El viraje de la transparencia a ninguna parte (II)

Vid: El viraje de la transparencia a ninguna parte (I)

La capacidad del cargo público

He visto un par de veces cada una de las dos sesiones que han tenido la presencia de candidatos a dirigir el organismo. Han sido un ejemplo fantástico de cómo se instrumentaliza el nombramiento de cargos por cuestiones partidistas. Nada de mérito y capacidad. Olvídenlo. Ni se molestaron en disimularlo.

En la primera sesión solo hubo un candidato, el llamado “continuista”, Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la AVAF y con una experiencia de más de veinte años en órganos de control. El otro candidato, Eduardo Beut, no pudo finalmente comparecer en la comisión de las Corts por no cumplir el requisito legal (“único en la Comunidad Valenciana”, como criticaba el representante popular) de estar propuesto por entidades que tuvieran entre sus actividades principales la lucha contra la corrupción.

En esta comparecencia, Segura recibió el apoyo de los grupos parlamentarios de la oposición (PSPV y Compromís), mientras que de parte de los grupos que apoyan al gobierno regional (PP y Vox), los argumentos para no votar a favor fueron, por parte del Grupo Popular, que “había sido etiquetado” por el rechazo de los grupos Socialista y de Compromís al no permitir siquiera la presentación del otro candidato.

Por parte del grupo de Vox, la representante repitió en más de una ocasión que era un candidato adecuado y capacitado por su trayectoria y perfil, pero que no representaba el cambio por el que habían votado a sus listas electorales. Los que dedicamos un buen rato a ver esta sesión pudimos comprobar de primera mano que todos los grupos consideraban adecuado al candidato, pero que ese no era motivo suficiente para que ocupara el puesto.

En la segunda sesión para la elección de director ya estaban ambos candidatos. Segura volvió a exponer un detallado y completo plan de la dirigir la AVAF, construido sobre ejes estratégicos, objetivos y acciones a desarrollar en cada área. Tenía muy claro qué había que hacer para avanzar, en su opinión, en la lucha contra el fraude y la corrupción. De poco le sirvió, porque la decisión ya estaba tomada.

Por su parte, Beut dedicó su exposición a explicar su excelente currículo laboral, inspector de Hacienda y exdelegado territorial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, entre otros cargos. Sin embargo, no presentó propuesta alguna para la dirección de la Agencia, puesto que no tenía los medios (aludió varias veces a no tener un equipo), y se comprometió a tener su plan listo para enero de 2025. Su currículo y su exposición, que denotaba ser una persona “brillante”, como repitió algún portavoz de la comisión parlamentaria, fueron suficientes. Pero el hecho de no ser el candidato propuesto por asociaciones “con marcados tintes ideológicos” y de “representar el continuismo”, más aún.

En estas líneas no expondré como argumento una de las críticas vertidas sobre Beut, relacionadas con sus relaciones personales, ideológicas, políticas o profesionales. Mantengo la misma línea que con otros cargos nombrados para dirigir las autoridades de control de la transparencia, la cita a Esther Arizmendi: “por sus actos los conoceréis”. Como hicimos con Noelia García Leal (Comisionada de Transparencia de Canarias) o José María González Castillo (Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid), desearle desde aquí el mejor desempeño en su puesto, lo que será en beneficio del conjunto de la sociedad, particularmente de la valenciana.

Por cierto, esta segunda sesión se celebró en un contexto muy particular: fueron los días de la ruptura de gobiernos autonómicos entre PP y Vox. Nos servirá para enlazar con otro hito de este vi(r)aje.

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Reconocido prestigio

Nos trasladamos a la Región de Murcia. Allí también se ha descubierto la necesidad de cambiar el Consejo de Transparencia regional por un Comisionado que agilice los trámites y la resolución de solicitudes de acceso.

Esto es muy curioso, porque hemos perdido la cuenta del tiempo que ha transcurrido desde que se inició el culebrón del Consejo de Transparencia murciano desde la dimisión de Pérez Templado. A pesar de las múltiples alusiones, peticiones y demás llamamientos que recibieron desde no pocas tribunas, incluidos los consejeros que mantenían “en activo” (por decirlo de alguna manera), no encontraron sus señorías en la Asamblea de Murcia momento para proponer un nuevo presidente del Consejo en años. Eso sí, ha llegado el tiempo de la agilidad y la simplificación, y para ello, mejor un Comisionado que dieciocho miembros representativos de múltiples sectores de la sociedad murciana.

La elección de este Comisionado corría a cuenta de Vox. Era parte del acuerdo de gobierno con los populares murcianos. Se exigían pocos requisitos: ser una persona de reconocido prestigio y competencia profesional. Pero no se indicaba en qué campo o área, ni experiencia de determinados años ejerciendo algún papel. El primer nombre que se presentó (y que se dio por hecho) fue el de Francisco Provencio, con una amplia trayectoria ligada a la agricultura en la Región, siendo por ejemplo presidente de la comunidad de regantes del Trasvase Tajo-Segura de Librilla. No pongo en duda su competencia en esa área, ni en la del sector de la industria del plástico, donde es empresario. Pero me cuesta ver la relación y la capacidad para ser Comisionado de Transparencia. Creo que a cualquiera le cuesta verlo.

El plan de la reforma legislativa que ha culminado en la Ley 1/2024, de 8 de julio, de modificación de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se fundamenta en la creación de la Comisión de Transparencia, “un órgano colegiado, independiente y a la que corresponde resolver las reclamaciones que se planteen frente a las reclamaciones de acceso a la información pública”.

Así que al Comisionado le acompañarán cuatro vocales que serán los encargados de dar respuesta a las reclamaciones: un representante designado por la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, un representante del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, un funcionario adscrito al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma y que preste servicio de asesoría jurídica, y el secretario general de la consejería competente en materia de transparencia.

En este escenario, la primera propuesta de Vox para nombrar al Comisionado, entiendo, se fundamenta en la capacidad de alguien para gestionar o dirigir un equipo. No le encuentro otra explicación que pueda ser defendible en público. En este punto, conviene recordar que un consejo o comisionado de transparencia no es una empresa. Suena a verdad de Perogrullo, pero parece ser que hay quien no lo entiende así.

Y en este punto también es conveniente reflexionar, aunque sea brevemente, sobre la capacidad y los méritos de los candidatos a ocupar determinados puestos. Por trayectoria académica o profesional ligada al cargo a ocupar, Provencio no reunía los requisitos. No quiere decir esto, ni mucho menos, que personas sin estudios universitarios o sin una trayectoria laboral relevante desde el punto de vista institucional no puedan ocupar cargos de representación institucional, por ejemplo, diputados o concejales, incluso altos cargos de gobiernos. Es más, en mi opinión es uno de los grandes avances históricos de la democracia representativa. Pero al igual que la institución del Comisionado de Transparencia no es una empresa, el cargo no es asimilable a un cargo de representación política. Hay diferencias que no se pueden orillar. Es otra verdad de Perogrullo, pero de nuevo parece ser que hay quien no lo entiende así.

Durante varios días se mantuvo la propuesta de Provencio como la viable y la que terminaría sucediendo. Pero se produjo la ruptura PP-Vox. Poco después, no sabemos con certeza ni tenemos prueba de si fue a consecuencia de ello o no, Provencio no sería el candidato. En ese punto, el líder regional de Vox tuvo otra idea: proponer a una asesora suya, la abogada Natalia Sánchez López (ya reunía algún mérito más), para Comisionada. No llegó ni a votarse en la Asamblea regional, puesto que Vox retiró la propuesta por la negativa del PP a apoyarla. El despropósito era tal que ese punto, el primero del orden del día de la sesión plenaria del 17 de julio, se saltó, y la decisión quedó postergada para después del verano. A pesar de las urgencias en general, la necesidad de agilizar y todas esas argumentaciones, incapaces de resistir la primera crítica. Resultó que al final no había tanta prisa. Como se ha demostrado en la Región en los últimos años en lo que atañe al Consejo.

Y nos deja la duda de si esta es la receta del “cambio para el que les votaron” (como decía la representante valenciana) que propone Vox en el nombramiento de cargos institucionales. Un cambio hacia la nada, un viraje a ninguna parte.

¿El fin de una era?

Este ejemplo murciano y el anterior valenciano, con sus notables diferencias, especialmente en cuanto al perfil de las personas que se postulaban o se proponían, son una muestra de que aquello del mérito es un “argumento complemento”, que sirve si interesa en cada caso concreto, y que si se quita, no deja al desnudo a quien así lo elige. O eso cree. En un caso es bastante claro quien reunía mayor capacidad para desempeñar el puesto, y en otro parece evidente que ninguno de los propuestos, que se han mencionado por los motivos que quiera que sean, pero que no son los razonables para la elección del responsable de una autoridad administrativa independiente.

Cuando hablábamos de ese tiempo en que se esbozaba una segunda generación de la transparencia, las debilidades de la arquitectura institucional se acababan “parcheando” con la solvencia y la convicción de las personas que ocupaban los puestos directivos, en los órganos de control y en los puestos políticos. Era una apuesta imprudente y arriesgada, como casi todas las apuestas. En este nuevo viraje no nos queda tan siquiera la última carta del “reconocido prestigio”.

No hay certezas, puede que sea esta la clave de un tiempo nuevo. Habrá que ver si es tan fugaz como la segunda generación, que en realidad ni llegó a serlo, o si el poder se deja llevar por sus impulsos más primarios. Es el tiempo que ya advertimos hace un año, el de la de deconstrucción de la transparencia.

Emprendemos un viaje, y ojalá que el final sea mejor que el de aquellos “cómicos de legua”, inadaptados al nuevo escenario.