El Consejo de Transparencia resolvió en 2023 casi un 37% más de reclamaciones

De las reclamaciones presentadas el año pasado: 1.170 (el 62 %) fueron expedientes frente a organismos y entidades de ámbito estatal y 716 (el 38 %) frente a Administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que tienen convenio con el Consejo.

En cuanto al número de expedientes resueltos, en 2023, el Consejo resolvió 2.259 reclamaciones, lo que supone un 36,7% más de expedientes resueltos que en el 2022.

De estos expedientes resueltos, 1.169 se refieren a información en poder de la Administración General del Estado y su sector público, con un incremento del 17% respecto a los resueltos en 2022.

La memoria 2023 pone de relieve que un alto porcentaje de las reclamaciones se siguen presentando por desestimación presunta de la solicitud de información por silencio administrativo, al no haber respondido la Administración o entidad del sector público a la solicitud en plazo. Un tercio (un 33,7%) de los expedientes resueltos por el Consejo en 2023 en el ámbito estatal se habían presentado por este motivo.

En cuanto al resultado, se admitieron a trámite el 94,9% de las reclamaciones, de las que casi dos tercios (el 63,4%) fueron estimadas (total, parcialmente o por motivos formales, resolviendo el Consejo de Transparencia que la Administración debía entregar la totalidad o parte de la información.

El Ministerio del Interior fue el destinatario del mayor número de las reclamaciones resueltas por el Consejo (214, un 18,5 % del total), seguido del Ministerio de Hacienda y Función Pública (con 75 reclamaciones, el 6,5 % del total) y los Ministerios de Justicia y de Transición Ecológica y Reto Demográfico (con 52 reclamaciones cada uno, el 4,5 % del total).

Por otra parte, en 2023 el Consejo resolvió 1.090 reclamaciones sobre información en poder de las Administraciones autonómicas y las entidades locales de las CC.AA. con las que tiene convenio (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Illes Balears, La Rioja y Melilla). Esto supone que el Consejo resolvió un 66% más de reclamaciones de ámbito autonómico y local que en 2022. Es destacable que un 85% de ellas se habían presentado ante el Consejo por silencio administrativo.

Respecto al cumplimiento de las resoluciones, del que el CTBG realiza un seguimiento constante publicando el resultado trimestralmente en su web, la memoria pone de relieve que, de las resoluciones dictadas en 2023 que requerían ejecución, a 31 de diciembre de ese año no constaba al Consejo el cumplimiento del 11,3% de las dictadas ese ejercicio en el ámbito estatal y un 49% de las de ámbito autonómico y local.

Para el presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, “el Consejo  se va fortaleciendo cada vez más como autoridad independiente de supervisión de la transparencia pública, un aspecto capital para situar a España en el lugar que le corresponde como democracia avanzada, participativa y basada en la rendición de cuentas”.

El CTBG contó en 2023 con un presupuesto de 3,37 millones de euros, un 12,5% más que el ejercicio anterior, y quedó configurada con una plantilla de 29 funcionarios.

Recursos judiciales frente a las resoluciones dictadas 

 Al cierre de la memoria, en 2023 se habían interpuesto 73 recursos contencioso-administrativos contra resoluciones dictadas en materia de acceso a información pública. En el ámbito estatal el número de recursos fue de 62, mientras que en el ámbito autonómico y local los recursos planteados fueron 11. Cabe destacar que 2023 ocupa el segundo lugar en cuanto a número de litigios desde que este inició su actividad (solo superado en 2019, año en el que se presentaron 77).

En el ámbito judicial es necesario destacar una relevante novedad que se produjo en 2023: el legislador acogió una propuesta del Consejo y modificó la Ley 9/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para establecer que los actos y disposiciones dictados por el Consejo son recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con lo que se suprime la doble instancia y se le equipara al resto de las autoridades administrativas independientes, reduciendo el tiempo necesario para obtener una sentencia definitiva.

Función evaluadora del Consejo

Otra de las funciones principales asignadas al Consejo es la analizar el cumplimiento de la Ley de transparencia: para ello, cada año realiza evaluaciones a entidades obligadas por dicha ley, analizando si cumplen las obligaciones de publicidad activa, es decir, si publican en sus páginas web o portal de transparencia la información relevante para fiscalizar su gestión a la que están obligados por la ley de transparencia. En 2023 se intensificó notablemente la actividad en este sentido. El CTBG evaluó a un total de 254 entidades públicas y privadas, lo que supone un 35% más que el año anterior; y emitió un total de 361 informes (casi un 33% más que en 2022). Estos informes incluyen recomendaciones dirigidas a las entidades evaluadas para que puedan mejorar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

La memoria pone de relieve que el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2023 (sin tener en cuenta las 90 entidades evaluadas por tercera vez por el Consejo) es de solo el 44,2%. La falta de publicación de informaciones obligatorias, el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que explican el bajo nivel de cumplimiento global alcanzado.

El presidente del Consejo considera que la Administración debe hacer un esfuerzo no solo por publicar los contenidos mínimos obligatorios legales, y hacerlo adecuadamente, sino por ser proactivos en la publicación de contenidos adicionales de interés para los ciudadanos que les ayuden a fiscalizar su gestión. “La publicidad activa es la forma más eficiente de garantizar la transparencia y ahorra recursos a la Administración”, asegura. Rodríguez Álvarez.