva Whistleblowing: seis años de avances... y asignaturas pendientes

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

Balance desigual de la transposición en la UE

El estado de la transposición refleja avances indiscutibles, pero también grandes diferencias entre países. Según el observatorio independiente EU Whistleblowing Monitor, ninguno de los Estados miembros cumple aún todos los estándares fijados por Bruselas.

Las deficiencias se concentran en tres frentes. El primero es la creación de autoridades externas independientes, responsables de recibir y gestionar denuncias fuera del ámbito empresarial. Francia o Dinamarca cuentan con estructuras sólidas y operativas, pero países como Portugal o Grecia siguen sin completar el diseño institucional que garantice un funcionamiento eficaz.

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La segunda debilidad tiene que ver con el alcance de las leyes. En algunos Estados, la protección solo cubre infracciones de normativa comunitaria, dejando fuera un gran número de irregularidades vinculadas al derecho nacional. El caso de Bélgica es ilustrativo: el Defensor del Pueblo federal declara inadmisibles cerca del 87 % de las denuncias privadas porque no entran en sus competencias.

La tercera carencia está relacionada con la tecnología y los plazos. Muchos países han creado portales electrónicos de denuncia, pero todavía no son plenamente operativos o presentan limitaciones que dificultan su uso por parte de trabajadores y ciudadanos.

España representa bien este proceso irregular. La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), prevista en la Ley 2/2023, fue un paso significativo, pero su puesta en marcha efectiva no se produjo hasta mediados de 2025 y su capacidad supervisora sigue en desarrollo.

En conjunto, el mapa europeo muestra claros avances, pero también obstáculos importantes que impiden que el sistema funcione con la agilidad y eficacia previstas por el legislador.

El Tribunal de Justicia presiona a los gobiernos rezagados

El gran punto de inflexión en la aplicación de la Directiva llegó desde los tribunales. Cansada de los retrasos, la Comisión Europea llevó a varios Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El primer aviso llegó en 2024, cuando Polonia fue condenada por no cumplir los plazos. Pero el golpe más relevante se produjo al año siguiente, cuando el Tribunal impuso multas millonarias a Alemania, Chequia, Luxemburgo, Estonia y Hungría por su inacción. La sanción a Alemania (34 millones de euros) fue especialmente importante, no solo por su cuantía, sino porque evidenció que el tamaño económico no exime del cumplimiento. El TJUE dejó claro que ni la complejidad técnica ni la falta de recursos justifican el incumplimiento de la legislación europea.

Estas decisiones modificaron por completo el ritmo del proceso. Por un lado, obligaron a los gobiernos a acelerar sus reformas. Por otro, enviaron un mensaje inequívoco a empresas y ciudadanía: garantizar vías seguras para denunciar es una obligación jurídica ineludible.

El debate político también ha cobrado peso. En algunos países, la creación de organismos externos ha generado tensiones sobre su independencia o sobre su relación con los ministerios competentes. En otros, las críticas han surgido desde la sociedad civil y las asociaciones de denunciantes, que alertan sobre la falta de recursos, la escasa formación del personal o la ausencia de campañas de sensibilización.

A ello se suma un escrutinio creciente por parte de Bruselas. La Comisión publica informes comparativos que valoran la calidad de las transposiciones y señalan públicamente a los países con mayores carencias. Este seguimiento público añade presión política y mediática y se ha convertido en un incentivo eficaz para acelerar el proceso.

Las empresas descubren el potencial del whistleblowing

La presión no recae solo sobre los Estados. Para las empresas, la Directiva ha supuesto una auténtica transformación. Todas las organizaciones con más de 50 empleados deben contar con canales internos de denuncia eficaces, proteger la confidencialidad de quienes informan y garantizar que no sufren represalias.

En España, la Autoridad Independiente de Protección del Informante puede imponer multas de hasta un millón de euros a las personas jurídicas reincidentes. Más allá de las cifras, lo importante es el cambio de enfoque: el incumplimiento ya no es una infracción menor, sino un riesgo jurídico y reputacional de primer nivel.

Para las empresas con presencia internacional, el reto es aún más exigente. El mosaico regulatorio europeo las obliga a armonizar políticas internas, adaptar plataformas tecnológicas a distintos marcos legales y formar a sus equipos de compliance para gestionar riesgos que van desde el fraude contable hasta la vulneración de derechos fundamentales. En este contexto, disponer de un sistema de denuncia eficaz deja de ser un trámite para convertirse en una herramienta estratégica de gestión.

Pero la historia no acaba ahí. Cada vez más compañías descubren que un canal de denuncia bien diseñado puede ser una ventaja competitiva. En un mercado en el que los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) ganan relevancia y en el que inversores, aseguradoras y clientes valoran la integridad como un activo, estos mecanismos refuerzan la confianza y mejoran la imagen corporativa.

Además, la implantación de estos sistemas impulsa cambios culturales profundos. No basta con disponer de un canal: es esencial acompañarlo de formación, comunicación interna y liderazgo ético. Las empresas más avanzadas promueven campañas que animan a sus equipos a hablar sin miedo, creando entornos en los que denunciar se percibe como un acto de responsabilidad compartida.

El resultado es un cambio de mentalidad que trasciende el cumplimiento formal y en la que la denuncia deja de ser un gesto individual para convertirse en un elemento central de la cultura corporativa.