Los tres retos de la transparencia: un derecho más amplio, rapidez y reforzar su cumplimiento

Durante tres días, más de 400 participantes entre académicos, representantes de la sociedad civil, profesionales de la información y empleados públicos debatieron y pusieron en común sus acciones y experiencias para detectar cuáles son los retos que debe afrontar la transparencia en el próximo año, dentro de un contexto social dominado por las tecnologías de la información y el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones humanas. Unos retos que pueden resumirse en tres: un derecho más amplio, plazos más rápidos y reforzar las garantías para su cumplimiento

El director del Congreso, Manuel Sánchez de Diego, señaló durante la presentación del evento que “el CIT es un lugar de encuentro, cuyo éxito es reunir a aquellos que creen en una democracia más avanzada, gracias a la transparencia y la participación”. El Congreso ha estado marcado por el décimo aniversario de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y su posible reforma, que quedó suspendida por la convocatoria anticipada de elecciones generales y la formación de un nuevo Ejecutivo.

Cabe señalar que las principales demandas expuestas en las ediciones anteriores del CIT, como la consideración del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental o dotar de mayores competencias al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, siguen sin contar con el respaldo y compromiso de los líderes políticos en los niveles más altos de la Administración pública, por lo que se volvieron a reafirmar con vistas a que sean atendidas en un futuro próximo.

Un derecho fundamental para los ciudadanos

La idea más repetida y con más apoyos por parte de la comunidad pro transparencia durante el Congreso es que, aunque el derecho de acceso a la información pública no esté reconocido como un derecho fundamental, sí se considera una facultad primordial para que los ciudadanos estén bien informados y puedan participar de manera adecuada en los asuntos públicos.

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Sobre este aspecto destacó la sesión plenaria El papel de la justicia en defensa de la transparencia, donde participaron los principales representantes de la justicia española, como la vocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Mar Cabrejas; el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo Lucas; el magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa, y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, Rosario García Mahamut.

En esta sesión, la vocal del CGPJ quiso aportar la experiencia del órgano constitucional en el ejercicio de sus políticas de transparencia, que comenzaron a implementar en 2013, en un contexto que Cabrejas describió como “excepcional” debido a la crisis económica del momento y a la existencia de varios procedimientos judiciales por corrupción contra políticos de alto nivel, por lo que “debían dar la imagen más limpia posible para no contagiar a los jueces, que eran puntas de lanza en esa lucha”. Desde el punto de vista de CGPJ, lo que exigía la Ley de transparencia “era muy básico”, así que decidieron tomar la iniciativa y realizaron un convenio de colaboración con Transparencia Internacional España que renuevan cada dos años para mantenerse a la vanguardia.

Por su parte, César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional, afirmó que “la transparencia está directamente relacionada con el derecho a la buena administración”, lo que la convierte en un principio esencial para el ejercicio de otros derechos constitucionalmente reconocidos como fundamentales, como el derecho a la participación política, el derecho a la información o el derecho a la tutela efectiva, principalmente.

En la misma línea, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, defendió  que la naturaleza del derecho de acceso “es una manifestación del derecho a ser informado”, y aseveró que “un derecho que no es fundamental puede hacerse valer como tal al relacionarlo con uno que sí lo es”. Para cumplir con este propósito, Lucas destacó la necesidad de adoptar criterios que “refuercen el derecho de acceso a la información pública y que sirvan para cumplir con el objeto de la Ley”.

La transparencia mejora la democracia

En el CIT 2023, también participaron dos referentes de la lucha por la transparencia en la sociedad civil española: Ángela Bernardo, de Civio, y Elisa de la Nuez, de Fundación Hay Derecho.

Durante su intervención, Bernardo expuso la importancia de que el derecho de acceso sea interpretado de manera “amplia”, ya que solo así los datos permiten conocer la realidad y aportar información útil sobre temas relevantes para la ciudadanía. En este sentido, la representante de Civio destacó algunas de las “pequeñas victorias” de su organización, que han servido para mejorar y reforzar la transparencia gracias al respaldo que recibieron del Tribunal Supremo sobre casos como el algoritmo Bosco y las ayudas del bono social, o la identificación del personal eventual del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, Elisa de la Nuez, de Fundación Hay Derecho, destacó la investigación que recientemente han publicado, El Dedómetro, un estudio para saber cuál es el nivel de politización y “amiguismo” en la designación de puestos de dirección en entidades del sector público dentro del área metropolitana de Barcelona, y más reciente en la Comunidad de Madrid y de Valencia. Durante su exposición, De la Nuez señaló que “a veces la falta de transparencia no se debe a la maldad de los responsables de las instituciones públicas, sino a la ignorancia” sobre la ley y sus obligaciones.

Otra voz experta fue la del catedrático de la Universidad de Cádiz Severiano Fernández Ramos, quien afirmó que considera el derecho de acceso a la información pública como “un súper derecho porque tiene efecto multiplicador dentro del sistema democrático”, demostrando su apoyo a la opinión defendida por los representantes de la justicia española, que reconocieron el valor de la transparencia como un principio fundamental para ejercer otros derechos constitucionales.

Asimismo, el catedrático reconoció que “la democracia se quedaría coja” si no se garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de manera que estén “bien informados”, gracias a la capacidad de investigar y conocer aspectos tan relevantes como las malas prácticas en la gestión o el despilfarro público, o cuál es el tiempo de espera de los servicios sanitarios.

Corregir las debilidades de la Ley actual

Otros expertos destacados como el catedrático de la Universidad de Sevilla, Emilio Guichot, y el consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Meseguer, se mostraron partidarios de modificar la actual Ley de transparencia con el fin de “corregir las debilidades” que presenta en la actualidad, en lugar de aprobar una nueva norma.

Sobre este aspecto, Guichot afirmó que aprobar una nueva Ley de transparencia podría ser “arriesgado” porque crearía una nueva estructura y nuevos conceptos jurídicos que necesitarían volver a ser matizados y aclarados por la doctrina del Tribunal Supremo, lo que supondría desperdiciar la doctrina desarrollada durante la última década.

Por su parte, Meseguer suscribió esta postura y se mostró partidario de adecuar la Ley estatal a la perspectiva de las entidades locales, ya que algunas de sus actuaciones en materia de transparencia se encuentran limitadas y se enfrentan a determinados conflictos que no pueden ser resueltos mediante la aprobación de otras normas jurídicas como un real decreto o reglamento.

Asimismo, el técnico del Ayuntamiento de Madrid quiso reconocer la labor de los órganos de garantía de la transparencia y defendió la idea de articular instrumentos que permitan el acceso a la información pública de manera rápida, destacando la importancia de los plazos en el ejercicio de este derecho, puesto que considera necesario “adoptar criterios que garanticen la preferencia y sumariedad del derecho de acceso que, aunque no esté reconocido como un derecho fundamental, sí lo es de hecho para los ciudadanos”.