Diez años de la Ley de Transparencia: ¿qué ha cambiado?

En 2014 se realizaron las primeras peticiones de información pública que fueron 608. En la actualidad son más de 66.500, y sumando, según datos del propio Portal. Como detalle curioso, cabe señalar que la mayoría de las solicitudes se realizan de manera electrónica y un 7% se han presentado en papel.

Algo más del 20% son inadmitidas, siendo las principales causas: dirigirlas al órgano que no posee la información; ser información con un régimen específico de acceso -como pueden ser los archivos-; ser información manifiestamente repetitiva o abusiva; información de interesados en un procedimiento administrativo en curso o que requiere de reelaboración para su divulgación.

Prácticamente todos los ministerios tienen solicitudes de acceso a la información, pero los más solicitados son los de Interior, Hacienda y Transporte, que acumulan más de 9.000, 8.000 y 5.000 solicitudes respectivamente desde que entró en vigor la transparencia pasiva.

Esther Arizmendi, primera presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dijo en varias ocasiones que España llegaba tarde a la transparencia, pero que en poco tiempo “habíamos adelantado mucho”.

Revista Haz habla con las organizaciones Access Info Europe y Fundación Civio, que destacan por su constante labor en la lucha por la transparencia, y con la Dirección General de Gobernanza Pública y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para conocer desde sus diferentes perspectivas qué es lo que ha cambiado en España durante esta década de transparencia.

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¿Cómo ha cambiado la sociedad española?

La implantación de la Ley 19/2013 supuso un cambio en muchos aspectos, aunque no en la misma medida y velocidad. De hecho, la Ley fue aprobada en diciembre de 2013, pero la transparencia y el derecho de acceso entraron en vigor un año más tarde para dar ese margen de tiempo a las Administraciones públicas que debían adaptar sus infraestructuras y recursos a las nuevas obligaciones.

Según Eloísa Paredes, subdirectora general de Transparencia y Atención al Ciudadano, y Silvia Sancho, subdirectora general de Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado, “el principal aprendizaje de estos diez años ha sido concebir el derecho de acceso a la información pública como un verdadero derecho ciudadano, un mecanismo cívico de rendición de cuentas, que contribuye a construir Administraciones públicas más abiertas y más democráticas”, ya que ha permitido a la sociedad española conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos.

Las dos subdirectoras responsables en materia de Transparencia en la Dirección General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública, destacan que “todo cambio normativo responde a una voluntad transformadora”.

Por su parte, Mar Cabrejas, vocal de Consejo General del Poder Judicial afirma que en España se ha adquirido conciencia de que, para poder someter a las instituciones a una adecuada rendición de cuentas “es imprescindible que las mismas pongan a disposición de los ciudadanos los datos que expliquen y fundamenten sus tomas de decisión y que permitan la elaboración de un conocimiento crítico”.

Desde Access Info Europe, Helen Darbishire considera que no solo ha crecido la demanda para la transparencia, sino también “la idea de que gobiernos más transparentes son posibles” y señala que “los españoles han entendido la importancia de la transparencia en una sociedad democrática”.

Por otra parte, la representante de Access Info afirma que el progreso de España en materia de transparencia en estos diez años resulta “alucinante” ya que ha pasado de “una falta de conocimiento del derecho de acceso a la información – incluso entre periodistas y la sociedad civil – a tener muchas personas dentro y fuera del Gobierno trabajando para hacer real la transparencia y el gobierno abierto”.

Fundación Civio es más crítica con la implantación de la transparencia en España y Javier de Vega, responsable de Comunicación, considera que una década después de la aprobación de la Ley, “no se ha dado prácticamente ningún avance importante”. En este sentido, afirma que las promesas de mejorar la norma, conocer la huella legislativa, regular los lobbies o publicar las agendas completas de los altos cargos siguen siendo “promesas”, y, mientras, “las Administraciones públicas han ido descubriendo nuevas formas de dilatar o esquivar el cumplimiento de sus obligaciones”.

Principales aspectos positivos

Según las entidades y organizaciones consultadas, los principales aspectos positivos de esta década de transparencia son:

• El despertar de la voluntad pública. Lo más destacado por las organizaciones consultadas es el cambio de actitud dentro de las Administraciones públicas españolas, aunque existen diferentes ritmos. Desde Civio señalan que ha sido muy positivo comprobar la voluntad y determinación de algunos empleados públicos para impulsar dentro de sus propias comunidades autónomas y ayuntamientos medidas de transparencia mucho más ambiciosas que las establecidas por la norma estatal. Cabrejas, del CGPJ, destaca la asunción por parte de las instituciones públicas de que las políticas de transparencia son la clave para recuperar y reforzar su legitimidad y confianza de la ciudadanía. Por su parte, Access Info señala la labor de muchos funcionarios dentro de los diferentes niveles de la Administración para construir una estructura pro transparencia y subraya la importancia de contar con líderes públicos como Clara Mapelli, la directora general de Gobernanza Pública, así como el trabajo en transparencia y gobierno abierto de entidades como la FEMP.

• Implicación de la sociedad civil. Otro aspecto positivo que ha cambiado en estos diez años ha sido la involucración de la sociedad para impulsar la transparencia. Darbishire recalca la participación a través del Foro OGP –Open Government Partnership-, y toda la colaboración entre sociedad civil, representantes de entidades públicas y otros actores fuera del Gobierno. Asimismo, resalta el trabajo del Consejo de Transparencia (CTBG) para promover y defender el derecho de acceso a la información y que, en la actualidad, “más gente entiende que la transparencia no solo es algo contra la corrupción, sino que permite la construcción de sociedades más participativas e inclusivas, con debates públicos basados en información más que desinformación y rumores”.

• Base legal para garantizar el acceso a la información pública. Aunque no ha sido reconocido como un derecho fundamental, según Civio el aspecto más positivo de la aprobación de la Ley de Transparencia es tener una normativa que permite solicitar información pública y, en caso de silencio o denegación, llegar a un procedimiento judicial contando con base legal para reclamar. En relación con este aspecto las representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública destacan como el aspecto más positivo la creación de un cauce accesible para la ciudadanía para solicitar información pública y la apertura del Portal de la Transparencia.

Los retos para la próxima década

Aunque el cambio de actitud de las instituciones públicas y la implicación de la ciudadanía española han supuesto un avance importante, se abre un nuevo periodo en el cuál las entidades y organizaciones consultadas depositan nuevas expectativas de mejora.

Desde la Dirección General de Gobernanza Pública indican que “esta nueva fase tiene que ser la del liderazgo y la ambición para conseguir que dentro de diez años hayamos potenciado la transparencia y reforzado el derecho de acceso a la información pública en el marco de una Administración más accesible e inclusiva para la ciudadanía”.

Un deseo compartido por las organizaciones pro transparencia que esperan que la transparencia sea un principio interiorizado en la ética pública y presente en las relaciones con la ciudadanía, como señala Civio.

Desde Access Info, Darbishire afirma que le gustaría que fuera un derecho fundamental anclado al artículo 20 de la Constitución, ya que este reconocimiento “ayudaría mucho” al ampliar las garantías para su cumplimiento. En este sentido, Civio afirma que los sucesivos gobiernos y administraciones deberían dejar “de recurrir o ignorar sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y las sentencias judiciales que les obligan a hacer pública una información”.

Sobre este aspecto, Cabrejas considera que las deficiencias de la aplicación de las políticas de transparencia se podrían acometer en una reforma de la Ley actual para “una deseada mejora que facilite un mayor avance” y, además, destaca la importancia de que las instituciones públicas avancen hacia políticas de transparencia material, no solo formal, yendo más allá de las propias exigencias de la Ley de manera que abracen la denominada “transparencia voluntaria”.

Las organizaciones e instituciones consultadas señalan algunas de las deficiencias en la implantación de la transparencia que se podrían mejorar:

• Obligaciones insuficientes. Según Civio, la regulación sigue arrastrando defectos desde 2013, dejando fuera información esencial sobre el personal eventual, las agendas de los altos cargos, las relaciones con grupos de interés, la publicidad institucional o el coste público de los medicamentos, entre otros. Además, los límites y causas de denegación los consideran vagos y poco justificados, como son “los intereses económicos y comerciales”.
• Respuestas lentas. Tanto Civio como Access Info coinciden en que el ejercicio del derecho de acceso tiene tiempos de respuesta muy largos, con procesos complejos y dificultades administrativas “que perpetúan trabas al ejercicio de este derecho”, según De Vega.
• Falta de control y consecuencias para el incumplimiento. Otro punto negativo es que quienes incumplen las obligaciones de transparencia no tienen sanción. Según Access Info: “todavía hay una resistencia de contestar y entregar información, y hay litigios contra las resoluciones del Consejo de Transparencia”.
• Mejorar la accesibilidad a la información. Desde la Dirección General de Gobernanza Pública señalan que es necesario simplificar el acceso a la información disponible en el Portal de la Transparencia y facilitar contenidos en formato comprensible de manera general y en particular para los colectivos afectados por la brecha digital: “Tenemos que adaptar los canales de acceso a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad, a los mayores y a los jóvenes, de forma que nadie quede atrás en el ejercicio de este derecho”. En el mismo sentido, Darbishire afirma que “tenemos un sistema con muchas leyes a diferentes niveles de la Administración pública” y esta complejidad desincentiva el ejercicio del derecho.

De manera unánime, esperan que estas deficiencias no necesiten una década para corregirse.