“No necesitamos más leyes de transparencia, sino hacer cumplir la que tenemos”

Quince años después, las cifras demuestran que la cultura de la transparencia está más extendida en el país latinoamericano que en España, ya que con una población en torno a los 20 millones de habitantes, su Portal de Transparencia ha recibido más de 42 millones de visitas desde que se creó en 2013 y se han realizado por su intermedio más de 2 millones de solicitudes de acceso a la información, mientras que en España –con más del doble de habitantes, casi 49 millones, y una década de vigencia de la ley– el Portal estatal no llega a los 14 millones de visitas y solo se han realizado 80.000 solicitudes.

La comparativa de datos lleva a preguntarse: ¿Qué hacen en Chile para que la cultura de la transparencia se haya implementado con tanto éxito? Por esto motivo, Revista Haz entrevista al presidente del Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT), Bernardo Navarrete, para saber cuáles son las claves para despertar el interés de los ciudadanos por la información pública e incentivar el cumplimiento de las instituciones.

En este decimoquinto aniversario de la transparencia en Chile, ¿cuáles son los principales logros del Consejo?

Cuando uno mira en retrospectiva, lo más importante que hay que destacar es la consolidación en Chile de la cultura de transparencia; hay un uso masivo de las herramientas que la ley dispuso en 2009. Además, es muy importante saber que, a la vista de los casos de amparo y reclamo que falla el Consejo para la Transparencia, en general, tenemos un bajo nivel de reclamaciones frente a los tribunales, que es la última instancia que tienen los ciudadanos una vez que nosotros hemos tomado una resolución –un promedio de 3% anual–; por lo tanto, los números sugieren  una consolidación de la jurisprudencia del Consejo.

Con respecto a los obstáculos que se han encontrado para consolidar la cultura de la transparencia en Chile, ¿cuáles destacaría?

Los principales desafíos que tenemos son tres, empezando por actualizar la capacidad normativa del Consejo para la Transparencia con la aprobación del proyecto de ley más conocido como Transparencia 2.0, que trata de ampliar su capacidad de fiscalización a instituciones privadas financiadas con recursos públicos y tiene una serie de actualizaciones y perfeccionamientos procedimentales y administrativos. Sin embargo, no se hace cargo de uno de los mayores desafíos de la transparencia hoy: la ley vigente de 2009 tiene limitaciones serias, en particular, necesitamos que exista un régimen general de transparencia para los tres poderes del Estado, porque hasta hoy solo aplica para el Poder Ejecutivo, mientras que los poderes Legislativo y Judicial, así como algunos órganos autónomos constitucionales, mantienen regímenes especiales y atenuados de transparencia, fuera de la tuición del Consejo. Me parece que ese no es el estándar que Chile debería tener.

El otro desafío importante es que tenemos que invertir la lógica actual del acceso a la información porque, en vez de que los chilenos estén pidiendo información a través de solicitudes de acceso a información con toda la tecnología que tenemos hoy, el Estado debería tenerla disponible de manera proactiva, pudiendo subirla inmediatamente a su portal institucional y al nuestro de manera automática, en formato reutilizable. Cuesta entender por qué uno de los países con mayor desarrollo tecnológico en América Latina, como es Chile, no tenga hoy en día la posibilidad de avanzar más hacia la transparencia activa.

Y un tema grave: Chile no tiene una ley de archivos, algo que deberíamos haber elaborado primero, para que permitiera al aparato del Estado en los tres niveles –central, regional y local– responder a estas demandas de información de una manera estándar única, y no depender del nivel de organización de los ministerios, de los servicios, de los municipios o de las gobernaciones para ver cómo se almacena y cómo se articula la respuesta a las solicitudes de acceso a información.

¿Qué herramientas necesitaría el Consejo para afrontar estos desafíos?

No necesitamos más leyes, sino hacer cumplir la que tenemos y avanzar en el uso de la tecnología, en particular, en ser más transparentes sobre los algoritmos que usa el Estado. Es un tema que nos preocupa; los ciudadanos deberían saber si quién les responde es una persona o una máquina, como mínimo. Por lo anterior, el Consejo recientemente emitió una serie de recomendaciones en materia de transparencia algorítmica.

El uso de algoritmos por parte del Estado y la recolección y tratamiento masivo de datos personales que conlleva es un problema serio, porque si bien debe avanzarse en transparencia, no deben desprotegerse los datos personales. Nosotros miramos a Europa y a España para ver cómo están abordando este tema de proteger el derecho de las personas. Es importante recordar que Chile no tiene una agencia nacional de protección de datos, aunque nuestro Tribunal Constitucional recién acaba de respaldar con una sentencia el proyecto de ley para crearla, pero nos faltan dos años para que se implemente.

¿Hay algún sector de la Administración pública de Chile que presente más dificultades a la hora de transparentar su actividad?

El nivel central de Gobierno presenta los mejores índices de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, siendo el nivel local el que tiene más dificultades. En Chile, las municipalidades son la principal ventanilla de atención del Estado y, a diferencia del modelo español, tienen niveles de autonomía más altos. Ellas atienden y entregan gran parte de la información sobre servicios, subsidios y demás temas de interés para la ciudadanía, atendiendo a muchas personas.

Desde 2009 se han instruido más de 634 procedimientos sancionadores por infracción a la Ley de transparencia, y de esos, el 76% fueron dirigidos al nivel local. Ahí tenemos un punto que trabajar fuerte para que los municipios, más allá de realizar su trabajo diario, que no es menor, también aumenten sus estándares de transparencia.

En cuanto a las instituciones que no cumplen con la ley cuando el Consejo les obliga a dar información a los ciudadanos, ¿son obedientes con las resoluciones del Consejo?

El modelo chileno es bastante diferente al español , hay que decirlo; primero, porque nosotros (el Consejo) tenemos tres facultades, siendo una la normativa, es decir, podemos dictar instrucciones para el debido cumplimiento de la Ley de transparencia, que son obligatorias para los sujetos obligados por esta ley.

Por ejemplo, recientemente el Consejo ha dictado las instrucciones generales de transparencia activa sobre derivaciones y prórroga en el procedimiento de acceso a información, y sobre la causa de reserva de información de distracción indebida del órgano solicitado. Esta última se refiere a aquella situación en la que la entidad solicitada no puede entregar la información porque el tiempo que se requiere es demasiado alto. Al respecto, hemos exigido que se siga un protocolo que dé fe y confianza al ciudadano de que se hicieron todos los procedimientos previos necesarios antes de denegar el acceso a la información, o incluso, en algunos casos, hemos dado más plazo para entregar la información. Esta facultad normativa no existe en muchos consejos para la transparencia equivalentes de los miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que es la principal instancia internacional de colaboración de los órganos garantes de los gobiernos iberoamericanos.

La segunda facultad es la fiscalizadora y, la tercera, la sancionadora. Nosotros podemos multar a la autoridad y jefe de servicios con el 20% y el 50% de su renta, y usted comprenderá que si hay algo que nos puede doler es cuando se meten en nuestro bolsillo.

En el modelo español uno puede faltar e incumplir lo dictado y no le conlleva una sanción real, en cambio en Chile hay una multa cuyo cobro debe perseguir la Tesorería General de la República.

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¿Entonces, son obedientes?

Quiero creer que los funcionarios cumplen aquello que la ley les exige porque es su deber, no por la sanción.

Pensemos que la corrupción es la falta al deber posicional de un funcionario. Yo debo cumplir aquello que está en función del cargo que ostento, pero, ciertamente, cuando se establecen las normas y un órgano como el Consejo fiscaliza su cumplimiento y sanciona, se genera un ciclo virtuoso.

Además, este tipo de sanciones tienen un costo reputacional, porque un alcalde, un gobernador, un ministro o un subsecretario sancionado va a salir en las noticias. Son medidas efectivas.

Pediría como autoridad no tener que sancionar a nadie, pero es lo que la ley nos manda y nosotros estamos obligados también a darle cumplimiento.

En cuanto a los chilenos, ¿están comprometidos con la transparencia o es algo que han tenido que ir trabajando durante estos años?

Lo hemos ido trabajando. Cuando se crea la ley en 2009, los funcionarios públicos lo primero que decían era: “¿Por qué tengo que entregar e informar de cuánto gano?”. A lo largo de los años hemos pasado de tener preocupación por cuánto ganan los funcionarios a registrar 42 millones de visitas al Portal de Transparencia del Estado, con consultas muy variadas de la ciudadanía para informarse sobre contratos, actos con efectos sobre terceros, temas de licencias de conducir, prestaciones de salud, permisos, patentes, etc.

La información a la que se accede por transparencia activa, que no requiere elaboración, ha crecido mucho y tenemos, por ejemplo, consultas de asociaciones de vecinos u organizaciones sociales que están entrando a los portales de transparencia a mirar qué proyectos hay en el municipio, en qué barrio, cuánto cuesta, a quién se licitó… Es decir, hemos ido avanzando hacia un mayor control social.

Los periodistas también han sido grandes colaboradores en el uso del Portal de Transparencia del Estado, porque buena parte de los grandes escándalos de corrupción en Chile han salido de investigaciones periodísticas hechas con información obtenida de este y de solicitudes de acceso a información. Tenemos el desafío de que los ciudadanos entiendan que donde hay un peso público debe ser de dominio de ellos y deben entender que tienen el legítimo derecho a saber en qué se gasta.

Desde su experiencia, ¿qué recomendaría para fomentar la transparencia y el derecho de acceso a las instituciones públicas?

Lo primero es que esto debería ser parte de la vida diaria de los ciudadanos y sería importante lograr que, desde el proceso de formación más básico, los ciudadanos entiendan que tienen un instrumento único que les permite saber en qué está gastando su dinero el Estado y que afecta a su día a día.

Las consultas no necesariamente tienen que ser sobre grandes temas, porque lo que nos importa a nosotros es que Chile cuide algo que en la percepción general se está diluyendo, y es la confianza en las instituciones públicas. Si cuando yo pregunto, me dan respuestas pertinentes, entonces yo puedo confiar en las instituciones.

Si nosotros logramos que los ciudadanos entiendan que es un instrumento accesible, fácil de usar, incluso hasta por recreación mental, para alguien que quiere en su tiempo de ocio mirar qué hace la autoridad, entonces habremos avanzado. Esa es la clave, que la transparencia sea algo normal en la cultura.

¿Qué más le gustaría destacar?

Como Consejo para la Transparencia de Chile tenemos el desafío de lograr una regla general de transparencia para todos los órganos del Estado. Además, necesitamos una mejor articulación del Estado, fortaleciendo la cooperación interagencial en Chile, porque hay al menos nueve instituciones que tienen que ver con la integridad y el acceso a la información, y no siempre cooperan.

Chile no tiene una agencia nacional anticorrupción que coordine a las instituciones indicadas, pero de lo que se trata es de que hagamos bien las cosas con las instituciones que ya tenemos. Yo tengo la más alta opinión de la República y el poder Ejecutivo, pero en alguna medida, el Congreso debería ponerse de acuerdo sobre normas de cooperación interagencial, o poner a una autoridad pública que asuma este desafío. Creo que eso es lo más importante porque estamos perdiendo la oportunidad de usar mucha de la información que generamos.  Actualmente, tenemos un mar de datos, pero un desierto de conocimiento. Nadie administra, gestiona y utiliza realmente esos datos para generar políticas públicas de calidad. Me gustaría que eso cambiara.