España empeora en corrupción: cae diez puestos en el ranking de Transparencia Internacional

Con esta nueva calificación, España ocupa el puesto 46 de 180 en el ranking global del IPC, compartiendo posición con Chipre, República Checa y Granada. Se encuentra un puesto por encima de Fiji (55/100), dos puestos por encima de Omán y dos puestos por debajo de Portugal (57/100), a pesar de su descenso de cuatro puntos este año. También se sitúa por debajo de países como Ruanda o Arabia Saudí.

En comparación con el IPC 2023, España retrocede diez posiciones. En cuanto a los países de la Unión Europea, España pasa del puesto 14 de 27 al 16 de 27, siendo superada por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100), y compartiendo puntuación con Chipre y República Checa.

Según afirma Transparencia Internacional, aunque no se han registrado retrocesos significativos en la legislación anticorrupción, tampoco ha habido avances notables. Y explica la disminución de cuatro puntos en el IPC de España por  una combinación de factores que reflejan tanto un estancamiento a nivel nacional como un importante desmantelamiento de algunas estructuras anticorrupción a nivel autonómico, al tiempo que advierte de la necesidad de reformas estructurales “integrales y efectivas” para evitar que el país siga sufriendo descensos sustanciales.

Transparencia destaca que España enfrenta “grandes desafíos en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional”, y subraya que solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude, y apenas once autonomías han establecido consejos de transparencia. Asimismo, remarca que el cumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de los partidos políticos es “alarmantemente bajo”, con un Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) que no supera el 55%.

La ONG afirma que uno de los factores incide en estancamiento legislativo es, sin duda, el retraso en la transposición de directivas europeas: 87 directivas siguen pendientes de transposición, 30 de ellas ya se encuentran fuera de plazo, lo que demuestra una demora en la adaptación del marco normativo, afirma.

Y advierte que, adicionalmente, España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción, prevista finalmente en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero pendiente de desarrollo, a lo que hay que sumar la falta de reforma de la normativa de conflictos de interés y la adopción de una regulación de grupos de interés y un registro central de lobbies.

Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International-España, ha señalado que “una economía como la española no se puede seguir dando el lujo de no avanzar en las reformas institucionales anticorrupción necesarias que construyen y fortalecen nuestra democracia. La confianza en las instituciones es uno de los elementos esenciales de un estado de derecho sólido. Afrontamos tiempos muy difíciles para las democracias en el mundo y la Unión Europea y España, como uno de los EEMM sólidos de la Unión, deben poner prioridad en las políticas anticorrupción con urgencia”

A nivel global, más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 (siendo el 100 el rango que representa la ausencia de percepción de la corrupción), y la media se sitúa en el 43.

Corrupción y cambio climático

La mayoría de los países que son sumamente vulnerables al cambio climático tienen una puntuación inferior a 50 en el IPC, según destaca Transparencia Internacional, y afirma que un gran número de personas corren un riesgo innecesario debido a que la corrupción obstaculiza los proyectos climáticos destinados a protegerlas. La organización subraya la necesidad crítica de aplicar medidas rigurosas de transparencia y rendición de cuentas a fin de garantizar el uso eficiente de estos fondos.  

Por otra parte, para la ONG, la falta de avances y la aplicación deficiente de las normativas anticorrupción siguen siendo problemas persistentes. En algunos países, los gobiernos han debilitado o politizado los mecanismos de lucha contra la corrupción, afectando el estado de derecho, subraya.

Transparencia Internacional considera que la contratación pública continúa siendo un punto crítico debido a lagunas en la legislación, escasa aplicación de las normativas y falta de recursos.

Por países

Por séptimo año consecutivo, Dinamarca ha obtenido la puntuación más elevada en el índice (90), seguida por Finlandia (88) y Singapur (84).

Los países con las puntuaciones más bajas atraviesan, en su mayoría, situaciones de fragilidad y conflicto, como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13), Yemen (13) y Guinea Ecuatorial (13).

A nivel europeo, los países con mejor puntuación en la región son: Dinamarca (90), Finlandia (88) y Luxemburgo (81) y los países con peor puntuación son: Rumanía (46), Bulgaria (43) y Hungría (41).