El Estado Abierto se estanca a la espera de la reforma de la Ley de transparencia

Este encuentro permitió conocer las principales conclusiones del subgrupo de trabajo para la reforma de la Ley de transparencia y buen gobierno de la mano de la directora general de Gobernanza Pública, Clara Mapelli, junto con otros representantes como Severiano Fernández, catedrático de Derecho Administrativo; Gustavo Samayoa, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios, y Joaquín Meseguer, consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid, entre otras personalidades.

También participaron los representantes de los diferentes órganos constitucionales como el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados y el Senado, la Fiscalía General de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial, que tuvieron la oportunidad de explicar sus avances en materia de transparencia y derecho de acceso. La directora del CEPC, Yolanda Gómez, afirmó que “es muy importantes conocer la experiencia y los problemas de los órganos constitucionales en esta materia para seguir avanzando”.

Cabe señalar que el último informe de evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó que la mayoría de estos órganos -el 70%- presenta altos índices de cumplimiento, superando el 90% en 2022. Solo el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social cumplen con un 84% y un 80%, respectivamente, mientras que la Fiscalía General del Estado se queda en un 63%.

El CTBG también señala en su informe que solo la mitad de las instituciones ha aplicado más del 80% de sus recomendaciones. Estas son importantes para mejorar sus niveles de transparencia en relación con los índices establecidos por la actual Ley 19/2013. “Solo de esta manera es posible avanzar”, asegura el Consejo en sus conclusiones.

Cabe recordar que estas instituciones, los llamados órganos constitucionales, son fundamentales para la organización y el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, pero no son Administraciones públicas porque sus funciones y competencias son de naturaleza política, y no administrativa.

El derecho de acceso no será fundamental

Además de dar cuenta de la salud de los órganos constitucionales en materia de transparencia, el encuentro facilitó el diálogo de estas instituciones con los representantes del subgrupo de trabajo para la reforma de la Ley, de manera que ambas partes pudieron expresar qué aspectos de la modificación generan más dudas entre estos sujetos obligados de carácter especial.

Entre las conclusiones del subgrupo de trabajo, Mapelli destacó que la reforma no cambiará la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública. Esto significa que continuará siendo un derecho administrativo de los ciudadanos, y no un derecho fundamental, como algunas organizaciones protransparencia han venido exigiendo desde los primeros debates, cuando la ley solo era un anteproyecto.

En general, la mayoría de estos órganos se ha mostrado a favor de mantener esta naturaleza del derecho de acceso, ya que en palabras de Juan Carlos Duque, secretario general adjunto del Tribunal Constitucional, el derecho de acceso según viene configurado en la Constitución, “no puede considerarse como un derecho fundamental, como son el derecho a la información o la participación en asuntos públicos; aunque eso no quiere decir que no sea un derecho instrumental de estos derechos fundamentales”.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Las cinco claves de la administración abierta: ¿Está España preparada?
– España, hacia un modelo del Estado abierto impulsando la transparencia
– A la transparencia se le hace de noche

Regular el ‘lobby’ para abrir agendas

Otro punto destacado por algunos órganos constitucionales ha sido la necesaria regulación de los lobbies a nivel estatal para ampliar la información que publican, así como las agendas y los datos de contacto de los altos cargos de estas instituciones.

De momento, esta norma se encuentra aprobada como anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés desde noviembre de 2022, y ya ha superado el periodo de información pública, pero todavía no se ha debatido en el Congreso de los Diputados.

Esta nueva norma creará un Registro de Grupos de Interés, que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y dependerá de la secretaría de Estado de Función Pública. Aquellos lobbies que quieran relacionarse con la Administración y sus representantes deberán inscribirse en este registro público y seguir las directrices para desarrollar su actividad de manera transparente e íntegra.

En este sentido, algunos órganos constitucionales señalaron la necesidad de aprobar esta norma para adaptar su información pública a las nuevas obligaciones, como señaló la representante del Senado, Ana María Álvarez.

Por su parte, instituciones como el Congreso de los Diputados o el Consejo General del Poder Judicial afirmaron que ya hacen pública las agendas de sus altos cargos y facilitan todos los datos de contacto con los mismos, demostrando que la voluntad para ser transparentes no necesita de una norma que les obligue a publicar determinada información.

De hecho, José Asenjo Vallejo, director de la oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, afirmó “que la verdadera transparencia está en la información voluntaria” y que la información relativa a la actividad administrativa de estos órganos “no es suficiente para recuperar y mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.

El régimen sancionador

El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del derecho de acceso será castigado por la nueva regulación de transparencia, según explicó Mapelli. No obstante, este punto es uno de los que más dudas ha suscitado entre algunos órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, el Senado, el Consejo Económico y Social o la Fiscalía General del Estado, ya que existiría el problema de determinar quién tiene legitimidad y autoridad jurídica para imponer sanciones a estas instituciones o sus cargos.

De este modo, Alicia Pastor, directora del Área de Gerencia del Consejo Económico y Social, afirmó que les “preocupa” cómo se configurará finalmente este régimen sancionador, puesto que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no podría aplicar las penas directamente a los consejeros del CES hasta sus últimas consecuencias.

Igualmente, la representante del Senado señaló que la nueva normativa debería establecer claramente cómo deberán certificarse las infracciones en materia de publicidad activa, especialmente en referencia a la información que se publica de manera automatiza, y determinar en estos casos quiénes serían los responsables.

¿Hasta dónde pueden saber los ciudadanos?

Aunque todos los órganos constituciones se mostraron favorables en ampliar el número de sujetos obligados, sumando a las corporaciones vinculadas a otras entidades públicas, algunas instituciones expresaron ciertas dudas sobre la cantidad y el modo de publicar más información.

Sobre este aspecto, Miguel Ángel Gonzalo, representante del Congreso de los Diputados, señaló que esta institución ya publica más información de la que le obliga la Ley de transparencia, referida a su actividad administrativa. Sin embargo, considera que “puede ser discutible jurídicamente extender las obligaciones de fiscalización pública a las actividades políticas y constitucionales” de este órgano.

En esta misma línea, las representantes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social señalaron que las funciones consultoras de estos órganos se ven condicionadas por su carácter discreto y poco visible, que les obliga a guardar el debido secreto y sigilo en sus funciones políticas y constitucionales.

No obstante, Rodríguez señaló que “la discreción no está reñida con la transparencia, y hemos dado pasos significativos para avanzar”, como la puesta en marcha de una nueva página web y la apertura de perfiles en redes sociales para facilitar la comunicación del Consejo con los ciudadanos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social destacaron en sus intervenciones sus esfuerzos por abrir portales de transparencia y actualizar la información en sus respectivas webs, aunque señalaron que todavía no están al nivel que exige la actual ley.

El único órgano que no mostró preocupación ni dudas acerca de las futuras exigencias de la reforma de la transparencia fue el Consejo General del Poder Judicial, que afirmó que el balance sobre la publicación proactiva de su información pública “es muy satisfactorio”, y su duda es “si en estos nueve años de Ley de transparencia se han cumplido los objetivos de la ley, porque la confianza en las instituciones sigue en niveles bajos”.

Sobre este aspecto, Asenjo señaló que el último barómetro del CIS, publicado en febrero de 2023, reveló que los problemas políticos suponen el tercer problema que más preocupa a los españoles y concluyó que “publicar la información que obliga la ley no es una actitud muy transparente”.