Elecciones en EEUU y transparencia: cómo fiscalizar un proceso con 50 sistemas diferentes para votar

Elecciones en EEUU y transparencia: cómo fiscalizar un proceso con 50 sistemas diferentes para votar

Estados Unidos elige a su nuevo presidente en un contexto social polarizado y con una carrera electoral muy reñida entre ambos candidatos, por lo que cada voto cuenta. Esto en el marco de un sistema altamente descentralizado en el que cada estado tiene sus propios criterios para la inscripción, recuento de votos y elección de los delegados. Un sistema electoral tan complejo que resulta tan difícil de sabotear como de controlar.

El proceso para elegir presidente en Estados Unidos dura casi dos años y comienza cuando varios aspirantes dentro de cada partido anuncian sus intenciones de postularse como candidatos en la Comisión Federal Electoral. Una vez que se registran oficialmente se inician los debates y elecciones primarias dentro de sus respectivos partidos hasta que, finalmente, solo queda el candidato que representará a la formación – siendo elegido en las llamadas convenciones nacionales- en la carrera hacia la presidencia del país.

Para poder votar, una persona debe registrarse previamente en cada convocatoria electoral, cumpliendo con los requisitos que le permitan ejercer este derecho, como ser ciudadano estadounidense o tener doble nacionalidad, y haber cumplido los 18 años, aunque sea el mismo día de la votación.

No cumplir con estas obligaciones e intentar ejercer el voto está considerado un crimen, según se informa desde la web usa.gov en el apartado requisitos para votar. Hay personas que tienen restringido su derecho al voto activo si por ejemplo han sido condenadas por delitos graves o están cumpliendo condena, depende del criterio de cada estado.

Además de los requisitos, el sistema por el que se elige al presidente no es por voto directo, sino que el partido ganador en cada estado se queda con todos los delegados del Colegio Electoral y este órgano es quien finalmente nombra al presidente del país, a excepción de los Estados de Nebraska y Maine, que utilizan otros criterios para designar a los delegados ganadores. Por este motivo, hay Estados que, por su número de delegados, se consideran fundamentales para ganar las elecciones y es donde muchas veces los candidatos centran su campaña electoral.

Según la prensa norteamericana, estas elecciones van a ser las más ajustadas, además de atípicas porque no hay posibilidad de reelección del candidato demócrata Joe Biden, que ha sido sustituido por su vicepresidenta Kamala Harris. Asimismo, el candidato republicano presenta un recorrido político con sus propias peculiaridades, ya que si gana sería el segundo mandato de Donald Trump después de haber perdido su reelección en 2020.

Ante esta situación, que mantiene la atención de la política internacional por el impacto que tendrá el resultado en los principales conflictos actuales, como las guerras de Rusia-Ucrania e Israel-Gaza-Irán, Revista Haz ha hablado con Argemino Barro, corresponsal de El Confidencial en Nueva York, para conocer mejor las características del proceso electoral norteamericano y saber qué medidas existen para transparentar el proceso, de manera que no se pueda sembrar la duda sobre la legitimidad del candidato ganador como sucedió en las anteriores elecciones, con el consecuente asalto al Capitolio en enero de 2021 antes de la inauguración del mandato presidencial.

El presidente no se elige por voto directo, sino que el partido ganador en cada estado se queda con todos los delegados del Colegio Electoral y este órgano es quien finalmente nombra al presidente.

Cincuenta sistemas para votar

Según explica Barro, una característica fundamental de Estados Unidos es que se trata de un país altamente descentralizado y por lo tanto no tiene un proceso electoral unificado, sino que tiene 50, tantos como los estados que forman el país.

En 14 de ellos no se requiere presentar una identificación para poder votar, mientras que hay otros 36 donde sí se requiere; además, en 24 de estos estados exigen que la identificación lleve una foto.

“Ahora mismo, esta es una batalla política muy importante”, afirma Barro, porque los republicanos quieren establecer obligatoriamente la necesidad de mostrar la identificación para votar en todo el país, cuando muchos de estos políticos tienen en su historial “la mancha de haber colaborado o mirado hacia otro lado mientras Donald Trump trataba de perpetuarse ilegalmente en el poder tras las elecciones que perdió en 2020”, explica el analista consultado.

Además, cada estado tiene sus propias reglas para el voto por correo, el voto anticipado y el recuento. De manera que algunos comienzan el recuento antes del día de las elecciones, como es el caso de Michigan, tabulando los votos que van llegado anticipadamente por correo, mientras que en otros esperan a empezar a contar cuando cierran las urnas.

“Estas diferencias hacen que el sistema sea más complejo que en otros países y han permitido que Trump, después de perder en 2020, presentara diferentes demandas, adaptadas a cada caso, en lugares como Arizona y Georgia, donde había perdido por muy poco”, explica Barro.

Aun así, se observa un aspecto positivo y negativo de este sistema. Por el lado bueno, al ser un sistema tan descentralizado, incluso dentro de los propios estados, en teoría defraudar resulta casi imposible, especialmente por la cantidad y variedad de que personas que había que implicar en la trama. Según Barro, en repetidos análisis realizados a lo largo de la historia electoral, “apenas se han detectado casos de fraude en las últimas décadas y los que se han descubierto suelen ser pequeños casos anecdóticos e irrelevantes”, afirma para Revista Haz.

“Apenas se han detectado casos de fraude en las últimas décadas y los que se han descubierto suelen ser pequeños casos anecdóticos e irrelevantes”, Argemino Barro.

En el lado negativo, el principal problema que presenta este sistema descentralizado es la imagen de complejidad y de caos, y su consecuente posibilidad para explotarlo.

Sobre este aspecto, el corresponsal en Nueva York señala que en junio de 2024 el grupo sin ánimo de lucro Union of Concerned Scientests –UCSUSA– publicó un informe sobre cómo hacer más transparente el proceso electoral en Estados Unidos y así restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema, además de volverlo más eficaz.

Entre las principales recomendaciones de los autores del estudio figuran las siguientes: crear bases de datos más detalladas con información sobre la manera de votar; diseñar mapas para visualizar la evolución del recuento, e implementar la tecnología que permite seguir cada voto y comprobar si ha sido contado o rechazado, etc.

Más transparencia para neutralizar la desinformación

Dentro del Global Right to Information Rating, que mide la clasificación global del derecho a la información de 140 países, Estados Unidos se encuentra en la posición 78. Su Ley de libertad de información, aprobada en 1966, establece un marco legislativo considerado ‘bueno’, en cuanto que permite un acceso amplio y rápido a la información pública.

Sin embargo, en la práctica presenta aspectos negativos como las excepciones que limitan el derecho de acceso, ya que no es obligatorio realizar el ‘test de daño de la información’, y tampoco existe un órgano especializado y garantista al que el ciudadano pueda recurrir cuando se le deniega la información, sino que el solicitante debe acudir directamente a los tribunales ordinarios.

En el marco de los esfuerzos de la Administración pública estadounidense para transparentar el proceso electoral destaca la Oficina de Políticas de InformaciónOffice of Information Policy– y la Comisión de Asistencia Electoral –EAC, por sus siglas en inglés–, que tiene entre sus funciones ofrecer información sobre la administración de las elecciones electorales, además de certificar los sistemas de votaciones, actuando como auditor de los fondos del Acta de Ayuda a América para Votar.

No obstante, la principal labor de información y ayuda a los ciudadanos para ejercer su voto viene de las organizaciones de la sociedad civil, que tratan de transparentar los aspectos más opacos y controvertidos de los procesos electorales para así fortalecer la confianza en el sistema democrático.

Entre ellas, cabe citar a Open secret, una organización sin ánimo de lucro y autodenomina independiente y no partidista cuya misión es transparentar con datos el seguimiento del dinero que financia a los políticos, no solo durante el periodo electoral sino durante toda su actividad política.

Desde su web se puede ver información sobre qué industrias y organizaciones apoyan a los representantes electos en la Cámara de Diputados y el Senado, qué donaciones hacen a funcionarios judiciales en los 38 estados donde se eligen a los jueces, hasta los donantes a gobernadores y los datos que conectan a personas designadas y las conexiones con los miembros de los comités del Congreso.


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Election Protection es una coalición nacional no partidista que trabaja durante todo el año para ayudar a los votantes en el proceso electoral, de manera que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para votar y hacer valer su voto.

En un país, donde el sistema de elección es un galimatías de requisitos y procesos que puede resultar muy complicado para quien no está acostumbrado o no tiene los conocimientos suficientes, resulta muy importante que en los tres niveles de la Administración local, estatal y nacional se faciliten herramientas y actividades para proteger y promover el derecho al voto.

Por su parte, el Brennan Center for Justice, una organización que se dedica a defender los valores de la democracia, promoviendo la justicia igualitaria y el Estado de derecho, considera estas elecciones presidenciales como las más importante de la historia moderna y, por eso, ha desarrollado una campaña especial para ayudar a los ciudadanos a conocer las amenazas que sufre el sistema de controles y equilibrios en el sistema democrático estadounidense.

De esta manera, a través de su web se dedican a explicar e informar cuál es la hoja de ruta para el recuento oficial de votos, cuáles son los mecanismos administrativos para garantizar el recuento, cómo el sistema electoral está asegurado para que cada voto cuente, o qué impacto tienen las demandas sobre fraude electoral, en caso de que se quieran impugnar los resultados.

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