El Consejo de Transparencia urge a reformar la ley para corregir lagunas y deficiencias

En este sentido, señaló que “pese a los grandes avances producidos faltan aún piezas esenciales en la construcción del sistema español de transparencia pública” y advirtió que nos encontramos en un “momento crítico, de cierto estancamiento, en el que no solo hay que esforzarse por continuar avanzando, sino que, además, hay que evitar que se produzcan retrocesos”.

Rodríguez Álvarez, que participó en el curso La transparencia en España: balance y propuestas de mejora de la UIMP, urgió a reformar sin más demora la ley de transparencia para corregir sus lagunas y deficiencias técnicas. Entre las cuestiones que se deben abordar en la reforma, destacó la necesidad de aumentar las obligaciones de publicidad activa y potenciar la publicidad proactiva por parte de las instituciones. También abogó por una regulación más completa y precisa de los procedimientos de  ejercicio del derecho de acceso a la información y de reclamación ante el Consejo.

Junto a ello, reclamó la atribución al Consejo de las potestades necesarias para cumplir eficazmente con sus funciones, entre ellas, la de requerir los expedientes afectados por las reclamaciones, y la de examinar el contenido de la información reclamada cuando los sujetos obligados invocan límites al acceso. En esta misma línea, incidió en la urgencia de dotar al Consejo de potestades coercitivas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y poner fin a “la patología más grave del sistema español de transparencia”: que haya resoluciones firmes y plenamente vinculantes que, sin embargo, no se ejecutan.

Además de la reforma de la Ley, el presidente del Consejo reclamó medidas y políticas públicas decididas que refuercen tanto a los órganos de control y garantía de la transparencia como a las estructuras administrativas encargadas de cumplir con las obligaciones de la ley de transparencia, ya que tanto unos como otros son “aún débiles”.

En la primera jornada del curso participó el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Gonzalo Gómez de Villalobos, quien habló de la importancia de la publicidad activa para la rendición de cuentas. Abogó por la transparencia desde el diseño y recordó que “una buena inversión en publicidad activa evita tiempo perdido y recursos tanto a las organizaciones como al ciudadano”.

Por su parte, Ana María Ruiz, vocal asesora del Consejo, detalló la labor de evaluación que desarrolla este organismo de las obligaciones de publicidad activa utilizando la metodología propia MESTA. Subrayó que se detecta, doce años después de la aprobación de la ley, desconocimiento sobre las obligaciones que en esta materia impone, y cierta “dejadez” por parte de quienes deben aplicarla. “Debe existir una voluntad real de cumplimiento y se debe incluir la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra cultura y práctica administrativa” y recordó que las Administraciones deben ser conscientes de que los destinatarios de la publicidad activa “son los ciudadanos, no los funcionarios”, por lo que la información suministrada debe ser comprensible y fácilmente accesible para ellos.

Otro de los participantes, Julián Prior, subdirector adjunto de Transparencia y Buen Gobierno, habló de la gestión documental como “columna vertebral” no solo de la transparencia, sino del gobierno abierto, reclamó que en la futura reforma de la ley de transparencia se incluya referencia expresa a la gestión documental, y recordó la obligación de documentar adecuadamente toda actuación administrativa como base para la transparencia.

Clausuró el curso la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena, con una conferencia en la que defendió una aproximación holística a las políticas de gobierno abierto, entre las que se encuentra la transparencia, y mostró su confianza en que pronto comience la tramitación de la Ley de administración abierta, en la que se prevé incorporar las reformas legales en materia de transparencia. Por otra parte, anunció que se está trabajando en una nueva concepción del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, más enfocada al “derecho a saber, a entender y a participar” de los ciudadanos.