Se estanca la transparencia en la información de sostenibilidad del IBEX 35

Según destacan desde el Observatorio, la publicación de estos datos coinciden con la incertidumbre generada por regulaciones europeas sobre sostenibilidad, como la propuesta Ómnibus,  la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) -ya transpuesta por la mayoría de los Estados-, la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) y el Reglamento de Taxonomía.

El informe destaca que las áreas con información más completa son derechos laborales (en torno a 61 puntos), clientes y consumidores (59) y medio ambiente (47), mientras que fiscalidad (29), derechos humanos (31) y lucha contra la corrupción (36) presentan los peores resultados. Los aspectos de buen gobierno obtienen una calificación de 42 puntos.

Las cinco primeras empresas del ranking, es decir, las más transparentes son: Endesa, Enagás, Iberdrola, Repsol y AENA, mientras que en la cola se encuentran ArcelorMittal, IAG, Amadeus, Logista y Solaria.

Ómnibus: un paso atrás en transparencia 

La propuesta Ómnibus presentada por la Comisión Europea y actualmente en trámite, introduce modificaciones sustanciales que afectan principalmente al ámbito de aplicación, al alcance y al contenido de las obligaciones en normativas clave que habrían servido para mejorar los niveles de transparencia y desempeño en sostenibilidad y RSC, explica el Observatorio, y añade que esta regulación está generando incertidumbre entre empresas, inversores y otros agentes sociales en relación con las obligaciones corporativas de gestión y transparencia sobre sostenibilidad.

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, organización sin ánimo de lucro que nace en 2004 de la mano de varias organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de impulsar la RSC, se puede afirmar que las empresas y sus grupos de interés, actualmente, se encuentran en “tierra de nadie”, tratando de cumplir con una normativa de transparencia que se intenta por parte de las instituciones europeas modificar apresuradamente, sin consulta pública y antes de su plena implementación, apunta el Observatorio.

En nombre de una mal denominada “simplificación” se cuestiona un marco normativo fruto de años de consenso institucional, en base al cual las empresas ya habían asumido notables costes de adaptación, critica el Observatorio.

El desempeño en derechos humanos

El área de Derechos Humanos se posiciona como la segunda con peor desempeño del análisis. A pesar de las mejoras graduales observadas en años anteriores, estas siguen siendo claramente insuficientes, según destaca el informe, que constata que las empresas del IBEX 35 cumplen mayoritariamente con indicadores formales, como la adopción de políticas de derechos humanos, códigos de conducta para proveedores y formación interna. Sin embargo, los avances en aspectos sustantivos, como la identificación y gestión de riesgos, son muy limitados.

El Observatorio entiende, además, que este es un aspecto que la propuesta Ómnibus debilitará drásticamente, al centrarse en los proveedores directos para la evaluación de riesgo, descuidando los riesgos de la cadena de suministro en los eslabones más alejados, donde se producen los abusos más graves.

El estudio concluye que 20 empresas informan del procedimiento de identificación de riesgos ligados a sus actividades, 18 detallan cuáles son estos riesgos, pero solo 3 publican sus objetivos en relación con los riesgos identificados.

En cuanto a los avances normativos, la Directiva sobre Diligencia Debida, aún en negociaciones durante el año analizado, es mencionada por el 60% de las empresas y parece haber influido en la actualización de procesos y políticas. No obstante, aunque el 75% de las empresas afirman tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada suele ser superficial y poco concreta.

Por otro lado, los nuevos indicadores exigidos por la CSRD y las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS), aunque aún no estaban en vigor durante el año del ejercicio, han comenzado a ser incorporados. Sin embargo, solo un número limitado de empresas hace referencia explícita a los derechos de los trabajadores de la cadena de valor y comunidades locales o indígenas, donde el diálogo sigue siendo escasamente reportado de forma detallada.

Buen gobierno y lucha contra la Corrupción: mejoría insuficiente

En el área de buen gobierno se percibe una tendencia positiva en aspectos como el canal de denuncia y la gestión sostenible del consejo de administración. En ambos casos, diversas normativas han incrementado las obligaciones de información en los últimos años, lo que ha favorecido una mayor transparencia.

Sin embargo, en el área de lucha contra la corrupción, se observa una continuidad en los resultados, evidenciando la brecha entre información sobre compromisos, mecanismos y resultados de la gestión. Aunque las políticas son cada vez más exhaustivas y actualizadas, la información sobre gestión de riesgos de corrupción o auditorías es muy escasa, limitándose a menciones generales sobre controles o formación, apunta el estudio.

Las 35 empresas analizadas destacan la implicación de la alta dirección en la identificación y gestión de riesgos no financieros.