Publican un 'manual de integridad' para los cargos públicos

Según destaca la propia agencia en el preámbulo de la guía, esta se emite en un momento crucial para las políticas públicas, su gestión y control, y subraya que “el único camino posible para proteger los intereses generales es comprometerse con la integridad pública, entendida como la adhesión a valores éticos comunes, principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados”.

Según la AVAF, “una Administración pública o ente del sector público que mire hacia otro lado y no dé cumplimiento a las obligaciones vinculadas con la integridad pública estará abriendo las puertas a prácticas contrarias a los principios de buena administración, tales como: el abuso de la figura del enriquecimiento injusto como justificación para realizar encargos de prestaciones al margen de la legalidad; la gestión “por sobresalto”, esto es sin planificación de la actividad pública, o la falta de transparencia”, señala este organismo.

El manual analiza los aspectos esenciales que permitan a quiénes participen en los procesos de toma de decisión de las entidades públicas, sean del gobierno o de la oposición, dar un paso firme hacia la buena administración activando sus propios marcos de integridad. El documento se divide en ocho capítulos que incluyen desde el traspaso de poderes hasta el  nuevo mandato o ‘ejercicio íntegro del cargo’, siendo este último al que dedica más páginas.

En ellas se destaca, por ejemplo, la importancia de las declaración de incompatibilidad para la detección y gestión preventiva de posibles conflictos de interés, y cómo y cuándo se deben llevar a cabo. Además, aborda las retribuciones e indemnizaciones de miembros de las corporaciones locales o los obsequios y regalos.

En otro capítulo trata los riesgos contrarios a la integridad en la toma de decisiones, donde incluye las puertas giratorias, el enriquecimiento ilícito o las fugas de información y ciberataques. Entre los riesgos contrarios a la integridad por áreas de práctica, analiza la contratación del sector público, urbanismo y patrimonio y  subvenciones, entre otras.