Las empresas del IBEX 35 suspenden en transparencia sobre RSC

Desde que entrara en vigor la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad en 2018, la valoración global sobre la calidad de la información ha progresado, pasando de 26,88 puntos sobre 100 en el año 2017 a 41,80 en 2021. No obstante, la puntuación no llega al aprobado y tanto la calidad, la exhaustividad y la comparabilidad de la información reportada, se encuentra lejos de alcanzar la calidad pretendida por la norma, destaca el Observatorio.

Según este informe, que analiza a través de 657 indicadores la calidad de la información no financiera publicada por las empresas del selectivo español y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la ley, las cinco primeras empresas del ranking son: Iberdrola, Endesa, Acciona, REC, y Enagás. Sin embargo, la puntuación de la mejor, Iberdrola, apenas obtiene 57 puntos sobre 100.

En el otro extremo, los últimos cinco puestos son para Almirall, Solaria, IAG, Siemens Gamesa y ArcelorMittal, que son las compañías menos transparentes sobre RSC según este análisis.

Por áreas, las empresas del IBEX 35 aportan información más completa de clientes y consumidores (59,22), seguido de los aspectos laborales (56,51) y de medioambiente (44,64).

Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos (26,63) y lucha contra la corrupción (32,36). En el medio se encuentran las áreas de fiscalidad (36,57) y buen gobierno (36,36).

Según Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, “el avance en transparencia de la responsabilidad social es muy lento. Las conclusiones del estudio evidencian importantes carencias que plantean la necesidad de mejorar el marco regulatorio y la supervisión con relación a su cumplimiento”.

Vázquez añade que, “contar con una información no financiera comparable, fiable, material y relevante es uno de los fundamentos para conseguir los objetivos marcados por Europa y España que a través de distintas estrategias y planes persiguen virar nuestra economía hacía un modelo sostenible”. El coordinador del Observatorio de RSC apunta también que “las empresas deben prepararse para cumplir con las nuevas exigencias normativas como la propuesta de directiva de debida diligencia que responsabiliza a las empresas por los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente en las cadenas de suministro”.

Por otra parte, según el mismo informe, las 35 empresas del IBEX   informan sobre la realización de una evaluación anual al consejo de administración, sus comisiones y sus consejeros en 2021 aunque solo dos (Inditex y Acerinox) mencionan haber incluido aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), en la evaluación anual del consejo de administración, a pesar de que la directiva (UE) 2017/828 señala que el rendimiento de los administradores debe evaluarse usando criterios de rendimiento financiero y no financiero, incluidos, en su caso, factores medioambientales, sociales y de gestión.

Como aspecto positivo, el Observatorio destaca en su análisis que 33 empresas mencionan la implicación del consejo (directamente o a través de alguna de sus comisiones) en la evaluación y gestión de temas ambientales y sociales, y  28 empresas informan sobre la identificación de riesgos sociales y/o ambientales, principalmente de impactos relacionados con el cambio climático. No obstante, la perspectiva de doble materialidad (cómo impacto en el exterior y qué impacto tienen los riesgos en la compañía) sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas del selectivo español, según este estudio.

Relacionado con la remuneración de los consejeros, 28 empresas informan sobre objetivos sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) en sus sistemas de incentivos a través de la remuneración variable. Sin embargo, se señala que es anecdótica la presencia de consejeros con conocimientos y experiencia profesional en el ámbitos social y medioambiental, siendo tan solo diez consejeros del total de empresas analizadas.

El informe destaca además que se han producido mínimos avances en la debida diligencia en derechos humanos en las empresas del IBEX 35. La información que aportan las compañías sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos sigue siendo el área peor valorada del análisis. Pese a que se constatan las buenas intenciones de respeto de los derechos humanos, estas quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión, subraya el informe.

Mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 14 llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad.  La identificación de riesgos constituye el primer paso de un proceso de debida diligencia y será exigido por la futura directiva de debida diligencia en derechos humanos y empresa.

Desde el Observatorio  de Responsabilidad Social Corporativa se destaca que, para afrontar las próximas obligaciones que las empresas van a tener que acometer en materia de sostenibilidad, “es una mala noticia comprobar que las compañías del IBEX no abordan en su información estas cuestiones de manera suficiente. Si no se lleva a cabo esta identificación es imposible prevenir, mitigar o evitar los daños que se puedan producir”.

La lucha contra la corrupción

En otro orden de cosas, el informe señala que persiste la falta de transparencia sobre aspectos clave en la lucha contra la corrupción. En 2021, solo cinco empresas indican haber realizado una evaluación especifica de riesgos de corrupción, pero ninguna de las 35 compañías que integran el selectivo señala riesgos específicos de corrupción.

Solamente una empresa (Iberdrola) identifica, entre los países en los que tiene presencia, aquellos que presentan un mayor riesgo de corrupción. Las empresas que más presencia tienen en países de riesgo extremo y riesgo alto en corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional , no facilitan apenas información sobre cómo han afrontado estos riesgos en 2021. Estas empresas son Amadeus: 38 países; Siemens Gamesa: 32; Mapfre: 27; Fluidra: 25, e Inditex: 22.

En cuanto a las actividades de lobby, solo dos empresas disponen de una política específica y solo diez detallan la actividad de lobby realizada con relación a desarrollos regulatorios de políticas públicas vinculadas con su ámbito de actividad.

Por otra parte, la integración de los objetivos ambientales en las estrategias empresariales es fundamental para abordar la triple crisis planetaria a la que nos enfrentamos: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Las empresas deben ser totalmente transparentes en su desempeño no solo para concienciar sobre la protección y el cuidado del medioambiente, sino para desarrollar políticas efectivas para acometer los grandes retos globales, señala el Observatorio.

Sin embargo, el análisis evidencia que mientras la huella de carbono es un indicador reconocido y reportado por las empresas, la huella ecológica, la hídrica y el análisis del ciclo de vida, apenas están internalizadas o en su defecto no se informa de su implementación. Pese a que 34 de las 35 empresas del IBEX informan de la huella de carbono, sin embargo, no es posible realizar una comparativa entre empresas porque no existe uniformidad de criterios ni en los alcances a considerar ni en las fuentes a incluir, remarcan.

Por otro lado, 27 empresas presentan un compromiso en materia de economía circular, habiendo suscrito muchas de ellas el Pacto por la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, pero solo 15 presentan planes de economía circular con objetivos cuantificables que van más allá de la gestión y minimización de residuos. Apenas diez empresas informan del valor de la biodiversidad y de los impactos significativos directos e indirectos que sus actividades producen sobre ella, según el informe.

Por último, y en relación con la obligación de transparencia de la Ley 11/2018, los Estados de Información no Financiera de las empresas del IBEX 35, reproducen la heterogeneidad de fórmulas que tradicionalmente han arrastrado las memorias de RSC cuando eran reportes voluntarios, sin suponer un gran avance en términos de exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera ofrecida por los sujetos obligados. Lo anterior implica que la información no es homogénea entre empresas, por variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores dispares lo que impide la comparabilidad con relación a la gestión de impactos sociales y medioambientales que están realizando estas empresas, concluye el estudio.