El índice de transparencia de las entidades privadas con ayudas públicas es del 37%

Los resultados son muy dispares, según la entidad analizada, pero en general se puede decir que las entidades privadas perceptoras de subvenciones y ayudas públicas no cumplen todo lo que deberían esas obligaciones de transparencia, ya que el informe del CTBG muestra que el grado medio de cumplimiento (índice ICIO) por parte del conjunto de las 79 entidades evaluadas se sitúa en tan sólo el 37,6%.

Las entidades privadas obligadas por la ley tienen que publicar información de carácter institucional y organizativa (como sus organigramas y perfil y trayectorias de sus responsables), y de tipo económico y presupuestario (contratos y subvenciones que les hayan adjudicado las administraciones públicas, cuentas anuales, informes de auditoría, retribuciones anuales de sus máximos responsables, etc.).

Según el CTBG, el bajo ICIO obtenido por el conjunto de las entidades privadas analizadas en 2024 se explica, por una parte, por la falta de publicación de informaciones obligatorias: las entidades evaluadas no publican el 60,1% de ellas, es decir solo se publican 4 de cada 10 contenidos obligatorios. Por otra parte, el Consejo ha constatado que muchas de estas entidades no incluyen referencias que permitan conocer a la ciudadanía el grado de actualización de la información publicada.

Llama la atención que un 68% de las entidades que fueron evaluadas en 2023 por el Consejo no ha aplicado ninguna de las recomendaciones que les hizo la institución para ayudarles a mejorar su cumplimiento, dirigidas, fundamentalmente, a facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la localización, la accesibilidad y la comprensión de la información. Sólo un 7% de las entidades aplicó el 80% o más de las recomendaciones efectuadas. En estas entidades que aplicaron gran parte de las recomendaciones del Consejo, el incremento medio del ICIO supera los 54 puntos porcentuales.

Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Save The Children y de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, que alcanzan un 100% de cumplimiento tras aplicar todas las recomendaciones que les realizó el Consejo en 2023. El listado completo de entidades analizadas y el grado de cumplimiento alcanzado figura al final de este documento.

La Ley de transparencia establece obligaciones de publicidad activa para los órganos y organismos del sector público, pero también para las entidades privadas que reciben un determinado volumen de ayudas o subvenciones públicas. En concreto, el artículo 3 de esta norma establece que tienen obligaciones de publicidad activa “las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.