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Misión universitaria o cuenta de resultados: cuatro datos que marcan la diferencia
La misión universitaria —garantizar calidad docente e investigadora, formar con rigor y servir al interés público— requiere contrapesos de gobernanza y una rendición de cuentas efectiva. En este contexto, no toda área de información pesa igual para gestionar el riesgo: hay ámbitos críticos porque iluminan, de forma directa, los puntos donde estas tensiones pueden aparecer.
El diagnóstico de la edición 2025 del Examen de transparencia de las universidades privadas en España refuerza esta preocupación. La ampliación de la muestra a 40 universidades revela estancamiento —e incluso retroceso— de la rendición de cuentas, con una mayoría de centros “opacos”. La carencia es especialmente aguda justo donde más falta hace: la información económico-financiera esencial y la identificación de la titularidad real.
El patrón por naturaleza jurídica es claro: las sociedades mercantiles son, en promedio, mucho menos transparentes en estos aspectos que las fundaciones o las entidades de titularidad eclesiástica. Dicho de otro modo, allí donde los incentivos económicos son más intensos, la publicación de información que permitiría evaluar su alineación con la misión es más débil.
En este contexto, destacamos cuatro ámbitos de información críticos para gestionar el riesgo de desvío de misión. No se trata de definir indicadores ni umbrales, sino de subrayar su centralidad como condiciones mínimas de supervisión:
• Estados financieros auditados y completos. Ofrecen visibilidad sobre la salud económica real, el uso de recursos y la sostenibilidad de las inversiones académicas. Sin esta base, el control público y social resulta inviable.
• Estructura de propiedad y operaciones con partes vinculadas. Permite saber quién decide y a quién benefician las decisiones financieras, especialmente cuando existen grupos empresariales y vehículos de inversión. Sin claridad sobre “quién es quién” y cómo se relacionan las entidades del grupo, la misión puede verse subordinada a lógicas extraacadémicas.
• Asignación presupuestaria al profesorado y capacidad docente por programas. Integra el presupuesto (información económicafinanciera) con su aplicación al núcleo de la misión —docencia e investigación—, mostrando si los recursos se orientan al profesorado y a la capacidad docente efectiva por titulación.
• Resultados académicos y empleabilidad desagregados por titulación. Devuelve el análisis al impacto real para el estudiante y la sociedad. Si la misión se cumple, debe verse en el progreso académico y en la inserción profesional de calidad, más allá de la captación de matrícula.
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En universidades de titularidad mercantil, estos cuatro ámbitos no son un apartado más del informe; constituyen la arquitectura mínima de rendición de cuentas para proteger la misión universitaria como bien público. Su ausencia, especialmente combinada, incrementa sustancialmente el riesgo de que la priorización de objetivos económicos erosione la calidad, la integridad académica y el valor social de la institución.
Los resultados del informe muestran déficits preocupantes precisamente en estas áreas —con mayor incidencia en titulares mercantiles—. De ahí que la mejora en la publicación de esta información deba situarse como prioridad: no para cumplir formalidades, sino porque es la base indispensable que permite a reguladores, órganos de gobierno, comunidad universitaria y sociedad supervisar, con evidencias, que las decisiones estratégicas permanecen orientadas a la misión académica y no únicamente a la cuenta de resultados.
