Lucha contra la desinformación: por qué el Gobierno debe rendir cuentas de su plan

Durante su intervención, el presidente argumentó que este fenómeno supone una amenaza para la democracia porque los bulos atacan la reputación de las instituciones e intoxican el debate público, socavando la convivencia de las sociedades y polarizando a la opinión pública.

Desde 2018, tanto la Unión Europea como los Estados miembros han puesto en marcha el Plan de Acción contra la Desinformación y el Plan de Acción para la Democracia Europea con el objetivo de contrarrestar cualquier campaña de posverdad que pueda producirse dentro y fuera de Europa.

En España, el Plan de Lucha contra la Desinformación se desarrolla en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en octubre de 2020 a través de la orden ministerial PCM/1030/2020 que establece el procedimiento de actuación contra la desinformación y que se basa fundamentalmente en cuatro grandes acciones: la detección precoz de noticias falsas; la implantación de un sistema de alerta rápida entre las instituciones públicas (tanto europeas como nacionales); el cumplimiento del código de buenas prácticas por las plataformas digitales, y la creación de grupos de verificación, además de sensibilizar a la ciudadanía de posibles campañas de desinformación a través de programas específicos para que sirvan de apoyo a los equipos de verificadores que trabajan en su detección temprana en las redes sociales.

Aunque desde las diferentes Administraciones insisten en que estas iniciativas no tienen por objetivo vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, consagradas por la Constitución dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, el resultado de la metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos implica un límite de estas libertades.

Además, la orden ministerial por la que está desarrollando el plan de acción solo menciona como autoridades competentes a una serie de órganos de la Administración -Consejo de Seguridad Nacional, Comité de Situación, Secretaría de Estado de Comunicación y Comisión Permanente contra la Desinformación-, sin dar más detalles de qué personalidades son o cuál es el procedimiento de su elección, así como tampoco se determina qué representantes de los medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil participarán en las acciones de este plan, ni en qué condiciones.

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Durante el pleno del 17 de julio, el Gobierno anunció que establecerán nuevas normas jurídicas para mejorar la transparencia de los medios de comunicación y desarrollar más mecanismos para luchar contra la corrupción, pero de momento no hay más detalles acerca de las medidas exactas y su alcance.

En este contexto, Revista Haz consulta al experto en liderazgo José Luis Álvarez, que recientemente ha publicado la segunda edición de su libro Los presidentes españoles: las claves de su liderazgo y estilo de gobierno para analizar la importancia de que los gobiernos rindan cuentas sobre un plan tan ambicioso como el presente y que, además, supone un recorte a las libertades fundamentales de los ciudadanos en pro del interés y la seguridad nacional.

La (no) transparencia del plan de acción

Desde la academia, algunos juristas han advertido recientemente que la pretensión de cualquier gobierno de regular la acción de los medios de comunicación y de los periodistas para controlar su actividad es algo más cercano a las dictaduras que a las democracias, al igual que señalan que el plan europeo contra la desinformación va dirigido a fomentar el pluralismo de medios y no a prohibirlos.

En estas circunstancias, la transparencia de las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo en el desarrollo de la lucha contra la desinformación resulta fundamental para evitar la desconfianza hacia el propio Gobierno que lo impulsa y el objetivo del propio plan.

Según explica Álvarez, “los poderes públicos y políticos ya no pueden sustraerse a la idea de transparencia”, aunque su adopción no siempre es automática y considera que, a veces, tampoco es bienvenida, pero es progresiva en el tiempo, es decir, “gobiernos más recientes requieren más transparencia, porque, como decía Víctor Hugo, no hay nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado”.

No obstante, el Plan contra la Desinformación depende del Consejo de Seguridad Nacional y la transparencia de este sector de la Administración y el Gobierno suele estar limitada porque la divulgación de su información supondría un riesgo para la seguridad del Estado y la sociedad en general.

Aun así, el experto consultado señala que la existencia de los secretos de Estado es legítima, “pero su regulación debe ser clara y detallada” precisamente para evitar la desconfianza, o el abuso de esta facultad en beneficio propio de cada Administración.

Sobre este aspecto, cabe destacar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha expresado a través de sus resoluciones que los límites a la transparencia establecidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013 -como es la seguridad nacional- no pueden ser aplicados de manera automática y deben ser invocados con base a la protección concreta de un interés racional y legítimo, haciendo el pertinente test del daño para valorar si el acceso a la información pública supone un perjuicio.

Información pública de la lucha contra la desinformación

Actualmente, la información pública sobre el procedimiento de actuación contra la desinformación y el trabajo de su comisión permanente es escasa y no se encuentra publicada en ningún portal de la Administración española de manera proactiva.

Solamente, gracias a la publicación de una solicitud de acceso a la información presentada al Ministerio de la Presidencia en marzo de 2022 y a la que se dio acceso parcial, se pueden conocer algunas características sobre esta nueva autoridad y cuáles son la acciones llevadas a cabo entre 2019 y abril 2022, que es cuando se solicitó la información.

Entre los contenidos de esta publicación, cabe destacar que la Comisión de Lucha contra la Desinformación es la encargada de facilitar la coordinación interministerial en el ámbito de la lucha contra la desinformación en España, que se reunió en 13 ocasiones desde que inició su actividad y, desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania (febrero 2022), se reúne diariamente bajo la dirección del director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno y con la célula de coordinación interministerial específica para tratar la situación.

Hasta la fecha de la solicitud, los departamentos ministeriales y los organismos que forman parte de la Comisión Permanente de Desinformación llevaban a cabo un seguimiento y análisis de la situación de nivel 2 (existen hasta 4 niveles) relativa a las campañas de desinformación en el contexto de la crisis provocada por el ataque militar de Rusia contra Ucrania, y el resultado de dichos análisis se pone en conocimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior a través del Sistema de Alerta Rápida (RAS).

Sin embargo, la información que se comunica a la comisión permanente está clasificada como secreta por el organismo que la aporta y no se puede acceder a su contenido, pero los informes no clasificados de carácter público del Servicio Europeo de Acción referidos a campañas de desinformación se pueden encontrar en la web euvsdisinfo.eu

Aunque en la solicitud también se pedía acceso a las actas de las reuniones de la Comisión contra la Desinformación y los informes sobre la participación de terceros países en campañas de desinformación contra España o Europa, dicha documentación es elaborada en el Departamento de Seguridad Nacional y, salvo que expresamente se declare como “información de uso público”, no es posible su divulgación. Como consecuencia de lo anterior, se denegó el acceso a la información.

Seguridad, libertad e información pública

Álvarez explica que una buena comunicación desde el Gobierno debe estar basada en la inmediatez, claridad, responsabilidad, orientada a la acción y ser completa. Estas características se concretan en que la información debe darse “lo antes posible, sin ambigüedad, ni juegos semánticos, clarificando cuál es el actor relevante, informando qué se a hacer y dando todo lo que se debe saber”.

La situación actual de crisis resulta un momento complicado para mantener el difícil equilibrio entre garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras se preservan las libertades fundamentales. Por este motivo, la toma de decisiones sobre aquellas cuestiones que suponen la intromisión de los poderes públicos en el ámbito privado de los ciudadanos deben ir acompañados de acciones que permitan conocer cómo y por qué se han adoptado.

El experto en liderazgo afirma que un buen líder siempre intenta sintonizar con las emociones de los ciudadanos y debe ser un buen orador –y pone el ejemplo de Felipe González-, siendo esta una condición necesaria -pero no suficiente- para ser transparente.

Si la guerra híbrida en la que se encuentra Europa requiere de nuevas medidas, los líderes políticos no pueden olvidar sus obligaciones con respecto a los ciudadanos, especialmente cuando exigen su colaboración para superar las crisis.

“La transparencia debe complementarse con la consistencia, y los políticos pueden ‘escaparse’ de casi todo, excepto de la falta de consistencia entre lo que dicen y hacen”, concluye Álvarez para Revista Haz.