La transparencia de los fondos europeos: ¿qué es ‘Elisa’ y por qué es necesaria?

La transparencia de los fondos europeos: ¿qué es ‘Elisa’ y por qué es necesaria?

España está pendiente de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation, pero su gestión ha sido difícil de fiscalizar hasta ahora porque la información publicada por el Gobierno no permitía comprobar el impacto positivo de los proyectos financiados.

Los fondos Next Generation son el instrumento económico más ambicioso que acordó el Consejo Europeo para ayudar a los Estados miembros de la UE a recuperarse de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.

Para gestionar estos fondos se creó el Mecanismo de Recuperación y la Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros repartidos entre préstamos y transferencias no reembolsables, siendo el objetivo de esta financiación la transformación de la economías europeas para que sean más sostenibles y resilientes a las crisis, al mismo tiempo que se persigue un cambio del modelo económico basado en cuatro grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, y la igualdad de género.

Dado que los Next Generation son “medidas urgentes para la modernización de la Administración pública”, su gestión se ha caracterizado por otorgarse de manera rápida y ágil, lo que podía suponer un riesgo para su transparencia porque limitaría la acción de los mecanismos de control.

Recientemente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado una nueva herramienta basada en la inteligencia artificial para controlar y rastrear la inversión de los fondos europeos: ‘Elisa’. Este nuevo instrumento viene a completar -y superar- las otras medidas de control, que son la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano responsable de la auditoría de los fondos, y el sistema de comunicación basado en la publicación de informes sobre las convocatorias de financiación de proyectos a través de las distintas webs de los ministerios y las comunidades autónomas.

El exsecretario general, Manuel de la Rocha, cuando era responsable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, afirmó que iba a ser “extremadamente difícil malversar un solo euro de los fondos europeos” (vid. Entrevista en Revista Haz). Sin embargo, el caso Koldo, destapado recientemente por la prensa española, ha mostrado que el Govern balear utilizó la financiación europea para comprar mascarillas por un valor de 3,7 millones de euros supuestamente ocultando información en los informes dirigidos a la unidad de vigilancia de los fondos comunitarios.

Ahora, en el portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto a los informes actualizados de la ejecución, avance y situación de la economía española, se puede acceder a ‘Elisa’ para conocer las cifras de las convocatorias y su resolución, tanto de los fondos gestionados por la Administración General del Estado, como los otorgados por las Administraciones regionales y locales.

Para saber qué otras medidas serían encomiables, Revista Haz habla con el Observatori del Deute en la Globalització ODG, que inició la campaña OpenGeneration EU para demandar más transparencia y accesibilidad de los fondos Next Generation junto a otras organizaciones de la sociedad civil y profesionales interesados en la rendición de cuentas de la financiación europea y el plan ‘España Puede’.


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Transparencia a posteriori

¿Cómo se puede saber si el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se está ejecutando adecuadamente? Según Nicola Scherer, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de Open Generation EU, hasta hace unas semanas estábamos en un momento “de mucha ejecución y poca transparencia para la ciudadanía”, ya que la celeridad con que deben ejecutarse los fondos Next Generation conlleva un detrimento de los controles previos a otorgar el dinero.

En este sentido, cabe señalar que el Gobierno español debe rendir cuentas ante la Comisión Europea a través del Ministerio de Hacienda, pero esa información que llega a Europa no se ha puesto a disposición de la sociedad civil, impidiendo la fiscalización del dinero invertido en los proyectos más adecuados para conseguir el impacto positivo de transformar la economía española en una más ecológica, cohesionada territorial y socialmente, paritaria y digital.

Scherer señala que la información sobre los proyectos financiados por los fondos debe estar detallada, pero hasta ahora no estaba muy bien organizada y resultaba “extremadamente difícil incluso para las personas que nos dedicamos a la investigación” hacer un seguimiento de las ejecuciones.

En principio, la herramienta ‘Elisa’ viene a superar esta deficiencia de información ya que permite saber de una manera gráfica y sencilla quiénes son los beneficiarios, cuánto dinero cede cada ministerio o cuánto dinero se destina a cada área, que es una información básica para la ciudadanía antes desconocida, pues, como señala la experta consultada, no había una página web unificada y estructurada a la que se pudiera acceder para obtener dicha información de manera clara, accesible y comprensible.

Una mejora notable que aporta ‘Elisa’ es ofrecer la información de las comunidades autónomas de manera unificada, ya que durante los últimos cuatro años la única forma de conseguir estos datos era accediendo a los portales de cada gobierno autonómico, como Cantabria o la Región de Murcia, lo que supone un caleidoscopio de información muy compleja porque cada una ofrece su información de manera diferente.

En principio, la herramienta ‘Elisa’ viene a suplir la deficiencia de información sobre la gestión de los fondos europeos ya que permite saber quiénes son los beneficiarios, cuánto dinero cede cada ministerio o cuánto dinero se destina a cada área.

La transparencia tardía de Reperte y Elisa

La mayor parte de la financiación europea se canaliza a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, conocido como Perte, que se estableció mediante el Real Decreto-Ley 36/2020 para la ejecución de los fondos Next Generation EU.

Dentro de esta medida se contempla que tanto las empresas privadas como entidades públicas que quieran participar en un proyecto de este tipo, deben inscribirse en el Registro estatal de entidades interesadas, al que se conoce como Reperte, y que está gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado.

La finalidad de dicho registro es “garantizar la información pública de todas las entidades vinculadas al desarrollo de un Perte” y, en principio, cualquier ciudadano puede acceder a la información de este portal siguiendo las directrices de la Ley de transparencia y la de protección de datos personales.

No obstante, tanto el Registro de entidades como la nueva herramienta de seguimiento han llegado con bastante retraso.

En el caso de Reperte debía estar en marcha en marzo de 2021, pero no fue hasta un año más tarde -marzo de 2022- que se puso en funcionamiento. Además, según explica Scherer para saber qué empresas reciben el dinero y los proyectos que están siendo financiados debía examinarse cada uno de los proyectos estratégicos para conocer los detalle, y la información, una vez más, no estaba bien organizada ni resultaba fácilmente comprensible para cualquier persona.

En cuanto a los fondos Next Generation que son asignados por las comunidades autónomas, cada una de ellas establece sus propios criterios para otorgar su asignación dentro de los criterios generales que establece Europa, y para conocer la información a nivel regional se debe buscar en cada autonomía de manera individualizada para conseguir datos sobre los criterios y proyectos a los que se ha concedido financiación. La analista consultada afirma que la información que les llega “ya está procesada o solo hay números totales de empresas beneficiarias”, por lo que no tienen posibilidad de responder a preguntas concretas para rendir cuentas.

Aunque ahora esta información básica sobre la ejecución es más accesible gracias a la publicación de ‘Elisa’, cabe señalar que las fichas territoriales donde se detalla el impacto de las inversiones están en formato PDF para su descarga, por lo que la reutilización de los datos sería un aspecto por mejorar de la nueva herramienta, de la que se advierte que todavía está en desarrollo.

“No se trata solo de comprobar si se malgasta el dinero, también se debe saber si se está gastando bien, y para evaluar eso necesitamos unos criterios cualitativos de las inversiones”, Nicola Scherer, investigadora del ODG.

Otra cuestión pendiente: más participación ciudadana

El Real Decreto-Ley 36/2020 sobre el Plan de Recuperación también estableció una serie de medidas para la gobernanza de los fondos, como la mesa de diálogo social, que se había formulado como un espacio de participación con la sociedad civil. La última reunión del Gobierno con los agentes sociales en esta mesa fue en enero de 2022.

Según explica Scherer, no hay mucho diálogo ya que la información se da unilateralmente por parte de los ministerios y consideran que falta voluntad política para que la mesa se convierta en un espacio real de participación con verdadera representación social. Además, esta participación se ha reducido a la intervención de algunos sindicatos mayoritarios, las patronales de las empresas y algunos representantes de la sociedad civil, y tampoco se sabe muy bien cómo se accede a dicho espacio.

Por otra parte, se ha detectado una falta de transparencia con respecto a la gestión de los fondos Next Generation EU en otros países de la Unión como revela el informe No hay recuperación sin la ciudadanía, realizado por ocho organizaciones europeas de la red Citizen’s Observatory for Green Deal Financing, precisamente porque hay poca participación de la sociedad civil.

En este informe, Scherer señala que se “incide a la Comisión Europea para decirle que ‘vamos muy mal de transparencia’ en casi todos los países europeos, porque no hay mecanismos de participación ciudadana efectivos implementados en casi ningún país”.

Una de las propuestas que han lanzado desde la organización de Scherer es precisamente mejorar la participación como medida “imprescindible” para garantizar la transparencia de la gestión de los fondos, con el objetivo de establecer unos criterios ambientales y sociales que permitan comprobar que cada “euro invertido por los beneficiarios tenga un impacto transformador”, ya que el objetivo de los fondos no es solo crear una economía más resiliente, sino también que sea más verde y social: “No se trata solo de comprobar si se malgasta el dinero, también se debe saber si se está gastando bien, y para evaluar eso necesitamos unos criterios cualitativos de las inversiones”, concluye Scherer para Revista Haz.

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