El 42% de las reclamaciones estatales en 2024 fueron por silencio administrativo

Durante el pasado año, el CTBG resolvió un total de 2.231 reclamaciones relacionadas con el acceso a la información pública, de las cuales 1.530 correspondieron a la Administración General del Estado y su sector público. Esta cifra supone un aumento del 31% respecto a 2023 y representa el mayor volumen de expedientes resueltos desde la creación del Consejo en 2015. El número de reclamaciones presentadas también creció de forma significativa, alcanzando las 1.397, un 19% más que el año anterior.

El Consejo, autoridad independiente encargada de velar por la transparencia y el derecho de acceso a la información, resolvió a favor de los reclamantes en aproximadamente dos tercios de los casos (64,5%), ya fuera de forma total, parcial o por motivos formales. En este último caso, la administración facilitó la información tras la intervención del Consejo, aunque fuera fuera del plazo legalmente establecido.

Uno de los datos más destacados de la memoria es el elevado porcentaje de reclamaciones motivadas por el silencio administrativo, es decir, la falta de respuesta por parte de las administraciones a las solicitudes de información. En el ámbito estatal, el 42% de los expedientes resueltos en 2024 se debieron a esta causa, frente al 34% del año anterior. En el ámbito autonómico y local, este porcentaje ascendió al 73,5%, aunque supone una mejora respecto al 85% registrado en 2023.

Entre los temas más recurrentes de las reclamaciones figuran las solicitudes de información sobre retribuciones y productividades de empleados públicos, procesos selectivos (acceso a exámenes y actas), contratos, obras públicas, expedientes administrativos, subvenciones, ayudas, gastos de representación y viajes de altos cargos, así como la publicidad institucional. El Consejo ha reforzado su doctrina sobre la transparencia contractual, recordando que las cláusulas de confidencialidad no pueden ser un obstáculo absoluto para el acceso a la información.

Especial relevancia han adquirido en 2024 las reclamaciones relacionadas con el acceso al código fuente y las especificaciones técnicas de los algoritmos utilizados por las administraciones públicas. El CTBG ha defendido el derecho de los ciudadanos a conocer estos algoritmos para garantizar la explicabilidad de las decisiones automatizadas y prevenir posibles arbitrariedades o sesgos discriminatorios.

En cuanto a los órganos y entidades objeto de reclamaciones, los ministerios concentraron el 61% de los expedientes estatales resueltos, siendo el Ministerio del Interior el que acumuló el mayor número (203 reclamaciones), seguido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En el ámbito autonómico y local, el CTBG resolvió 701 reclamaciones, un 36% menos que en 2023, debido principalmente a la creación de un órgano propio en Castilla-La Mancha, lo que ha reducido el ámbito de actuación del Consejo a comunidades como Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Extremadura fue la comunidad con mayor número de expedientes resueltos (172), seguida de Baleares, Cantabria y Asturias. Los ayuntamientos concentraron el 56% de las reclamaciones, mientras que las comunidades autónomas representaron el 32%.

Respecto al cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Consejo, la memoria señala que, a 31 de marzo de 2025, no constaba el cumplimiento del 15% de las resoluciones estatales y del 35% de las autonómicas y locales que requerían ejecución. En cuanto a la litigiosidad, en 2024 se interpusieron 50 recursos judiciales contra resoluciones del CTBG, un 31% menos que el año anterior.

El Consejo también ha intensificado su labor de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, analizando 291 entidades, un 15% más que en 2023. Sin embargo, el grado medio de cumplimiento sigue siendo insuficiente, situándose en el 52% tras diez años de vigencia de la Ley de Transparencia, aunque algunas entidades han alcanzado el pleno cumplimiento. Todas las evaluaciones se realizaron con medios propios y los informes, tanto generales como individuales, están publicados en la web del Consejo, incluyendo recomendaciones específicas para mejorar la transparencia.

En paralelo, el CTBG atendió 222 consultas formales sobre la aplicación de la ley, un 61% más que en 2023, y emitió 92 informes sobre proyectos normativos estatales o autonómicos relacionados con la transparencia. Además, continuó promoviendo la formación de empleados públicos mediante seminarios y acciones formativas sobre temas de actualidad como la transparencia algorítmica o la contratación pública.

A nivel internacional, el Consejo reforzó su cooperación institucional, organizando en Madrid un encuentro con representantes de otros 13 comisionados europeos y participando en la creación de la Red Europea para el Acceso a la Información y la Transparencia (ENTRI), de la que ha sido elegido miembro del comité ejecutivo.

El presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, ha valorado 2024 como “un año fértil en resultados”, destacando la consolidación de la institución en su primera década de funcionamiento y la aprobación de un nuevo Estatuto que refuerza su independencia y funciones. Rodríguez Álvarez ha subrayado la importancia de la inminente reforma de la Ley de Transparencia para dotar al Consejo de mayores competencias y afrontar los retos pendientes en materia de acceso a la información pública.