El 96% de las universidades públicas son transparentes frente al 19% de las privadas

Este resultado dista mucho del 35% que conforman el grupo de universidades privadas opacas, el 46% de translúcidas y el 19% de transparentes, de una muestra de 26.

El informe, que este año cumple su duodécima edición, subraya que la información económica que publican los centros públicos alcanza un nivel de cumplimiento medio del 99%, siendo esta una de las áreas en la que más distancia toman las universidades privadas, con tan solo un 27% de media de cumplimiento.

Es la información económica la que menos centros privados facilitan en la web: solo el 35% publica el presupuesto y los estados financieros, el 23% el informe de la auditoría externa y el 15% la memoria de cuentas anuales. Tan solo hay cinco universidades privadas que publican todos los indicadores en esta área.

Junto a la información económica, la referente a la titularidad de la universidad privada es la que mayor grado de incumplimiento registra. “Conocer el titular resulta relevante, especialmente en aquellos casos en los que es una sociedad mercantil y su principal accionista un fondo de inversión. Porque teóricamente no hay nada que objetar a que los fondos de inversión entren en el capital de las universidades privadas, pero hay que ser conscientes de que priorizarán siempre la rentabilidad sobre el cumplimiento de la misión, y eso plantea importantes dilemas en el gobierno y gestión de la universidad”, señala Javier Martín Cavanna, director de Fundación Haz y coautor del informe.

Ética y compliance

En esta nueva edición del informe, se ha incorporado una nueva área sobre ética y compliance. Esta exigencia es fruto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del año 2023 que, en el caso de las universidades públicas, asigna esta labor de vigilancia y compliance al consejo social. Es este, precisamente, el principal reto al que se enfrentan los centros públicos que deben “atribuir sin demora la supervisión de esta área a los consejos sociales dotándoles de las herramientas y recursos necesarios”, explica el informe. Y es que ninguna de ellas ha constituido un órgano de compliance específico que dependa del consejo social.

En general, las universidades públicas continúan mejorando de manera notable en la publicación de información relevante en sus webs, consolidando su compromiso con la transparencia. Destaca especialmente el progreso en las prácticas de rendición de cuentas de los consejos sociales, al informar públicamente sobre la asistencia de sus miembros a las reuniones, así como sobre las prácticas de autoevaluación del desempeño que han llevado a cabo: un 67% cumple en mayor o menor medida el indicador de Deberes de diligencia y lealtad. Esto representa “un avance significativo en el impulso de la gobernanza universitaria y mide el grado de compromiso de los miembros del consejo social”, subraya el informe.

Otros datos y documentos que proporcionan la práctica totalidad de las universidades públicas son, por ejemplo, su plan estratégico; la información sobre su personal, incluyendo las bandas salariales; la composición del órgano de gobierno, las reuniones y actas y los estatutos que les rige; la información sobre las fundaciones, empresas y otras entidades que dependen de la universidad; la oferta y demanda académica; información para sus alumnos como los distintos canales de comunicación y las becas y ayudas que existen; o los resultados de la institución, que abarca aspectos como las encuestas de satisfacción, el rendimiento académico o su impacto en la empleabilidad de sus alumnos.

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En el caso de las universidades privadas, aunque la fotografía global no sea buena, se han registrado algunas mejoras significativas en dos áreas: la totalidad de las universidades (100%) cumple el indicador del Plan estratégico y la información sobre la Oferta y demanda académica se ha incrementado del 58% al 66%.

Destaca también en positivo que el área sobre Ética y compliance parta de un cumplimiento medio del 55%, con un 65% que publica el código ético; un 58% que posee un canal ético, y un 42% identifica su responsable y sus competencias.

Con el fin de obtener una radiografía más amplia del sector universitario privado, el informe anuncia la inclusión en la muestra de nuevos centros en la próxima edición, ya que no han dejado de multiplicarse en los últimos años las universidades privadas autorizadas (46), llegando a igualar prácticamente al número de universidades públicas (49).