Los riesgos para la transparencia en España: corrupción legal y politización de la Justicia

Según explicaba la propia organización en la presentación del IPC 2023, resulta fundamental recuperar “el buen funcionamiento de las instituciones”, señalando la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como emprender reformas institucionales para evitar el nivel de riesgos de corrupción en el sector público. En este sentido, cabe señalar que la reforma de la Ley de transparencia sigue pendiente, así como la creación de una autoridad independiente para proteger al denunciante de la corrupción o regular el registro de lobbies.

No obstante, lo que más preocupa a Transparencia Internacional España son dos puntos ciegos que no se tratan habitualmente como son la corrupción legal y la injerencia de los otros poderes del Estado –Ejecutivo y Legislativo- en las funciones del Poder Judicial.

Revista Haz ha hablado con David Martínez, director ejecutivo de Transparency International España, y con Francisco Javier López Carvajal, politólogo y analista político, para conocer qué medidas debería tomar España para evitar estos riesgos y volver a avanzar en la implementación de la transparencia.

Transparentar la huella normativa

La corrupción legal se entiende como la influencia que ciertos agentes sociales ejercen sobre los procesos de creación de normas y políticas públicas con el fin de que las nuevas medidas les favorezcan. Sobre este aspecto, López Carvajal afirma que en España la corrupción legal es un fenómeno que existe desde hace bastante tiempo y considera que el problema radica en que, aunque se trasponen las directivas europeas que regulan esta práctica, en la realidad no se están cumpliendo.

“La influencia de los grupos de presión se mantiene y no hablamos solo de los grandes lobbies empresariales; hay una excesiva permeabilidad entre grupos de presión y los legisladores en muchos ámbitos”, afirma el experto consultado.

Una de las medidas más necesarias sería transparentar en mayor medida la huella normativa y exigir la creación de “registros de lobbies” para permitir a la ciudadanía fiscalizar la presión que estos grupos de interés puedan ejercer sobre los poderes públicos.

“Solo haciendo más transparente el ejercicio de elaboración de las leyes (la huella normativa), junto a una regulación efectiva de los grupos de interés de todo tipo, podremos ejercer realmente una labor fiscalizadora que nos permita determinar cómo y por qué se legisla sobre un determinado tema y qué intereses se han tenido en cuenta”.

Por su parte, David Martínez coincide y afirma que en la actualidad no se sabe quién se reúne con quién, cómo se desarrollan esos encuentros y los controles se realizan después de que se elaboró la normativa, pero no están en el momento previo de la creación. “Quién decide la política pública o quién decide que hay una necesidad específica que precisa de esa política pública o de una nueva norma… esa parte escapa completamente a todo control”, afirma Martínez.

Sobre la falta de regulación de los grupos de interés, López Carvajal considera que se debe principalmente a dos razones: falta de voluntad real y resistencia al cambio. En este sentido, el analista político explica que las Administraciones públicas españolas son “mastodónticas” y cualquier cambio requiere de mucho tiempo y esfuerzo, como sucede con la implantación de la Ley de transparencia, y señala que “fue lenta y torpe por esas dos razones, incluso hoy sigue costando que se cumpla con esa Ley, así que en materia de lobbies, huella normativa, o influencia en la toma de decisiones queda aún mucho camino por recorrer para cumplir con unos estándares mínimos”.

Asimismo, Martínez coincide en que no hay voluntad política y por este motivo España sigue siendo de los pocos países europeos que no tiene una regulación de los grupos de interés a pesar de los informes de organismos como la Comisión Europea o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que reiteradamente recomiendan al Estado español que implemente estas medidas para reforzar la integridad pública.

La politización del Poder Judicial

Algunas normas propuestas por el Gobierno español se han considerado polémicas porque no contaban con la aprobación de los tribunales e interferían en la administración de justicia, como ha sido el caso de la Ley de garantía integral de la libertad sexual (la llamada ley del ‘solo sí es sí’) o la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Sobre esta cuestión, López Carvajal afirma que la politización del Poder Judicial es un tema de gran relevancia que puede tener consecuencias significativas para el funcionamiento del sistema democrático: “Si los jueces se ven influenciados por intereses políticos o partidistas, su capacidad para tomar decisiones imparciales se verá comprometida y, por lo tanto, hay riesgo real de una deslegitimación del sistema judicial”, asegura a Revista Haz.

Este riesgo puede conllevar a cuestionar la legitimidad del propio sistema y a un aumento de la desconfianza en la imparcialidad de los tribunales.

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Sobre este aspecto, Martínez explica que el sistema judicial es un área que preocupa “mucho” a las autoridades europeas, puesto que el último Eurobarómetro muestra que España se encuentra entre los últimos cinco puestos sobre independencia judicial debido a los retrasos de los nombramientos del Consejo General de Poder Judicial y el hecho de mantener un sistema de nombramientos que no garantiza su independencia frente al resto de poderes públicos, a pesar de las recomendaciones de Europa.

López Carvajal coincide en que los nombramientos basados en afinidades políticas pueden no garantizar la idoneidad y la competencia de los jueces y, además, los conflictos internos -debidos a la politización del Poder Judicial- y la falta de consenso pueden retrasar los procesos judiciales. “La politización es una puerta de entrada de la corrupción pues, si los jueces deben su posición a favores políticos, pueden estar más inclinados a tomar decisiones que beneficien a ciertos grupos o intereses”, afirma el politólogo.

En este sentido, Martínez explica que otros países como Italia o Francia cuentan en sus sistemas de justicia con una agencia nacional anticorrupción que procura tener su autonomía e independencia, mientras que en España solo hay una fiscalía especializada en perseguir los delitos por corrupción (Fiscalía Especial contra la Corrupción).

Además, el representante de Transparency International señala que faltan medidas para garantizar que esta Fiscalía anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno, realice sus pesquisas de manera independiente del Ejecutivo, y propone también modificar el estatuto de la Fiscalía General del Estado para garantizar la separación de los mandatos entre este órgano y el Gobierno”.

Medidas contra la corrupción legal y judicial

Con respecto a qué medidas urgentes deberían tomarse para cambiar la situación actual y evitar los riesgos señalados, Transparency Internacional y López Carvajal coinciden plenamente, empezando por los mecanismos de nombramientos en el sistema de justicia.

Según el analista político es necesario reforzar el Consejo General del Poder Judicial y adoptar un sistema que lo aleje de las injerencias de los partidos políticos, de manera que se garantice una forma de elección de los miembros basada en los méritos, la objetividad y la imparcialidad, y dando a jueces y fiscales el papel protagonista. “Quizá sea utópico, porque sabemos que la política lo impregna todo, pero lo que está claro es que el sistema actual es pernicioso y dañino para nuestra democracia”, afirma López Carvajal.

Por su parte, Martínez señala que las grandes asignaturas pendientes de España son la implementación efectiva la Ley del denunciante de la corrupción, ya que todavía no se ha creado la autoridad independiente de protección al denunciante; así como el “diseño normativo” que conforma la regulación de los lobbies, la ley de conflicto de interés y de incompatibilidades, la reforma de la Ley de secretos oficiales y la reforma de la Ley de transparencia.

De momento las consecuencias de estas prorrogativas son la sanción social, la percepción de la ciudadanía de que la corrupción sigue siendo un problema importante y el crecimiento de la desconfianza sobre la imparcialidad e independencia de las autoridades, como muestran los barómetros y los informes de las autoridades europeas.

Según Martínez, mientras España no realice estos cambios que “son básicos en cualquier democracia consolidada y Estado de derecho de Occidente, seguiremos estancados”.