Bloqueo del CGPJ: cómo afecta a la Justicia y por qué los ciudadanos no lo saben

El conflicto reside en que las Cortes Generales deben elegir por mayoría cualificada a los nuevos vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ), de manera que diez son nombrados por el Congreso de los Diputados y otros diez por el Senado. Pero sus señorías no llegan al consenso necesario.

Sobre este aspecto, cabe señalar que cada vez que toca esta renovación surge cierta polémica sobre el sistema de elección, pues los partidos políticos tampoco consiguen establecer un régimen definitivo que sea lo suficientemente imparcial e independiente para evitar la intromisión de los otros poderes del Estado, especialmente el del ejecutivo.

Esta situación resulta paradójica frente a los esfuerzos que hace el propio CGPJ por ser una de las instituciones públicas a la vanguardia de la transparencia, ya que antes de la entrada en vigor de la Ley de transparencia fue de los primeros órganos constitucionales en abrir su portal y rendir cuentas, además de que siempre obtiene los mejores resultados en las evaluaciones del Consejo de Transparencia [vid. Las 7 claves para mejorar la transparencia del Senado, la Casa Real o la Fiscalía].

Sin embargo, los datos públicos que muestra el CGPJ como consecuencia de su situación en funciones tienen importantes consecuencias y repercusiones tanto para los derechos de los ciudadanos, como para el buen funcionamiento de la democracia, pues actualmente hay un tercio de las plazas de los magistrados que están pendientes de ser cubiertas (93 vacantes), entre las que destacan los 24 magistrados del Tribunal Supremo, 30 presidencias de audiencias provinciales y 7 presidencias en tribunales superiores de justicia.

Para saber conocer cómo afecta esta cascada de inacción por parte del CGPJ, Revista Haz habla con Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia, y con el abogado Pablo Puente, experto procesalista en civil y penal.

Sin Consejo, no hay nombramientos

La principal consecuencia que ambos expertos señalan es la incapacidad del CGPJ en funciones para realizar nombramientos discrecionales, es decir, designar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, los presidentes de las salas de los tribunales, las presidencias de las audiencias provinciales y todos los magistrados del Tribunal Supremo.

Sánchez de Diego afirma que el Consejo “aunque no juzga, ni dicta sentencias, posee funciones importantísimas”, como son los nombramientos señalados y que desde la reforma de 2021 -sobre las funciones del CGPJ- no se están llevando a cabo.

Este vacío de magistrados según señala Puente supone un “problema para todos”, pues en un órgano como el Tribunal Supremo es esencial ser especialista de la materia sobre la que se juzga: “Si en una resolución en la que se falla sobre impuestos, por ejemplo, tiene que completarse con magistrados de la Sala de lo Militar porque faltan, pues lo harán conforme a lo mejor de sus capacidades, pero no son especialistas en la materia y eso es un problema”, debido a la importancia y transcendencia de las decisiones de este órgano en la jurisprudencia.

Otro aspecto destacado por los expertos es el retraso en las respuestas de los tribunales, debido a la falta de recursos y medios. Por su propia experiencia en la Sala de lo Civil, Puente asegura que se nota bastante el incremento en los tiempos para dictar una resolución, pues “viendo las resoluciones de los últimos años, perfectamente, puede haber más de un año de diferencia” con respecto a los tiempos que se manejaban en 2021.

En opinión del profesor de la UCM es “inadmisible” que las personas esperen hasta cinco años para resolver un pleito, y señala que podría “socavar al Estado español por incumplimiento de sus obligaciones” al no ser capaz de dar un buen servicio de la Justicia como consecuencia de un problema de medios, organización y de dirección.

“Tenemos un auténtico caos y atasco que afecta principalmente al derecho fundamental de los ciudadanos, y es muy importante que la solución jurídica funcione bien, porque si no vamos hacia el amiguismo”, indica Sánchez de Diego.

“Cuando la Justicia duerme, sueña monstruos”

En el último informe de Transparencia Internacional España se indicaba que la no renovación del órgano de gobierno de los jueces supone un riesgo para la corrupción, debido al debilitamiento del sistema judicial por falta de un buen funcionamiento, así como el riesgo que supone la influencia del poder político en la elección de los miembros del CGPJ.

Sobre este aspecto, Sánchez de Diego advierte que es importante tener en cuenta que el mandato del Consejo es de cinco años para que no coincida – en cierta forma- con el mandato de cuatro años de una legislatura en el Congreso y el Senado, y así garantizar la independencia de este órgano con respecto al resto de poderes del Estado.

Pero el bloqueo ya ha superado el periodo de una legislatura y cabe preguntarse qué sucedería de mantenerse dicha situación: “La bola se haría más grande y podría llegar a afectar a la seguridad jurídica, que es esencial en un Estado de derecho”, afirma Sánchez de Diego. Además, recuerda que el año pasado se sucedieron diversas huelgas por parte de jueces, letrados y administrativos en las instituciones judiciales, haciendo más evidente la situación de desorganización que vive la jurisdicción española.

Por otro parte, el abogado Puente afirma que esto también afecta a la investigación de la corrupción y el hecho de que haya presidencias vacantes en los tribunales repercute en haya menos presión para investigar. Sobre este aspecto, cabe señalar que según se puede observar en los datos publicados por el CGPJ en su repositorio, en 2022 y 2023 los juzgados de instrucción de España registraron el menor número de procedimientos abiertos por corrupción de los últimos cinco años (37 y 32 respectivamente), cuando en años anteriores se registraron entre 45 y 51 procedimientos al año. Se desconoce si la causa del descenso en el número de este tipo de procedimientos abiertos se debe a que hay menos corrupción o es que hay menos medios para perseguirla.

Por otra parte, el abogado procesalista señala que un problema añadido en esta situación es el “hartazgo y descontento” que se genera dentro de la carrera judicial como consecuencia del aumento de la carga de trabajo para los magistrados en activo. “A la falta de una gestión adecuada, porque no hay presidente, se suma también una litigiosidad en incremento y si encontramos ya al personal muy saturado de trabajo, al final se desmotiva y se va trasladando a toda la carrera en vertical, siendo el cóctel perfecto para el paupérrimo estado en el que está la Justicia ahora mismo”.

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¿El ciudadano sabe cómo le afecta?

Según los expertos, el principal perjudicado de esta situación es el ciudadano, como señala Puente, ya que no solo se trata del aumento de los tiempos de resolución, que puede ser muy frustrante, sino que también afecta a la satisfacción en el trato recibido por la Administración de Justicia como servicio público.

En este sentido, el profesor de la UCM también explica que cuando un ciudadano entra en cualquier juzgado o tribunal no sabe muy bien cómo funciona la institución, y pone en relieve que existen diferentes relaciones de poder entre los miembros que lo forman: el magistrado o juez, que depende del CGPJ para su nombramiento; el letrado de Justicia que depende del ministerio de Justicia, y los funcionarios, que son nombrados por la comunidad autónoma, si las competencias han sido transferidas.

En su opinión, esta gestión puede resultar muy complicada y por eso considera que “hay que hacer una apuesta decidida por la Justicia, no solamente en lo económico, sino en organización y transferir todas las competencias al CGPJ”.

Del mismo modo, Puente coincide en que el principal problema de la Justicia española es la falta de medios en todos los sentidos. “Los jueces han reclamado durante años más recursos, tanto humanos como materiales, pero a nadie le ha importado, y eso no es un problema del CGPJ, sino de la Administración pública que es quien repone las plazas y puede crear nuevos juzgados”, afirma el abogado.

Ante esta situación, ambos expertos coinciden en que el sistema judicial es uno de los sectores más olvidados por los poderes públicos y la sociedad, ya que no se le otorga el respeto que merece en cuanto a que no recibe la atención y el acondicionamiento necesario para desempeñar sus funciones adecuadamente.

Puente señala que sería necesario, además de subsanar la escasez de recursos señalada anteriormente, realizar modificaciones legislativas que favorecieran la agilidad en las tramitaciones, y pone de ejemplo el caso del sistema de la Hacienda Pública que “cuando se le dotó de todos los medios necesarios empezó a funcionar muy bien, y eso mismo se podría hacer con Justicia, así que solo es una cuestión de voluntad política”.

Sánchez de Diego también considera que se debería reforma el sistema por el que se regula el poder judicial, otorgándole más independencia y autogobierno. De esta manera, y siguiendo la propuesta del actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, todos los nombramientos se realizarían por los jueces y tribunales a los que afectase el nombramiento, lo que sería una elección democrática entre los propios miembros de la carrera judicial.

Otra propuesta sería que se realizara por sorteo, después de haber demostrado sus capacidades y méritos, pero de forma que no debieran su nombramiento a un partido político. “Por supuesto, habría que establecer unos mecanismos para exigir responsabilidades porque los jueces son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, pero también son responsables de su cumplimiento y deben serlo de sus obligaciones que sería respondiendo frente al Consejo General del Poder Judicial”, concluye para Revista Haz.