Las diócesis de Bilbao, Toledo, Zamora y Solsona, las más transparentes

El porcentaje de diócesis calificadas como transparentes ha pasado del 0% en el primer informe de 2019 al 28% en esta última edición, alcanzando casi un tercio de las 69 diócesis analizadas. Paralelamente, las diócesis consideradas opacas se han reducido al 10%, mientras que la mayoría de entidades (62%) se clasifican en el grupo intermedio de translúcidas.

La puntuación media total de las diócesis ha alcanzado los 27,7 puntos, acercándose al umbral de 30 puntos necesario para ser considerada transparente. En este sentido, la Diócesis de Bilbao lidera el ranking de transparencia de las diócesis españolas con 40 puntos, seguida por la Archidiócesis de Toledo y la Diócesis de Zamora (ambas con 37), y la Diócesis de Solsona (Lérida) con 35 puntos.

Ausencia de la auditoría externa

En cuanto a la información económica, el 51% de las diócesis publica los presupuestos y el 88% los estados financieros, haciendo de esta área una de las que mayor progreso registra en esta edición. Sin embargo, la auditoría externa sigue siendo un punto crítico, con solo un 4% (tres diócesis) de cumplimiento.

“Este dato refleja una falta de compromiso generalizado con esta práctica, que es esencial para garantizar la fiabilidad de las cuentas y fortalecer la confianza en la gestión económica de la Iglesia. La ausencia de auditorías externas limita la transparencia y dificulta la rendición de cuentas, especialmente en un contexto donde la administración de recursos debe ser ejemplar”, explican los autores del informe, Javier Martín Cavanna y Ángel Luis Ladrón de Guevara, director y responsable de Análisis de la Fundación Haz, respectivamente.

El informe Rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia recuerda el papel del Consejo de Asuntos Económicos (CAE) como “órgano clave en la gestión y supervisión económica de las diócesis”, tal como establece el Código de Derecho Canónico, y destaca que solo un 9% de las diócesis cumple plenamente con la publicación de los datos de los miembros y un 43% ha hecho público el reglamento del Consejo. Además, por primera vez el informe analiza si las diócesis hacen público un informe anual de las actividades del CAE, desprendiendo que ninguna de ellas cumple con este requerimiento. La ausencia de este documento pone de manifiesto la necesidad de seguir fortaleciendo este órgano para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas.

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Luces y sombras

El informe señala el área referida a la estructura de gobierno y administración de las diócesis como la más sólida, con un 87% de cumplimiento global y con indicadores como la publicación de información sobre la curia y los órganos consultivos que logran un 100% de cumplimiento. También se han registrado avances significativos en la publicación del plan diocesano, con un 80% de cumplimiento, y en el área de resultados, especialmente en la información sobre las principales iniciativas relacionadas con las actividades asistenciales y caritativas, indicando datos como el número de centros y beneficiarios.

A pesar de estos avances, el informe señala que persisten retos en la transparencia sobre el patrimonio artístico, que registra solo un 10% de cumplimiento total, así como en los criterios sobre política de inversiones o las normas de contratación de obras y servicios, que presentan un nivel de incumplimiento del 64% y 87%, respectivamente.

La protección de menores, en el punto de mira

El informe destaca el aumento de 35 puntos porcentuales respecto a la edición anterior en el número de diócesis que se comprometen públicamente con la protección de menores, publicando la política que las rige (80%).

Sin embargo, la Fundación Haz quiere continuar reforzando esta información pública de la Iglesia para “asegurar que las medidas adoptadas tengan un impacto real”. Por eso anuncia, de cara al próximo informe, un área específica que no solo exigirá la publicación de la política y el protocolo de cada diócesis sobre la protección de menores, sino también indicadores que muestren su implementación práctica, operativa y eficaz, como la identificación del responsable o unidad de prevención, formación para el clero, personal y voluntarios, y la existencia de un canal de denuncia específico.

“La protección de menores es una de las cuestiones más sensibles y críticas para la Iglesia católica, especialmente debido a los escándalos de abusos que han afectado su credibilidad. La creación de esta área subraya la importancia de integrar la prevención y protección de menores en la gestión diaria de las diócesis, promoviendo una cultura ética que refuerce la confianza de los fieles y la sociedad”, concluyen los autores.