¿Están capacitados los cargos públicos para ocupar su puesto?

De este modo, el partido más votado conseguirá más representantes en el Congreso de los Diputados y estos serán los encargados de elegir mediante votación en el Parlamento al nuevo presidente del Gobierno.

A partir de ahí, el futuro presidente designará a los ministros que se convertirán en miembros del Gobierno y cada uno de ellos contará con un abanico de candidatos para designarlos como secretarios generales. Así es como se nombra a los cargos políticos dentro las instituciones que desarrollarán los planes de gobierno para los próximos cuatro años de legislatura.

En este punto, cabe preguntar cuáles son los criterios a tener en cuenta para elegir a las personas que van a desempeñar las funciones de administración y, sobre todo, de liderazgo dentro de las distintas entidades que conforman la Administración pública española.

En 2019, la fundación Hay Derecho realizó un exhaustivo estudio para analizar si los principales directivos de entidades públicas a nivel estatal y autoridades independientes presentaban criterios de idoneidad para desempeñar dichos puestos, basándose en la experiencia profesional, formación, experiencia de gestión y sus vinculaciones políticas.

Recientemente, en junio de 2023, Hay Derecho ha realizado un nuevo estudio, llamado El Dedómetro, para medir el nivel de politización y amiguismo que existe en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos. En esta nueva edición se analizan 43 entidades de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, por estar gobernadas por diferentes partidos, y se examinan a entidades públicas de diversa índole como empresas, consorcios o autoridades independientes, entre otras.

Revista Haz ha hablado con Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, para conocer los detalles del estudio que durante su presentación en la Agencia Valenciana Antifraude reveló que la mitad de los máximos responsables de empresas públicas en dicha comunidad suspendía en mérito y capacidad para dirigir las entidades.

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Donde hay amiguismo, no hay transparencia

La idea de llevar a cabo El Dedómetro nace de la preocupación por medir con datos objetivos hasta qué punto el nombramiento de los máximos directivos del sector público se basa “en los principios constitucionales de mérito y capacidad o si, por el contrario, responde a criterios políticos o/y de amiguismo”, explica Elisa de la Nuez que también es abogada del Estado en excedencia.

En la primera edición la investigación analizó una muestra representativa de 36 entidades a nivel estatal y posteriormente, se centró en la Administración local tomando como referente el área metropolitana de Barcelona. Por ese motivo, en 2023 Hay Derecho consideró conveniente ampliarlo a la Administración autonómica escogiendo para la muestra a las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

En total, se han analizado 43 entidades y solo seis han demostrado cumplir adecuadamente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Esto se traduce en que el 33% de las entidades no publica el currículum de sus máximos responsables -o lo hace de manera incompleta-, y el 47% no publica sus salarios.

Por otra parte, la mitad de los máximos responsables no están suficientemente cualificados profesionalmente para asumir sus cargos y, además, su puesto sufre una alta rotación que coincide con los cambios de Gobierno.

La explicación de estos resultados es que “no existe una cultura de transparencia en las entidades públicas”, según afirma De la Nuez, ya que “facilitar información relevante a los ciudadanos aún no se ve como una obligación legal para permitir la rendición de cuentas”.

Asimismo, la representante de Hay Derecho señala que la enorme disparidad en el cumplimiento de la legislación de transparencia llega a extremos como que tres de las entidades no tienen página web, y este hecho puede llevar a la conclusión de que “en el mejor de los casos, las Administraciones ven la transparencia como una carga burocrática incómoda, o en el peor, podría pensarse que quizá haya algo que ocultar”.

No es una percepción: los datos revelan opacidad

La investigación se ha desarrollado por un equipo de tres personas que ha invertido más de 200 horas de trabajo para analizar los datos públicos que las entidades deberían publicar, si cumplieran con las leyes de transparencia. No obstante, De la Nuez advierte que la realidad muestra que muchas no cumplen con estas obligaciones, lo que significa que el 77% de las entidades públicas de la Comunidad de Madrid no publican el currículo de sus máximos responsables, o que el 47% en la Comunidad Valenciana no publica el salario.

Esta opacidad ha obligado al equipo a enviar más de 40 solicitudes de acceso a la información a las entidades estudiadas, así como a acudir a fuentes alternativas, como la red social profesional LinkedIn, para poder recopilar “una información que debería ser fácilmente accesible para los ciudadanos”, afirma De la Nuez.

Por otra parte, en la fundación Hay Derecho han detectado un problema en la clasificación de las entidades del sector público, puesto que no existe un criterio unificado entre los inventarios existentes a nivel estatal y autonómico. Además, algunos de estos inventarios se presentan desactualizados, lo que ha obligado a descartar a dos de las 15 entidades seleccionadas para la Comunidad de Madrid, debido a que estaban en proceso de liquidación.

Estos problemas -tanto de desactualización, como de opacidad e inexactitud- han alargado la recogida de datos debido a los procesos de solicitud para obtener la información, que debía estar disponible de manera proactiva en las páginas web si las entidades fueran cumplidoras con la transparencia.

Esta dificultad para acceder a la información ha obligado a los investigadores a acudir a fuentes alternativas para conocer la trayectoria profesional de los cargos públicos y según la representante de Hay Derecho “ha resultado bastante decepcionante que una red social privada como LinkedIn contenga más información que la web de entidades públicas”.

Por otra parte, De la Nuez señala que mientras que las obligaciones legales afectan solo al máximo responsable actual de una entidad pública, llama la atención que no se publique la información acerca de los responsables anteriores o, al menos, se facilite cuando se pide a la entidad. “También es llamativo el desconocimiento de algunas entidades sobre la existencia de estas obligaciones legales”, apunta de la Nuez. “Esto en sí es una mala noticia”, afirma rotunda.

 Cambia el gobierno, cambian los dirigentes

Además del alto incumplimiento en materia de transparencia, el estudio muestra una alta rotación de los cargos, reflejando que los partidos políticos “no son capaces de encontrar candidatos profesionales de consenso capaces de gestionar entidades públicas en sectores tan esenciales como el transporte o la vivienda, y que puedan sobrevivir a los cambios políticos en base a una buena gestión profesional”, según señala De la Nuez. Este constante cambio impide que las personas elegidas desarrollen planes estratégicos a medio o largo plazo, necesarios para este tipo de organizaciones.

Asimismo, los datos revelan que el nivel de rotación coincide en el tiempo con los cambios de Gobierno autonómico y los cambios internos como las consejerías o, incluso, lo que consideran luchas de poder internas.

Estos resultados ponen en debate qué mecanismos que existen en la actualidad para penalizar a las entidades que incumplen con sus obligaciones de transparencia o de buenas prácticas, ya que las sanciones económicas podrían implicar que sean los contribuyentes quienes acaben pagando el incumplimiento.

Por este motivo, De la Nuez señala que el estudio de Hay Derecho también propone una medida diferente que sería responsabilizar al máximo directivo de la entidad de ese incumplimiento, de manera que en su plan estratégico se incluya la transparencia como una herramienta fundamental de su gestión.

“No estaría mal que las entidades empezaron por cumplier con la ley, pero además de eso, recomendamos como buena práctica que la información sobre la trayectoria profesional de sus máximos responsable se recoja en un CV normalizado”. Esta medida permitiría saber que quienes concurran en los procesos selectivos ofrecerán información exhaustiva sobre sus carreras profesionales, facilitando la transparencia y la rendición de cuentas.

De momento, las consecuencias por incumplimiento son escasas y ni siquiera tienen un excesivo coste reputacional, como indica De la Nuez. De hecho, se desconoce si las entidades cumplen o no, salvo que se realicen estudios de evaluación como El Dedómetro, por eso “es importante que esta situación se sepa y que se genere un debate público al respecto”, concluye para Revista Haz.