Organizaciones protransparencia critican las “carencias” del Plan de Acción por la Democracia

Las organizaciones subrayan que las medidas son especialmente débiles en materia de integridad y rendición de cuentas y claramente poco ambiciosas en participación ciudadana.

“Es curioso que se diseñe un plan de esta naturaleza de forma tan poco democrática, sin participación de ninguna de las casi 40 entidades especializadas existentes”, ha señalado  Javier Pérez, director de Political Watch, recordando que el derecho de participación está recogido en el artículo 23 de la Constitución.

Según las organizaciones, el Plan del Gobierno recoge algunas de las iniciativas que estas reclamaban en su manifiesto del pasado mes de julio, como las sanciones a los representantes públicos que no publiquen sus declaraciones de bienes. Y señalan que también se han anunciado medidas de protección de la libertad de expresión y de prensa, pendientes de desarrollo en reformas legislativas posteriores, lo que valoran positivamente, considerando que estos derechos pueden estar siendo limitados en España actualmente, según el indicador internacional Civicus.

Respecto a la esperada regulación de los lobbies, “se ha anunciado por sucesivos gobiernos y ya se incluye en el V Plan de Gobierno Abierto y en el Plan de Recuperación y Resiliencia, sin que se haya puesto en marcha nunca”, recuerda el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry.

Por su parte, Carlos Cordero, de Access-Info Europe, señala que “en el plan no se menciona el reconocimiento del acceso a la información como un derecho fundamental que debe ser recogido en la normativa española. Sin ese pilar básico de la transparencia, es difícil avanzar con solidez”, al tiempo que considera que “es también imprescindible abrir los registros de empresas y beneficiarios reales al público, investigadores y sociedad civil, con información reutilizable que permita realizar búsquedas”.

Además, según apuntan, no se detectan mejoras sobre calidad normativa y seguridad jurídica, donde las organizaciones pro transparencia creen necesario incluir límites al abuso del decreto-ley y evitar la aprobación normas que generen incertidumbre o incoherencias con otras existentes. Respecto a la desinformación, defienden que se publiquen los beneficiarios finales y las cuantías recibidas desde las campañas de publicidad institucional y cualquier otro recurso público.

Sobre la integridad y rendición de cuentas, las organizaciones consideran positivo que se estreche el cerco a quienes no publiquen las declaraciones de bienes, pero añaden la necesidad de crear una oficina independiente y con capacidad para imponer sanciones a quienes incurran en conflictos de interés.

Finalmente, critican la falta de menciones en el plan a la separación de poderes. Respecto a la cúpula del poder judicial, recuerdan que es imprescindible tomar medidas efectivas para que los nombramientos se basen en criterios lo más objetivos posible. “Resulta crucial en una democracia que se refuercen los sistemas de contrapesos existentes para garantizar el equilibrio entre poderes, que cada institución cumpla su función y que los organismos de vigilancia puedan desarrollar su papel”, manifiestan desde Hay Derecho.